Este lunes, la Cámara Baja inició la tramitación de un proyecto de ley que presentó hace un tiempo atrás la diputada por la Región de Ñuble, Marta Bravo (UDI), y que busca eliminar las deudas por derecho de aseo que mantengan todos los adultos mayores y el 40% de las familias más vulnerables de Chile, como una manera de otorgarles una ayuda dada la grave crisis económica e inflacionaria por la que actualmente atraviesa el país.
Al respecto, la parlamentaria gremialista explicó que en el caso de los adultos mayores, la medida beneficiará a las mujeres mayores de 60 años y a los hombres sobre los 65, estableciendo que la acción para cobrar la deuda caducará a los tres años desde que la obligación se haya hecho exigible.
“La actual crisis económica que vivimos en nuestro país, y que perjudica en mayor grado a las familias más vulnerables y de clase media, nos obliga a adoptar distintas medidas que nos permita ayudar a quienes más lo necesitan. Hoy los chilenos requieren que el Estado les tienda una mano, sobre todo a los adultos mayores debido a lo bajo que son sus pensiones, por lo tanto necesitamos avanzar con este proyecto si es que queremos entregarles una solución real”, sostuvo la diputada Bravo, quien por lo mismo llamó al Gobierno a otorgarle máxima urgencia a la iniciativa legal.
En esa línea, la representante del Distrito 19 recordó que meses atrás también presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo pueda eximir del pago de derechos de aseo a los adultos mayores y al 40% más vulnerable de la población, mientras que en el Congreso continúa tramitándose -en comisión mixta- un beneficio que permite a los municipios condonar las deudas, multas e intereses, además de otorgar facilidades de pago a quienes hoy mantienen obligaciones pendientes.
“Creemos que es un acto de toda justicia que las personas de tercera edad y las de más escasos recursos de nuestro país no tengan que seguir pagando derechos de aseo por el resto de sus vidas. La mayoría de los adultos mayores pagaron sagradamente, y durante muchos años, las cuotas de sus dividendos, y no nos parece razonable que les sigan cobrando por otros conceptos, como por ejemplo ocurre con las contribuciones”, insistió Bravo, agregando que “hoy son cada vez más las personas que no pueden asumir estas obligaciones y que necesitan con urgencia de una ayuda”.
“La recesión económica del próximo año va a ser aún peor que la actual y el alza de precios seguirá impactando en mayor medida a las personas más vulnerables. Por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de abrirse a estos proyectos y a proponer otras alternativas económicas que nos permitan sortear la grave situación que viven muchas familias”, reiteró la diputada por Ñuble.
