El nuevo seremi de Seguridad de Ñuble, Héctor Ponce, fue militar. También dirigente vecinal en una junta de vecinos de Chillán. Su padre fue carabinero y hoy tiene una hija en Carabineros y otra en la Policía de Investigaciones.
“Entiendo muy bien lo que la gente espera del Gobierno en materia de seguridad, por haber sido dirigente; pero también entiendo muy bien qué es lo que el Estado puede realmente hacer al respecto”, comenta.
Ponce asumió el cargo hace poco más de un mes, en medio de un escenario marcado por la presión política en torno a la seguridad pública y por las dudas respecto al impacto real de algunos de los principales programas implementados en los últimos años, entre ellos el Plan Calles Sin Violencia (PCSV).
El secretario ministerial llegó el pasado viernes desde Santiago, tras participar en reuniones relacionadas con presupuestos, continuidad de programas y eventuales rediseños de iniciativas impulsadas durante el Gobierno anterior. Sin embargo, admite que aún no existen balances regionales suficientemente detallados respecto al funcionamiento de algunas de estas estrategias en Ñuble.
“Aún no contamos con balances muy acotados respecto a lo que ha sido para la región o para la ciudad algunos programas como Calles Sin Violencia”, advierte.
La afirmación coincide con el debate abierto a nivel nacional luego de que un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) pusiera en duda la capacidad del Estado para medir el impacto real de programas como el propio PCSV, el Plan Contra el Crimen Organizado o Barrio Seguro.
Según el análisis, pese a la alta inversión pública comprometida, existen deficiencias estructurales en los sistemas de evaluación y seguimiento, principalmente por la falta de indicadores comunes entre policías, municipios y Fiscalía.
El reporte advierte que la implementación acelerada de algunos programas, motivada por el aumento de delitos violentos y la presión ciudadana, derivó en estrategias que hoy carecen de herramientas técnicas suficientes para determinar con claridad su efectividad.
En términos prácticos, el Estado no cuenta con parámetros concluyentes para establecer si eventuales disminuciones en ciertos delitos responden directamente a las intervenciones públicas o a factores externos, dificultando tanto la toma de decisiones como la asignación eficiente de recursos.
Pese a ello, desde el Gobierno ya se descartó retirar o desfinanciar iniciativas asociadas a seguridad pública. Según anticipó la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, los programas continuarán operando, aunque podrían enfrentar ajustes o reestructuraciones en su ejecución.
“Sí deberá haber algunas reestructuraciones”, adelanta el seremi.
El seremi del ramo, Héctor Ponce, admite que aún no existen balances detallados respecto a algunas estrategias en Ñuble.
La sensación en la calle
La discusión, sin embargo, no se limita al plano técnico. En los barrios, la evaluación de estos programas suele responder menos a indicadores estadísticos que a cambios concretos en la experiencia cotidiana de las personas.
Pedro Lagos, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chillán, reconoce no conocer los montos involucrados en la ejecución de estas políticas, pero sostiene que parte importante de las intervenciones sí han sido valoradas por la comunidad.
“Lo que se hizo, al menos, ha sido bien recibido por la gente. Obviamente es más seguro pasar por un parque limpio y bien iluminado que por uno oscuro y en mal estado, y eso es parte de lo que se hizo con el Calles Sin Violencia”, afirma.
Añade que los patrullajes y tiempos de respuesta policial también generan una percepción positiva, aunque advierte que la sensación de seguridad sigue siendo frágil y variable.
Para el dirigente, “los patrullajes se han vuelto más constantes o que Carabineros llega más rápido cuando uno los llama, pero esto es cíclico porque los delitos cambian de forma y de sector. No hay la suficiente cantidad de carabineros, entonces es complejo evaluar bien si los planes funcionan de acuerdo al presupuesto o no. Lo que sí está claro es que son necesarios y no queremos que desaparezcan”.
Los números de la Municipalidad
Donde sí existen cifras concretas asociadas a intervenciones realizadas bajo el alero del PCSV es en la Municipalidad de Chillán, uno de los principales actores en la ejecución territorial del programa junto a la Seremi de Seguridad, Carabineros y la PDI.
El alcalde Camilo Benavente detalla que parte importante de los recursos se destinó a la recuperación de espacios públicos identificados como focos de incivilidades y riesgo.
“Intervenimos sectores que concentraban incivilidades y factores de riesgo, como por ejemplo la inversión de $87.666.752 en O’Brien con Covadonga, donde sumamos iluminación peatonal, cámaras de televigilancia y nuevo mobiliario urbano para proteger a las villas Sarita Gajardo y Valenzuela Wicker”, explica.
La autoridad comunal también menciona la recuperación de sitios eriazos y microbasurales en sectores como La Castilla, donde se invirtieron $129.196.334 en la construcción de áreas verdes, juegos infantiles e iluminación.
“Creamos 1.797 metros cuadrados de áreas verdes, beneficiando directamente a más de mil habitantes”, detalla.
A ello se suman intervenciones en el entorno del Terminal María Teresa, donde se destinaron cerca de $67 millones para mejorar iluminación y condiciones urbanas en uno de los sectores con mayor circulación peatonal de la ciudad.
Aunque las autoridades locales exhiben obras concretas y mejoras urbanas visibles, el debate de fondo sigue abierto: cómo medir el impacto real de programas de seguridad pública cuyos efectos no siempre pueden traducirse de manera inmediata en estadísticas concluyentes.
En suma, se trata de una discusión especialmente compleja en momentos en que la presión ciudadana por mayor seguridad convive con la falta de herramientas técnicas capaces de determinar qué estrategias funcionan realmente y cuáles requieren ser reformuladas.
Por el momento, sólo se conoce la “percepción” de lo que han sido sus resultados.
La apuesta del Gobierno
Según afirma el seremi, el objetivo de la nueva institucionalidad no pasa únicamente por mantener programas heredados, sino por instalar una nueva estrategia basada en recuperar el control territorial del Estado.
Acude a una frase ya dicha reiteradas veces desde marzo pasado: “La nueva mirada la podemos resumir en una frase: que el Estado vuelva a tener el control”.
El diagnóstico, explica, no apunta únicamente al aumento de delitos violentos, sino también a la percepción de inseguridad y a la sensación de debilitamiento de las instituciones frente al crimen organizado y las incivilidades.
Sin embargo, admite que Ñuble presenta una realidad distinta a la de otras regiones del país ya que “como lo demuestran los índices, no tiene mayor delincuencia a diferencia de otras regiones. Lo que sí nos afecta es la percepción de la gente, que siente que puede ser víctima de un delito”.
Por ello, asegura que uno de los focos principales estará puesto en fortalecer la coordinación entre organismos públicos, policías y municipios, además de reforzar la presencia estatal en sectores rurales y periféricos.
“Estamos trabajando en generar confianza, coordinación y capacidades”, afirma.
Ponce insiste en que muchas estrategias de seguridad no son visibles para la ciudadanía precisamente porque requieren reserva operativa.
“En seguridad los planes no se comunican, se ejecutan”, sostiene, citando como ejemplo decomisos recientes de droga y contrabando realizados en otras regiones, cuyos efectos —concluye— también terminan impactando a Ñuble
Parte importante de la estrategia dependerá además de la futura implementación de la nueva figura de inspectores municipales, contemplada en la legislación recientemente promulgada.
Actualmente, muchas municipalidades terminan sobrepasadas frente a fenómenos asociados al comercio ilegal, ocupación de espacios públicos o delitos menores, generando desplazamientos constantes de estos focos de conflicto dentro de las ciudades.
Por lo demás, ya ha comprobado que a veces, el límite entre las obligaciones municipales, las de las policías y la de la propia Seremi, es confuso incluso para las mismas autoridades, quienes terminan exigiéndose entre sí el buscar poner fin a los conflictos.
Ante esto, “lo que yo busco es encabezar esas coordinaciones y que exista una cabeza visible en este trabajo. Y esa cabeza, soy yo, el seremi”, plantea.
Pero también reconoce limitaciones estructurales. Uno complejo es que en Chile, Carabineros cuenta hoy con cerca de 4 mil funcionarios menos que en 2019, mientras las necesidades operativas continúan aumentando.
Pese a esto, asegura que “yo no vengo a competir con la delincuencia. Vengo a combatirla”.
En ese contexto, sostiene que la prevención seguirá siendo uno de los ejes centrales del trabajo regional, especialmente en sectores rurales donde —a su juicio— la presencia estatal sigue siendo insuficiente.
“Siempre los recursos terminan concentrándose en lo urbano y eso desplaza el delito hacia la periferia. Lo que buscamos es no darle oportunidad al delincuente de cometer delitos, y eso se hace con prevención, presencia y trabajo coordinado”, concluye.
La voz del parlamento
En medio de una semana en la que se dijo (y se desdijo) que habría recortes en programas de Seguridad, algunos parlamentarios de Ñuble, manifestaron su preocupación.
El diputado Felipe Caamaño, advierte que “la pregunta de fondo debería ser no solo si se recorta o no, sino más bien la forma en que el Gobierno está evaluando los programas que actualmente se están ejecutando en nuestro país. Porque, si un programa no funciona, hay que corregirlo; pero si está dando resultados parciales, lo responsable es mejorarlo, no debilitarlo”.
Y mientras el parlamentario pide “no improvisar con la Seguridad”, su par, Sara Concha, no descarta que el camino sea el seguir evaluando caso a caso la efectividad de cada programa.
“Eso no significa debilitar el plan, sino fortalecerlo y asegurar que los recursos se utilicen de manera más eficiente y con mejores resultados. Hoy lo importante es seguir avanzando, corrigiendo lo que sea necesario, pero manteniendo firme el compromiso de enfrentar la delincuencia con medidas concretas y efectivas”.
Finalmente, la senadora Loreto Carvajal destacó que esta falta de claridad en los mensajes y señales que ha dado el Gobierno, van afectando la confianza y la certeza en temas de decisiones.
“Yo lo he dicho en toda circunstancia, no vamos a permitir que se disminuya un solo peso no solo en programas sociales, sino que tampoco en aquellos que generen certezas y seguridad en la población, sobre todo en las comunas rurales, en donde tenemos que avanzar mucho más en tecnología, más policías y -sobre todo- con mayor gestión en seguridad pública”.
