Solo uno de los siete parlamentarios de Ñuble es partidario de entregar parte del porcentaje a solidaridad

La comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado no sometió a votación el pasado miércoles el informe elaborado por la comisión técnica, que incluía aspectos clave del acuerdo sobre la reforma de pensiones.

Esto, a pesar que la misma instancia había asegurado que el documento sería despachado el 18 de diciembre.

El principal obstáculo para realizar la votación fue la filtración del informe antes de que los miembros de la comisión lo conocieran formalmente. Este hecho generó malestar, particularmente en el presidente de la instancia, el senador UDI Juan Antonio Coloma, quien expresó su descontento al inicio de la sesión.

Por su parte, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, lamentó que no se lograra revisar el informe completo, aunque subrayó que las conversaciones con la oposición seguían avanzando.

“La filtración de este informe afecta gravemente la confianza entre las partes. Entiendo que ni los senadores, tanto de oposición como de oficialismo, ni nosotros como ministros, somos responsables de esta situación. Quienes buscan impedir un acuerdo han causado un daño considerable, pero considero fundamental que los contenidos del informe sean evaluados”, señaló la ministra Jara.

La secretaria de Estado también destacó que el informe había sido enviado por correo a cada senador y sus asesores desde el día anterior. Agregó que durante la jornada se abordaron temas importantes, como la equidad de género y el seguro destinado a eliminar las diferencias en las expectativas de vida, elementos centrales del informe.

“El análisis del documento no se ha detenido. Hoy, por ejemplo, la discusión sobre las mujeres se basa en los mismos puntos tratados en el informe”, añadió.

La senadora independiente, Alejandra Sepúlveda, reconoció que la comisión “le falló al país” al no cumplir con los plazos establecidos. Por otro lado, el senador Coloma enfatizó que llegar a acuerdos en esta materia siempre ha sido un desafío complejo.

“Hemos acordado con el gobierno comenzar con las indicaciones en un plazo de 15 días para despachar el proyecto en enero. Espero que logremos un buen acuerdo. Hemos avanzado en puntos muy relevantes, pero éste es un tema que no se ha podido resolver en muchos años. Si alguien piensa que es fácil o sencillo, se equivoca”, afirmó.

Movilización ciudadana

En paralelo a la discusión parlamentaria, el Frente Amplio convocó a un despliegue en la calles el pasado jueves. La pauta enviada señalaba que “después de 22 meses de obstaculización por parte de la derecha, a la tramitación de la reforma de pensiones, el FA junto a organizaciones sociales, llaman a desplegarse en las calles para asegurar pensiones dignas, con una reforma que incluya un seguro social y termine con la discriminación hacia las mujeres”.

Consultada al respecto, la ministra Jara señaló que “es muy importante la opinión ciudadana en esto. De hecho, antes de 2015-2016, si no fuera por los movimientos sociales y políticos, este tema no nos habría tocado”.

Desde la oposición, en tanto, criticaron duramente este llamado.

El senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, dijo: “me preocupa que el gobierno valide esta idea de movilizaciones por fuera para presionar el trabajo de la comisión de Trabajo. Acá se tiene que tratar de lograr llegar a un acuerdo razonable para todos los chilenos, pero bajo los métodos democráticos, pero esta velada amenaza de movilizaciones no aporta a que se pueda conversar en el mejor tono posible”.

Por su parte, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, afirmó que “si usted saca una vela recién prendida al viento es probable que se apague”.

En respuesta, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, precisó que “en ningún momento hemos hecho un llamado a la violencia (…) nosotros estamos simplemente intentando con muy poquitos recursos contrarrestar una campaña millonaria que está haciendo la Asociación de AFP hace meses, en todos los medios de comunicación, donde ha sido muy difícil fiscalizar cuánta plata está gastando de lo que aporta cada AFP en publicidad en contra de la reforma y en una dirección”.

¿En qué consiste la propuesta?

El proyecto que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias.

Algunas de las normas ya aprobadas por la comisión son las siguientes:

– Limitación a las comisiones de intermediación de las AFP. Se trata de las comisiones indirectas que pagan las AFP a gestores locales e internacionales con cargo a los fondos de pensiones. Éstas quedan fijadas no en una ley, sino en el régimen de inversiones.

– Comité Técnico de Inversiones (CTI). Se está analizando su conformación e inhabilidades. Los temas en debate han sido el nivel de expertise y los conflictos de interés.

– El cambio del sistema multifondos a fondos generacionales. Esto se traduce en un plan de ahorro que se estructura sobre un ciclo de vida, lo que permitiría maximizar las pensiones, contando con al menos 10 fondos generacionales para la etapa activa, agrupados cada 5 años. La propuesta, considera escenarios con aumento de rentabilidad esperada de 1% y 0,5%, lo que significaría un impacto del 27,1% y 23,5% en hombres y de 12,5% y 11% en mujeres, respectivamente.

-Se mantiene la libertad del afiliado de escoger el tipo de inversión a la hora de tomar un ahorro voluntario.

-Se respaldó crear un sistema cobranza municipal centralizada, cuya administración será licitada. Están pendientes mayores detalles de aquello.

– Cambios al seguro de lagunas previsionales. Hoy si una persona accede al seguro de cesantía, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), éste paga la pensión. La propuesta establece una ampliación de la cobertura a quienes hagan uso del seguro de cesantía con cargo a sus cuentas individuales.

¿Qué está pendiente?

La distribución del 6% adicional de la cotización (el último acercamiento entre la oposición y el oficialismo logró que un 3% fuera a la cuenta individual, un 2% a un préstamo estatal y el 1% a la pensión de las mujeres), y la reorganización de la industria (licitación del stock de afiliados).

El polémico 0,5%

Como si la sola tramitación de la reforma previsional no fuera compleja, se han sumado polémicas al interior de la oposición respecto de los avances de las negociaciones.

La posibilidad de “ceder” un pequeño porcentaje del 6% de cotización adicional que contempla el proyecto de reforma previsional a reparto, generó una controversia descomunal entre la UDI y el Partido Republicano.

Esto, luego de las declaraciones de Guillermo Ramírez, presidente del gremialismo, quien afirmó que su partido respaldó “un pequeño reparto” del 0,5% de las cotizaciones en el marco de la reforma previsional promovida por el gobierno.

“En la Cámara de Diputados apoyamos un reparto limitado que busca igualar las pensiones entre hombres y mujeres. Consideramos que ése es un reparto justo”, señaló Ramírez durante una entrevista con Radio Agricultura.

No obstante, estas palabras generaron críticas desde el Partido Republicano -e incluso, desde Chile Vamos-, ya que previamente el timonel de la UDI había asegurado que no permitirían destinar ningún porcentaje al sistema de reparto.

Tal fue la reacción a los dichos de Ramírez, que éste salió a “moderar” su discurso.

“Usé la palabra reparto y debo reconocer que en este caso es imprecisa… ( ) La palabra más precisa es una compensación para las personas”, aludiendo a las mujeres.

“Debe compensarse a las mujeres”

A nivel local, el senador de la UDI, Gustavo Sanhueza, precisó que “con lo que nosotros hemos estado de acuerdo, y es un tema que me interesa como senador de la comisión Mujer y Equidad de Género, es buscar los mecanismos para una mayor equidad previsional entre hombres y mujeres, a través de elementos compensatorios durante la vida laboral y que puedan ser financiados con impuestos generales. Este aspecto está contemplado en la propuesta de la UDI desde un comienzo, así como también el término de la tabla de mortalidad como la conocemos en la actualidad”.

Agregó que respecto de las líneas más estructurales de la reforma de pensiones, “nosotros mantenemos dos grandes principios. Por un lado, que la cotización adicional debe ir a las cuentas de cada trabajador, y en segundo término, que la PGU debe crecer gradualmente vía impuestos generales, en la medida que Chile retome una senda dinámica de crecimiento”.

La senadora del PPD, Loreto Carvajal, es más taxativa. “La capitalización individual vía AFP perjudica a los mujeres por sus menores sueldos, su menor ahorro previsional y por las lagunas previsionales. Una política de protección social debe discriminarlas positivamente vía un seguro social pro mujer u otra fórmula, pero los diputados UDI rechazan esas modalidades”, manifestó.

La presidenta del Partido Social Cristiano y diputada por Ñuble, Sara Concha, planteó que “siempre hemos estado del lado de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que esforzadamente ahorran mes a mes para su pensión. Y eso significa que el 6% de la cotización adicional debe ir a sus cuentas individuales. Cualquier otra propuesta que le quite el 6% a los chilenos y chilenas, o no sea heredable para los cotizantes, la vamos a analizar en profundidad, o incluso, la vamos a rechazar. El ahorro es de las personas, y esto no debe ser regalado a las arcas estatales”.

Respecto de la propuesta que busca compensar especialmente a las mujeres, dijo que “es algo que debe ser estudiado y evaluado. Pero no creo que se deba sacar el 0,5% del 6% que está en discusión en la reforma de pensiones”.

Añadió que “entendiendo que la seguridad social es algo sumamente importante, sobre todo para nuestras personas mayores, nosotros como PSC reafirmamos nuestro compromiso en avanzar y colaborar en las mejores decisiones, que sin duda sean beneficiosas y cumplan el objetivo que es mejorar la pensiones, pero por supuesto, que eso necesita un análisis profundo y en el debate y desarrollo de la propuesta, definiremos nuestra postura, los objetivos se deben cumplir y no vamos a apoyar una propuesta que sea un maquillaje a la problemática que enfrentan cientos de adultos mayores en nuestro país”.

Desde RN, el diputado Frank Sauerbaum sostuvo que “nosotros siempre dijimos que a medida que el gobierno renunciara al proyecto inicial que tenía que era refundar el sistema previsional y establecer un sistema de reparto, nosotros íbamos a estar más cerca de un acuerdo. El gobierno ha ido flexibilizando su posición y entendiendo que nosotros no vamos a renunciar a la defensa de la propiedad de los fondos de pensión, y por lo tanto, está aceptando fórmulas distintas. Nosotros hemos propuesto ya hace mucho tiempo establecer una suerte de préstamo de los trabajadores más jóvenes a los jubilados actuales para poder mejorar las actuales pensiones y que el Estado cuando se jubile se los pueda devolver con una rentabilidad segura. También hemos llegado a una suerte de acuerdos en materia de reformas al sistema de AFP que disminuirá comisiones, aumentará la competencia, establecerá un seguro también de cuidados y también vamos a aumentar la pensión garantizada universal a 250 mil pesos. Si Dios quiere, a partir del mes de enero, los recursos están aprobados porque eso lo hicimos a través del acuerdo en materia tributaria que tomamos que disminuía la evasión, por lo tanto, recursos para subir la PGU a $250 mil existen y ya están comprometidos”.

Agregó que “Renovación Nacional va a aportar a llegar a un acuerdo. Nadie se puede negar a que se solucione el problema a largo plazo, pero también las actuales pensiones deben subir. Ahora yo tampoco quiero generar una expectativa muy amplia, porque los montos de aumento de pensión van a depender también de la cantidad de años que uno cotizó. Por lo tanto, si uno cotizó poco va a recibir poco aporte, y si cotizó muchos años va a recibir más y sin duda vamos a tener que proteger en particular a las mujeres, que tienen una cotización igual a los hombres en muchos casos pero que por los niveles de longevidad reciben menos pensión, porque se les calcula más años”.

En tanto, el diputado ind.-DC, Felipe Camaño, recalcó que cualquier acercamiento en materia de pensiones “depende 100% de la derecha”.

“Recordemos que fui el único diputado de Ñuble que votó a favor de la reforma de pensiones y me sigue pareciendo desconcertante que para la derecha sea más importante hacerle un gallito al gobierno y trabarle una de sus reformas clave, que subir las pensiones de la gente. No puede ser que después de 11 años la discusión siga siendo qué hacemos con el 6%, más aún cuando la propuesta inicial del gobierno era la misma del expresidente Piñera, y en ese momento estaba toda la derecha de acuerdo. No es posible que la reforma sea buena o mala dependiendo de quien la presente”, afirmó.

Según el diputado de la UDI, Cristóbal Martínez, “los senadores de Chile Vamos suscribieron un acuerdo con el Gobierno para despachar la reforma de pensiones a más tardar en enero del próximo año. Este es un acuerdo de forma, respecto de los plazos, pero no de forma ni de contenido. A nosotros nos interesa de sobremanera llegar a un acuerdo en esta materia, que permita mejorar las actuales y futuras pensiones de los adultos mayores. Y por eso esperamos una apertura del Gobierno en orden a destinar la cotización de los trabajadores a sus cuentas individuales y aumentar la PGU a $250.000”.

Finalmente, la diputada de la UDI, Marta Bravo, recordó que su bancada impulsó la separación del aumento de la PGU a $250 mil de la reforma de pensiones, para que los jubilados no tuvieran que seguir esperando.

“El gobierno y toda la clase política no pueden seguir abandonando a su propia suerte a los adultos mayores. Hoy tenemos bastante consenso en que las pensiones son absolutamente insuficientes en nuestro país, y por eso existe la PGU, para complementar las jubilaciones de las personas de tercera edad. Los adultos mayores no pueden seguir esperando y tenemos que ser capaces de ofrecerles una solución”, manifestó.