El Juzgado de Garantía de Arica tomó la decisión de sobreseer a los defensores penales públicos que habían solicitado conocer las identidades de más de 50 testigos protegidos que participaron en la desarticulación de “Los Gallegos”, el brazo armado de la organización criminal internacional Tren de Aragua, que se había asentado en la región.
La resolución fue dictada a pesar de que el juez Héctor Barraza había ordenado previamente la entrega de los nombres de estos testigos, que incluían no solo a testigos, sino también a víctimas y agentes encubiertos de esta peligrosa banda delictual.
La situación llegó a tal punto que el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, instruyó la apertura de una investigación penal de oficio para esclarecer si se había cometido el delito de divulgación de información confidencial.
Sin embargo, los abogados defensores entregaron los nombres y apellidos de los testigos protegidos al día siguiente de que la Corte de Apelaciones de Arica revirtiera la decisión del juez Barraza.
Cabe destacar que la decisión de sobreseimiento de los defensores penales públicos no está firme ni ejecutoriada, lo que significa que podría ser revertida por la Corte de Apelaciones si alguna de las partes involucradas lo solicita.
El jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública de Arica y Parinacota, Cristian Martin, afirmó que esta decisión se basa en el estricto cumplimiento de resoluciones judiciales: “Se señala que se trata de una actuación apegada, absolutamente apegada a resoluciones judiciales. Por lo tanto, la misma no es susceptible de ninguna imputación del tipo penal. En atención a ello, se señala por parte del Tribunal de Garantía que los defensores penales públicos han actuado en estricto apego a lo resuelto por parte del Tribunal de Garantía y aquella circunstancia no es constitutiva de ningún tipo de ilícito, ni tampoco de ningún tipo de participación en algún delito respectivo”.
El juez Juan Araya, quien dictó el sobreseimiento de los defensores, explicó la razón detrás de su decisión: “La reserva de estos testigos no estuvo protegida antes del 23 de junio, solo cuando se presentó la acusación, o sea, si los defensores acuciosos tuvieron copia de la investigación legítimamente durante toda la investigación, pudieron haberlos sabido perfectamente con anterioridad, porque la reserva se decretó recién el 23 de junio cuando se presentó la acusación, y así lo señaló el fiscal regional al contestar el traslado el día de hoy”.
