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Ayer comenzó la discusión del Presupuesto de la Nación 2025 en la sala del Senado, luego que la Cámara lo despachara, siendo la partida de los gobiernos regionales, una de las últimas en aprobarse.
Un punto de preocupación fue que no se haya reducido el monto de asignación directa que tienen los gobernadores regionales, tema que seguramente resurgirá en la Cámara Alta.
Sin embargo, mientras algunos plantearon que es fundamental avanzar en la legislación que quita la posibilidad a los gobernadores de distribuir dineros; otros pidieron que estas autoridades puedan respaldar a los comités de ayuda temprana y de reconstrucción.
En las votaciones, la sala no aprobó la indicación del Ejecutivo referida a una glosa que abordaba modificaciones a los presupuestos de inversión regional de los gores. No obstante, sí logró el respaldo para especificar plazos y trámites en torno a propuestas de distribución presupuestaria. Otra enmienda impulsada por el Gobierno permite que las transferencias de capital del presupuesto de inversión de los Gores puedan financiar proyectos de municipalidades asociados al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).
Además, por efecto de una votación separada pedida por Felipe Donoso (UDI), se eliminó una norma que permitía, en 2025, que los Gores pudiesen efectuar transferencias a instituciones cuyos presupuestos se aprueben en esta ley. En tanto, otra indicación limitó a un 10% el gasto derivado por transferencias corrientes para cometidos al extranjero de los cores.
En la partida se verificó un reordenamiento de las glosas, a solicitud de la Asociación de Gobernadores y otros actores regionales. Además, se permitirá la firma de convenios de mandato, lo que posibilitará acelerar la ejecución de proyectos y mejorar la administración de los recursos.
Educación
En materias de orden general, el senador de la UDI por Ñuble, Gustavo Sanhueza, manifestó que “Chile enfrenta una encrucijada en dos de sus pilares más esenciales: educación y salud. A pesar de ser derechos fundamentales establecidos por la Constitución, la implementación efectiva de estos está obstaculizada por problemas estructurales, presupuestarios, y por supuesto, de gestión”.
En educación, según el legislador, “la reforma denominada Nueva Educación Pública, cuyo objetivo era permitir al Estado proveer de una educación pública gratuita, de calidad, laica y pluralista, ha demostrado ser insuficiente; y, por el contrario, ha aumentado las brechas entre la educación pública y la educación particular y particular subvencionada. Los principales problemas han sido la ejecución y la gobernanza. Los Servicios Locales de Educación (SLEP) han evidenciado deficiencias importantes en su diseño y gestión, desde diferencias salariales hasta falta de infraestructura adecuada, los problemas operativos han dejado en evidencia una mala planificación del traspaso de competencias desde los municipios, lo que día a día pone en riesgo la calidad educativa y continuidad del sistema. Insto al Ejecutivo a reorganizar la asignación de recursos para abordar ineficiencias en la implementación de los SLEP y garantizar infraestructura básica para todas las escuelas”.
La Cámara aprobó dejar sin recursos a 48 establecimientos SLEP, además de suspender el funcionamiento del Sistema de Admisión Escolar (SAE).
En ese sentido, sostuvo el diputado socialista, Nelson Venegas, “los SLEP quedarán privados de invertir en mejoramientos y mantención de infraestructuras. Ya no habrá dinero para los profesores, asistentes de la educación, para todo el sistema educacional”.
El parlamentario cree que la decisión fue impulsada por cuestiones políticas polarizadas.
“Eso da cuenta que existen posiciones políticas que se están polarizando, sin capacidad de lograr los acuerdos fundamentales y necesarios para darle solución a este tipo de problemas. Si hay algo con lo que no podemos jugar, es con la educación de los niños y niñas de nuestro país”, expresó.
Salud
En otro derecho fundamental como es la salud, Sanhueza sostuvo que “estamos ante un sistema al límite, rodeado de escándalos que enlodan la labor esencial que debe proveer el sistema público. Se deben tomar medidas concretas, como rediseñar los modelos de financiamiento educativo, especialmente en la educación superior, para que sean sostenibles y equitativos, y aumentar los recursos para salud, priorizando la descongestión de listas de espera, mejorar la gestión a todo nivel y fortaleciendo la atención primaria. Como senador de oposición no temeré en criticar cuando la gestión esté siendo deficiente, o de plano, decir que las reformas impulsadas por quienes hoy están en el gobierno no funcionan, lo anterior siempre con el espíritu de construir y contribuir en avanzar”.
Añadió que “no podemos seguir permitiendo que nuestros ciudadanos sufran las consecuencias de políticas fragmentadas. Es hora de actuar con decisión y visión a largo plazo”,.
Durante la discusión de la partida de Salud en la Cámara, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, precisó diversos puntos del presupuesto, recalcando que éste es complejo, “porque la población envejece, y tras la pandemia, existe un rezago en la atención de salud”.
Respecto de los hospitales, se refirió a la reactivación de la construcción de algunos, y a la reasignación de $590 mil millones al subtítulo 22, antes de finalizar 2024, para que puedan terminar su gasto.
La personera expuso un protocolo de salud 2025 que aborda temas de atención primaria, listas de espera, contratación de médicos; Ley Ricarte Soto y formación de especialistas.
A su vez, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que existen otros temas específicos de infraestructura, no contenidos en el protocolo, como la adquisición de terrenos para el Hospital Van Buren de Valparaíso y la inclusión de recursos que permitan al Hospital Clínico de la Universidad de Chile la plena aplicación de la ley que lo integró al sistema público de salud.
