La implementación de la nueva educación pública vuelve a situarse entre dos objetivos que no siempre han resultado fáciles de conciliar: avanzar en el proceso de desmunicipalización y evitar que la calendarización termine generando dificultades administrativas o laborales que repercutan en las comunidades educativas.
Ese fue el equilibrio que buscó la Comisión de Educación del Senado al despachar a su par de Hacienda el proyecto que ajusta el calendario de la segunda etapa de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Tras revisar las indicaciones, la instancia terminó modificando la propuesta inicial del Ejecutivo y restituyendo los plazos originalmente establecidos para los traspasos.
Para el senador por Ñuble y presidente de la comisión, Gustavo Sanhueza (UDI), uno de los principales argumentos para volver al calendario original estuvo en la situación de los asistentes de la educación. Según explicó, el adelanto o modificación de los plazos generaba inquietud debido a que, con el traspaso de los sostenedores al respectivo SLEP, estos trabajadores acceden a los beneficios contemplados en su estatuto.
“El calendario lo volvemos a los plazos originales, porque esto generaba un perjuicio principalmente a los asistentes de la educación y ellos tenían mucha inquietud”, sostuvo el parlamentario, quien valoró la disposición del Ejecutivo a introducir cambios a la iniciativa.
Más flexibilidad ante problemas de implementación
El proyecto, sin embargo, no se limita a restituir el cronograma. También flexibiliza los requisitos para que los sostenedores puedan solicitar una postergación de su ingreso al nuevo sistema, recogiendo la experiencia acumulada durante una implementación que ha debido enfrentar diferencias entre territorios y problemas administrativos.
Asimismo, se incorpora una facultad para que el Presidente de la República pueda postergar hasta por un año el traspaso de un sostenedor en situaciones imprevistas. Sanhueza mencionó como ejemplos concursos que no prosperen para designar autoridades o procesos de instalación que no estén suficientemente preparados.
“Lo que nosotros queremos es que la parte administrativa no termine perjudicando finalmente a lo más importante, que son los estudiantes”, afirmó.
En Ñuble, el debate tiene una expresión concreta. La región fue diseñada originalmente con tres SLEP y ya cuenta con Punilla Cordillera, en funcionamiento desde 2024, y Valle Diguillín, que asumió en enero de este año. El pendiente es Costa Itata, llamado a completar la desmunicipalización regional.
Con la restitución del calendario, la referencia para ese último servicio se mantiene: su traspaso oficial está programado para el 1º de enero de 2029, aunque el nuevo proyecto introduce mecanismos que permitirían revisar ese hito si las condiciones de implementación lo justifican. Costa Itata administrará los establecimientos públicos de nueve comunas: Quirihue, Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Quillón, Ránquil, San Nicolás y Trehuaco. En el caso de San Nicolás, el municipio ha defendido la permanencia de la educación en sus manos, avalada por el buen desempeño de sus establecimientos a nivel nacional.
El proyecto deberá ahora ser analizado por la Comisión de Hacienda y posteriormente pasar a la Sala del Senado. Su discusión vuelve a poner el foco en una reforma cuyo desafío ya no es solo completar el mapa de los SLEP, sino asegurar que cada traspaso llegue con las condiciones mínimas para no trasladar los problemas de gestión de un sostenedor a otro.
