En medio de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que presentó el Gobierno y que contempla más de 30 iniciativas para enfrentar la actual crisis de seguridad que afecta al país, el diputado por la Región de Ñuble, Cristóbal Martínez (UDI), solicitó incluir en dicho plan los denominados “delitos rurales”, entre ellos el que endurece las sanciones penales contra el abigeato.
Al respecto, si bien el parlamentario valoró el anuncio que la semana pasada realizó el Presidente José Antonio Kast, advirtió sobre la ausencia de algunas iniciativas destinadas específicamente a enfrentar los delitos que se cometen en las zonas rurales del país, los que no sólo tienen entre sus víctimas a los habitantes de esos sectores, sino también a muchos pequeños y medianos agricultores.
Uno de ellos -explicó el diputado Cristóbal Martínez- es el delito de abigeato, o también conocido como el robo o hurto de cabezas de ganado, que afecta especialmente a los pequeños crianceros y que suele registrar un aumento en algunas épocas del año, como las celebraciones de Fiestas Patrias.
En esa línea, el representante de Ñuble recordó que el proyecto -del cual es autor- fue aprobado en agosto de 2023 por la Cámara de Diputados, por lo que sólo resta su votación en el Senado para que pueda convertirse en ley, destacando que, además de establecer penas de cárcel para quienes sean responsables del robo o hurto de ganado, la iniciativa faculta al Ministerio Público y a las policías para utilizar una serie de técnicas especiales de investigación con el objetivo de perseguir este tipo de delitos, entre ellas la interceptación de llamadas telefónicas de quienes se organizan para cometerlos.
“Si queremos enfrentar de verdad al crimen organizado y la delincuencia, tenemos que hacerlo en todas sus formas y en cada lugar donde actúa. No podemos concentrarnos únicamente en los delitos que ocurren en Santiago o en las grandes ciudades, dejando en un segundo plano lo que viven a diario miles de familias en las zonas rurales de nuestro país. En los sectores más apartados la realidad es muchas veces más compleja, porque la respuesta policial puede tardar más debido a las distancias y porque un pequeño agricultor o criancero no siempre cuenta con los recursos necesarios como para instalar cámaras u otras medidas de seguridad que le permitan protegerse”, sostuvo el parlamentario, quien ayer se reunió con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, para formalizar su petición.
Por lo mismo, junto con el abigeato, Martínez también solicitó al Gobierno otorgar urgencia a una iniciativa que busca endurecer las penas contra quienes sustraigan productos, insumos o maquinaria agrícola, estableciendo una pena de presidio menor en su grado máximo -de tres a cinco años- para el robo de vehículos motorizados, fertilizantes y otros elementos que se utilizan en dicha actividad.
“Cuando a un pequeño agricultor le roban su maquinaria, sus herramientas, sus insumos o los animales que ha criado durante años, no estamos hablando sólo de una pérdida material, sino que muchas veces le están quitando una parte importante de su fuente laboral y del sustento de toda su familia. Por eso estos delitos tienen un impacto mucho más profundo en las zonas rurales y también terminan afectando a las economías familiares. Y si la ACOT busca combatir al crimen organizado en todo el país, es fundamental que también considere esta realidad y entregue mayores herramientas para perseguir a quienes se organizan para delinquir en nuestros campos”, reiteró el parlamentario.
