En lo que va de 2025, Chillán ha logrado algo que en otros contextos sería motivo de satisfacción: reducir en un 10% los delitos de mayor connotación social. Sin embargo, esa buena noticia tiene un asterisco inquietante. Uno de los ilícitos más persistentes y menos visibles, el robo en lugar no habitado, no solo no ha disminuido, sino que ha crecido de forma alarmante: un 32,2% más a nivel comunal y un 76,7% dentro del cuadrante céntrico, donde se concentra gran parte del comercio.
Son cifras oficiales, provenientes de la plataforma STOP de Carabineros, y no hacen más que confirmar lo que propietarios de locales gastronómicos y pequeños empresarios vienen denunciando hace meses. “Esto ya no es una ola de robos, es una constante”, afirma con resignación y firmeza July Llevul, presidenta del gremio Gastronomía y Entretención (Gayen) de Chillán.
Aunque muchos han invertido en rejas, alarmas y cámaras, sus vitrinas siguen siendo vulneradas con una frecuencia que erosiona no solo el negocio, sino la moral y la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad.
Las rondas nocturnas de Seguridad Municipal, en coordinación con Carabineros, no son suficientes. Porque este no es solo un problema de vigilancia, es un síntoma estructural de una delincuencia que ha encontrado en estos delitos una fórmula rentable, de bajo riesgo penal y por lo mismo, con alta reincidencia.
Los robos en lugar no habitado, a diferencia de los asaltos o hurtos flagrantes, no suelen dejar víctimas directas, pero afectan profundamente a las comunidades. Erosiona el sentido de propiedad, castiga el emprendimiento y va sembrando la peligrosa idea de que no vale la pena continuar con el negocio.
Las policías han identificado una dinámica que combina el oportunismo con bandas locales organizadas que conocen el terreno y que no se ocultan tras redes sofisticadas de comercialización: venden lo sustraído en ferias informales o redes sociales, casi siempre en la misma ciudad. El eslabón de la receptación -el que compra a sabiendas- sigue siendo una zona gris que el sistema penal chileno aún no ha sabido enfrentar con eficacia.
Y aunque las detenciones existen (en cerca de un 30% de los casos denunciados), la respuesta judicial no logra disuadir. Si el delincuente es sorprendido en el acto, enfrenta cargos por robo frustrado, cuyas penas rara vez implican cárcel efectiva. Si es detenido minutos más tarde, la figura legal cambia a receptación. El resultado es el mismo: libertad casi garantizada.
Mientras tanto, en el Congreso, la iniciativa para endurecer las sanciones por este tipo de robo sigue empantanada. Se ha discutido elevar la pena mínima a 5 años y un día, como ocurrió con los robos a cajeros automáticos. Pero nada se ha concretado. Y esa omisión tiene costos.
Porque el delito, cualquiera sea su forma, cuando no encuentra resistencia, comienza a disolver lentamente el tejido social. Desgasta al comerciante, desalienta al vecino, desconecta a la comunidad y, lo más grave, instala la idea de que vivir con miedo es parte de la normalidad.
Chillán no puede permitirse esa resignación.
La seguridad, en su forma más básica, es el punto de partida de cualquier comunidad que aspire al bienestar.
