El Gobierno prepara una arremetida legislativa para acelerar la reforma a los nombramientos en el poder judicial, luego del escándalo que sacude a la ministra de la Corte Suprema. Ángela Vivanco, tras revelarse conversaciones con el abogado y lobista, Luis Hermosilla, lo que le valió a la magistrada enfrentar un cuaderno de remoción abierto por el máximo tribunal.
En declaraciones a radio Bío Bío, el ministro de Justicia, Luis Cordero, planteó la necesidad de profundizar en un proyecto de ley que están preparando, el cual contiene al menos seis aristas para ser consideradas al momento de reformar el sistema en que nombra a los jueces, dependiente hoy del lobby para alcanzar las quinas y ternas que se envían al poder judicial y que pasan además por el senado, antes de ser aprobado por el Presidente.
“El régimen de gobierno judicial en Chile tiene que cambiar” y que no sólo hay que enfocarse en la Corte Suprema, afirmó el ministro.
“Estamos hablando de todo el sistema de nombramiento judicial. Es un sistema de nombramiento que requiere profunda reforma. Esto no se reduce sólo a la existencia de un órgano. Todas las iniciativas parten del mismo acuerdo: tiene que ser un órgano externo”, complementó.
Sobre la reforma para modernizar el nombramientos en el Poder Judicial, Cordero dijo que “existen alrededor de seis (proyectos) que el Ejecutivo está considerando para el proyecto de ley”.
“Esta es una reforma largamente demandada, pero que hasta ahora ninguna de las propuestas ha logrado adhesión. El Ejecutivo lo que está tratando de hacer es definir un proyecto que permita hacerse cargo de todas las críticas”, indicó la autoridad.
Pero, ¿en qué se discrepa? “En esos detalles que hacen toda la diferencia: quienes lo integrarán, de dónde provienen, qué perfiles tienen que tener. En esos son los aspectos que el Ejecutivo se está deteniendo”, dijo.
“Los sistemas de nombramiento no sólo suponen el acceso, sino también la promoción. Es decir, cómo pasa un juez de una posición a otra (…) el Ejecutivo quiere ser responsable con su propuesta, reconociendo todas las iniciativas”, cerró la autoridad de gobierno.
El secretario de Estado abordó la situación de la suprema -hoy suspendida- Ángela Vivanco. “Que esté involucrado un juez en una investigación penal, respecto del desarrollo de sus funciones, siempre es una mala noticia”.
A la vez, dijo que esa arista tiene tres dimensiones: la responsabilidad política que se evaluará en una acusación constitucional, la disciplinaria que será evaluada en la misma Corte Suprema y la penal que lleva el Ministerio Público.
