Tenso fue el debate en la Cámara de Diputadas y Diputados respecto del proyecto que eleva a rango legal las Reglas Sobre uso de la Fuerza (RUF), iniciativa que finalmente fue aprobada por los 144 diputados presentes y despachada al Senado, para iniciar su segundo trámite.
No obstante, el punto que dividió a la sala, fue la indicación que devolvía a los tribunales militares el conocimiento de todas las causas que afecten a los uniformados, la cual fue declarada inadmisible por 72 votos a favor, 71 en contra y una abstención.
En tanto, la indicación sobre evitar disparos de armamento no letal dirigidos al rostro se rechazó por un voto oficialista.
Durante la sesión en la Cámara intervinieron las diputadas por Ñuble Marta Bravo (UDI) y Sara Concha (PSC), quienes respaldaron la polémica medida.
“Reconozco que gracias al trabajo de la comisión de Constitución y Seguridad Ciudadana se logró corregir en parte la tibia propuesta del mensaje del Ejecutivo en que se abordan las reglas del uso de la fuerza desde el punto de vista eminentemente académico, pero totalmente desconectado de la realidad, resultando algunas de las disposiciones del proyecto sencillamente insólitas. Como también lo fueron varias indicaciones del Gobierno, una de ellas incluso propuso un uso diferenciado de la fuerza atendiendo cuestiones totalmente ideológicas, la que fue ampliamente rechazada por la ciudadanía. Es muy importante que el trabajo del congreso sea responsable, y por eso es que desde el Partido Social Cristiano votamos a favor de este proyecto de ley”, sostuvo Sara Concha.
Marta Bravo, en tanto, expresó: “debemos apoyar a nuestros policías. Cuando un funcionario policial o militar se limita a actuar ante una situación de peligro o violencia, no es por falta de preparación, sino que para evitar que luego sean procesados injustamente. Por eso es que es fundamental regular, por ley, el uso de la fuerza, para que el accionar de los efectivos de carabineros y las Fuerzas Armadas no se vea cuestionado por razones políticas o ideológicas. Y también es indispensable que cualquier procedimiento que deba ser investigado sea a través de la justicia militar, que es la más experimentada para tratar este tipo de asuntos. En memoria de los tres funcionarios de carabineros que fueron cobardemente asesinados la semana pasada, espero de corazón que este proyecto siga avanzando en el Senado”, planteó.
Reposición en el Senado
Precisamente, la iniciativa comenzará a ser discutida ahora por la Cámara Alta, y tanto el Partido Republicano como la UDI ya anunciaron que repondrán la indicación sobre la justicia militar.
“Frente a la grave emergencia que vive el país en materia de seguridad, existen argumentos jurídicos y constitucionales de fondo para traspasar estos casos a la justicia militar, que cuenta con un conocimiento más especializado de las normas que regulan el actuar de las fuerzas armadas y de orden. Además, se trata solo de tres casos: cuando se resguardan las fronteras en el norte, cuando estamos en un estado de excepción constitucional; y también, cuando se resguarda la infraestructura crítica. Recordemos que la justicia militar ha sido reformada con el tiempo, incluyendo su composición. En el largo plazo, es plausible la idea de que puedan existir tribunales especializados dentro de la justicia civil, tal como existen en materias de otra naturaleza, como el caso de los tribunales tributarios”, sostuvo el senador de la UDI por Ñuble, Gustavo Sanhueza.
Añadió que “así como el gobierno se niega a dar garantías para una justicia especializada, especialmente a Carabineros, esperamos que envíe un proyecto para crear tribunales a cargo de estas causas y, frente a la urgencia, proponga una solución alternativa que dé suficientes garantías jurídicas y políticas para el correcto actuar de las policías y las fuerzas armadas cuando sean requeridas en situaciones de extrema gravedad, como las que estamos enfrentando recurrentemente”, mencionó.
Una visión distinta tiene el vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), quien no está de acuerdo con darle estas atribuciones a la justicia militar.
A modo personal, dijo ser partidario de que “los delitos cometidos contra civiles los juzgue la justicia civil (…). Eso fue lo que postularon los gobiernos de la Concertación durante mucho tiempo. E incluso, una última reforma durante el gobierno del Presidente Piñera. Lo que hicieron los gobiernos democráticos fue progresivamente ir trasladando competencias de la justicia militar (…) al nuevo proceso penal”, aseveró.
Walker advirtió, además, que “si se presenta una indicación (sobre la justicia militar) en el Senado, primero va a haber un debate sobre la admisibilidad, sobre si tiene relación o no con las ideas matrices del proyecto”.
En tanto, ante la posibilidad de reponer esta iniciativa, en entrevista con Estado Nacional de TVN, el ministro de Segpres, Álvaro Elizalde, sostuvo que “la Cámara no rechazó la norma, la declaró inadmisible. Por tanto, una vez que se declarara inadmisible, sería, podríamos decir, poco riguroso que se insistiera la misma norma en la Cámara revisora (Senado)”.
Y añadió: “Lo que finalmente dijo la Cámara es que, por estar fuera de las vías matrices, esta indicación no podía ser parte del debate del proyecto de ley”.
