Más de cien servicios del ferrocarril entre Santiago y Chillán se han visto interrumpidos, postergados o retrasados, durante este año, debido a más de cuarenta episodios de robo de cables de cobre y vandalismo que han afectado la red eléctrica del tendido ferroviario.
Este delito, combatido sin mucho éxito por los órganos policiales y persecutores, también ha afectado a comunidades que han sufrido cortes de suministro eléctrico.
Se trata de una importante vulnerabilidad de la no muy extensa vía férrea de 400 kilómetros que une a Chillán con la capital, y que, a pesar de ser conocida por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) hace bastante tiempo, continúa sin una solución definitiva, mientras miles de pasajeros siguen perdiendo la confianza en el servicio.
De hecho, las ventajas de comodidad y seguridad que ofrece el tren han dejado de ser suficientemente atractivas para muchos viajeros, que hoy están optando por los buses interprovinciales y otros medios de transporte, a falta de una alternativa aérea directa.
Asimismo, para el sector turismo, la falta de certezas respecto al cumplimiento de los horarios de los servicios de trenes también se ha transformado en un problema, lo que se reflejará particularmente en la próxima temporada invernal, cuando miles de personas de Chile y el extranjero llegan a disfrutar de la nieve y el paisaje cordillerano.
Lamentablemente, el robo de cables de cobre parece ir en aumento, de la mano del alza del precio del metal rojo, pero principalmente, por las facilidades que existen para la venta del material robado, donde empresas formales e informales operan como reducidores en un mercado negro con escaso control, donde, tras un proceso de “blanqueo” del material robado, se incorpora a la oferta de cobre para Chile y el mundo. En ese sentido, no sorprende que existan ciertas similitudes con el modelo de negocio de los reducidores de madera robada.
Desde la estatal EFE han informado que están adoptando algunas medidas, como reforzar la seguridad con cámaras y sensores, así como también están incursionando en la vigilancia con drones y patrullajes en terreno. También destacan las denuncias ante el Ministerio Público y la participación en mesas de trabajo, que, según defienden, han permitido reducir el contrabando de cobre chipeado o trozos de cable.
A nivel local, las autoridades han comprendido la gravedad del problema y sus implicancias, por lo que también existen mesas de coordinación, por ejemplo, entre Carabineros, la Seremi de Energía y las empresas eléctricas.
Asimismo, el delegado presidencial intenta abordar el problema como articulador. Precisamente hoy sostendrá una reunión con EFE y los seremis de Seguridad, Energía y Transporte, para coordinar acciones.
Frente a los resultados insuficientes de las medidas implementadas y de las mesas de trabajo, todo parece indicar que la respuesta debe ir de la mano de una acción policial efectiva y una justicia que esté a la altura, pero fundamentalmente, a partir de un trabajo de investigación eficaz por parte del Ministerio Público. El paralelo con el robo de madera entrega algunas luces sobre el camino a seguir, como fortalecer el marco legal y castigar con rigurosidad un delito que está asociado a la operación de bandas de crimen organizado que siguen actuando con impunidad.
