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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) inició este martes el juzgamiento de un recurso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para anular o reducir la condena de más de 12 años de prisión que cumple por corrupción pasiva y lavado de dinero desde hace más de un año.
Poco después de las 14H00 locales (17H00 GMT), la quinta corte del STJ, un tribunal de tercera instancia, comenzó a juzgar una apelación para revertir la condena contra el exmandatario (2003-2010) en el marco de la operación Lava Jato, que destapó un gigantesco esquema de sobornos centrado en Petrobras.
La sesión, transmitida por el canal de YouTube del STJ, comenzó a pesar de que la defensa de Lula, en prisión desde el 7 de abril de 2018 en Curitiba (sur), solicitó la noche del lunes retrasar el juzgamiento, alegando que no fue notificado por el tribunal sobre el mismo.
El presidente del STJ, Joao Otavio Noronha, explicó que no se cometió ninguna irregularidad por tratarse de un proceso interno, en el cual la quinta corte revisará la decisión del juez Felix Fischer, relator del caso Lava Jato, de rechazar individualmente el recurso de Lula en noviembre pasado.
Además de Fischer, los magistrados Reynaldo Soares (presidente de la quinta corte), Jorge Mussi y Marcelo Navarro Ribeiro Dantas juzgarán la causa.
El quinto juez de la corte se declaró inhabilitado, por lo cual en caso de empate en la votación será llamado a zanjar un magistrado de otra corte del mismo tribunal.
El STJ puede decidir mantener la condena de 12 años y un mes de cárcel, liberar a Lula o reducir la pena, con posibilidades de que cumpla prisión domiciliaria.
Lula alega que fue condenado sin pruebas y denuncia una persecución judicial para impedir que el Partido de los Trabajadores (PT) volviera al poder en las elecciones de octubre pasado, en las que venció el ultraderechista Jair Bolsonaro. Lula era favorito en las encuestas hasta su inhabilitación.
Sus abogados piden su absolución, y últimamente presentaron la alternativa de que las acusaciones de lavado de dinero sean consideradas como crimen electoral, lo cual podría reducir su pena.
