En un giro dramático de los acontecimientos diplomáticos, la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada de México en Quito el pasado viernes por la noche, con el objetivo de detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien se había refugiado en las instalaciones desde diciembre del año anterior. Esta acción se produjo horas después de que el Gobierno mexicano decidiera otorgarle asilo político.
El exvicepresidente ecuatoriano enfrenta un proceso judicial por corrupción, y la decisión de México de otorgarle asilo político provocó una reacción inmediata por parte del gobierno ecuatoriano. Ecuador calificó el asilo otorgado como “ilícito”, argumentando que fomentaba la evasión de la justicia y promovía la impunidad.
La tensión entre ambas naciones escaló aún más cuando Ecuador expulsó a la embajadora mexicana Raquel Serur el jueves anterior a la detención de Glas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció la acción como una “violación flagrante al derecho internacional y la soberanía de México”, anunciando la instrucción de su canciller para declarar la suspensión inmediata de relaciones diplomáticas con Ecuador.
Jorge Glas, quien ya había sido encarcelado previamente por cargos de corrupción, fue trasladado a una unidad de la Fiscalía en Quito después de su detención. Se enfrenta a una orden de prisión en el marco de una investigación por presunta apropiación o uso ilegal de bienes estatales.
Ecuador defendió su decisión argumentando un “abuso de inmunidades y privilegios” en la embajada mexicana en Quito. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia ecuatoriana emitió un comunicado señalando que “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político”, haciendo referencia a la condena previa de Glas y a la orden de captura en su contra.
