Las cifras entregadas por Carabineros de Ñuble en su Cuenta Pública 2025 muestran una institución que ha incrementado su despliegue operativo, pero también dejan espacio para una discusión pendiente: cómo garantizar que ese esfuerzo se traduzca en una presencia policial suficiente en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales.
Durante el año pasado se realizaron 501.607 procedimientos, un 8,1% más que en 2024, mientras los detenidos aumentaron 3,5%, hasta llegar a 9.403. A ello se suman 199 vehículos recuperados y 150 kilos de droga incautados. Son números que hablan de actividad y resultados, que permiten dimensionar la magnitud del trabajo que desarrolla Carabineros en la región.
Las estadísticas generales no siempre alcanzan a reflejar las particularidades de Ñuble. Una región extensa, con una importante población rural y comunas donde las distancias entre localidades pueden transformar una emergencia en una situación de difícil atención oportuna. Por eso, el llamado de los alcaldes a aumentar los recursos destinados a la seguridad rural no es baladí. Es la expresión de una realidad que se ha instalado y que requiere una respuesta acorde con sus características.
Los alcaldes de Portezuelo, Ñiquén y San Nicolás han planteado, con distintos énfasis, problemas similares: falta de patrullajes, insuficiencia de dotación, vehículos que no siempre son adecuados para los caminos rurales y dificultades en la toma de denuncias. Este último punto merece atención, porque denunciar no solo permite iniciar una investigación. También genera información indispensable para identificar patrones delictuales, distribuir recursos y orientar los patrullajes.
La propia jefatura de Zona ha sostenido que uno de los objetivos es “no perder el territorio”, fortaleciendo además el vínculo con juntas de vecinos y comunidades rurales para mejorar las denuncias y la entrega de información. Es una estrategia necesaria. Para que esa presencia territorial sea efectiva, debe existir también capacidad operativa para sostenerla.
En materia de recursos, hay avances: de los 51 vehículos anunciados para la región, 30 llegaron durante 2025 y se espera la incorporación de los 21 restantes. También existen proyectos para adquirir drones y para avanzar en infraestructura policial, como la subcomisaría de Coihueco y su eventual transformación en comisaría. Son iniciativas que deben concretarse y no quedar atrapadas en los tiempos administrativos.
La seguridad rural requiere, además, una mirada diferenciada desde el Estado. No es lo mismo patrullar una ciudad compacta que cubrir extensos territorios con localidades dispersas, caminos secundarios y viviendas alejadas entre sí. Delitos como el robo en lugares habitados, el abigeato y los robos de maquinaria o insumos agrícolas tienen características propias y exigen estrategias adecuadas.
El debate, por tanto, no debiera plantearse como una disputa entre municipios y Carabineros. La propia valoración que los alcaldes hacen de los funcionarios en terreno apunta precisamente en la dirección contraria. El problema es de capacidad institucional y de asignación de recursos públicos.
La Cuenta Pública permite reconocer el esfuerzo realizado, pero también debe servir para identificar las brechas que persisten. Y si varios alcaldes, desde distintas comunas, coinciden en advertir que falta presencia policial en el campo, esa señal no puede ser desestimada.
