Luego que el pasado 20 de agosto de 2024, cuando la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá dijo en radio La Discusión, que no había proyecto alguno (ni plata) respecto a una cárcel regional para Ñuble, parecía que se le puso la lápida a una eterna promesa de campaña presidencial que se sostenía sólo por la esperanza que tenían los chillanejos por ver que el recinto penal, ubicado a cuatro cuadras de la Plaza de Armas, fuera retirada del centro de una buena vez.
Y en la región, nadie volvió a hablar del tema.
No, hasta que el propio delegado presidencial de Ñuble, Rodrigo García dijo -de nuevo en radio La Discusión- que había una comisión constituida por representantes del Ministerio de Justicia, de Bienes Nacionales, de la propia Delegación, quienes acompañados por funcionarios del Ejército, volvieron a revisar el predio militar existente en Quilmo (al sur de Chillán), para evaluar si las condiciones geográficas permitían iniciar el mismo proyecto dado de baja por la exministra Tohá.
Y volvió así la promesa, aunque ahora hay diferencias significativas respecto a los intentos anteriores. Pero no todos están de acuerdo, tampoco.
Lo que se debe entender del nuevo panorama es lo siguiente:
Ya no existe la preocupación por contar con recursos para comprar un predio a algún particular, ya que el paño de 380 hectáreas que el Ejército ocupa en Quilmo, es de propiedad del Estado.
El principal obstáculo que encontraron los intentos anteriores, fue la oposición vecinal (alcaldes incluidos) de aquellos sectores señalados como posibles receptores de la cárcel. Ahora, la cárcel sale del radio urbano de Chillán para irse a un sector rural de la misma comuna.
El diseño -ya financiado por el segundo gobierno de Sebastián Piñera- para la cárcel regional habría que hacerlo de nuevo, ya que se propuso cuando la población penal de la región de Ñuble no superaba los 540 internos. Se planteó un edificio pensado en mil reos, lo que antes de la crisis migratoria y delincuencial, sonaba a futurista. Pero la realidad es que según datos de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en la región ya hay cerca de 1.300 reos, y de ellos sobre 800 en la cárcel de Chillán.
Finalmente, la ecuación se completa con una realidad más que incómoda: Al Ejército no le gusta para nada la idea de que les pongan un proyecto penitenciario justo en el único polígono con el que cuentan para realizar sus entrenamientos militares y prácticas de tiro.
De hecho, hubo una reunión entre el Alto Mando militar y la comandancia del regimiento local en la que se barajó, incluso, la posibilidad de retirar el regimiento de la región si se quedan sin lugar de entrenamiento, por una razón lógica: un ejército que no puede entrenar, prácticamente deja de ser un ejército profesional.
Nada de lo anterior es desconocido para el delegado presidencial.
Al contrario, cada uno de estos puntos los tiene contemplado plantear en una reunión que asoma clave para el futuro del proyecto carcelario regional, a realizarse esta semana.
“Son conversaciones formales. Esto ha sido una tarea de largo aliento en la región de Ñuble, y lo último que se hizo fue la visita de una delegación del Ministerio de Justicia al sector de Quilmo para ver si se cumplían las condiciones de una posible cárcel en ese lugar. Esta semana me reúno con el Ministerio de Defensa para revisar algunos puntos en específico, entre ellos el de la cárcel”, comentó el delegado Muñoz.
Respecto a las evaluaciones realizadas del predio, “también es algo de lo que espero interiorizarme en esta reunión, pero esa es una respuesta que le corresponde al Ministerio de Justicia”, añadió.
Pese a que LA DISCUSIÓN buscó respuestas e impresiones en la Secretaría Regional Ministerial de Justicia en Ñuble, en la seremía optaron por no referirse al tema.
Lo que sí está claro es que, a la fecha, no hay plan B.
Es decir, no hay conversaciones para ampliar la cárcel chillaneja, ni para buscar algún recinto de reclusión para menores de edad, ni nuevos centros de Estudio y Trabajo (CET).
Sólo queda “el traslado que se haría de reos de Ñuble a la cárcel que se está haciendo en el Maule. Si se trasladan 200 reos de Chillán, sería un número considerable y que permitiría normalizar en parte la situación en la cárcel que tenemos en la ciudad”, aseveró la autoridad.
Creciendo al 10% cada mes
Literalmente, desde inicios de este siglo no ha habido gobierno en el que casi al finalizar su período no haya levantado el tema carcelario. Por tal razón no se puede culpar a nadie por desestimar un nuevo anuncio.
En caso que esto no se concrete y haya que contentarse con el traslado de 200 reos al Maule, “sería un despiche temporal que permitiría en parte el normal funcionamiento por a lo menos unos meses o un año, entendiendo que en las actuales condiciones del penal local toda ayuda o medida que nos permita descomprimir el ambiente es bienvenida”, explica el suboficial Christian Montecinos, presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) Ñuble.
Hoy, sólo la cárcel de Chillán cuenta con un plantel de 815 internos, pese a estar diseñada para cerca de 370 personas.
“Teniendo en consideración que la población penal en Ñuble hoy supera los 1.300 privados de libertad y tenemos un delta que va en un aumento aproximado del 10% cada mes, no sería descabellado replantearse que la capacidad operativa de una nueva cárcel de alto estándar debiese estar diseñada, a lo menos, para 1.500 a 2.000 privados de libertad, considerando su capacidad de uso, proyección y también la recirculación de internos provenientes de otros penales del país con altos índices de hacinamiento”, añadió.
Es claro que en la Anfup ven con buenos ojos el proyecto, entre otros argumentos, porque estiman que generaría un plus disuasivo en materia de seguridad, porque permitiría un ahorro significativo en obras de mitigación , conectividad y también daría paso al desarrollo de oportunidades laborales para disminuir los índices de cesantía en la región.
Pero si el plan no se concreta, Montecinos sostiene que “sólo queda contener a la población penal con las herramientas disponibles y esperar en el tiempo a que se produzca un colapso y todos los efectos colaterales que eso implique”.
Lo cierto es que no existe, en la carpeta de nadie a la fecha, algo así como un plan B.
Rodrigo Baeza, seremi de Bienes Nacionales Ñuble, confirma que el predio en donde actualmente se encuentra la cárcel es de administración de esa cartera, sin embargo, “hasta el momento no hemos recibido alguna solicitud ni información que apunte a alguna ampliación o construcción de nueva infraestructura en ese lugar”.
Tampoco se sabe de intenciones de utilizar algún otro sitio o inmueble de propiedad de Bienes Nacionales para crear un anexo de presos preventivos o una cárcel de menores, unidad inexistente en la región.
¿Se podría cerrar el regimiento?
No hay nadie en el Ejército que lo diga de manera directa y sin eufemismos, pero lo cierto es que tanto en la Plana Mayor como en el Regimiento de Chillán, la idea de ceder el paño de Quilmo que las autoridades consideran óptima para edificar el penal regional, no les gusta en lo mas mínimo.
“Conversación seria entre las autoridades y el Ejército, respecto a la cárcel, no existe”, advierte el coronel Juan Alberto Farías, comandante del Regimiento de Chillán, quien aclara que “hasta el momento sólo ha habido sondeos desde el 2019 en adelante”.
La última revisión se realizó en el mes de octubre del 2024, llegando hasta Quilmo la seremi de Justicia, (entonces, Elizabeth Riquelme), el seremi de Bienes Nacionales y el director regional de Gendarmería (entonces el coronel (R), Rodrigo Palavecino.
El coronel, con agenda en mano, cita que ya, en la primera mitad del siglo XX, el regimiento chillanejo accedió a entregar sus dependencias frente a la plaza San Francisco, para instalar la actual cárcel, por lo que “siempre ha sido nuestro espíritu colaborar con los intereses de la ciudad”.
Pero tras relevar su condición de entidad obediente y no deliberante, destaca que esos terrenos que hoy tiene en la mira el Gobierno, “para nosotros son fundamentales. Nosotros hacemos nuestra vida administrativa, por así decirlo, en el Regimiento, pero nuestro espacio de entrenamiento es Quilmo, y no solo para nuestra unidad, también recibimos unidades de Concepción, de Talca, quienes entrenan en ese predio”.
Considerando que es el único polígono gratuito de disparo, también lo utiliza la PDI y Carabineros, quienes por lo demás, realizan en ese campo diversos entrenamientos especiales, asunto que también deberían ejecutar los futuros estudiantes de la Escuela de Formación de Carabineros que hoy se construye en Cato.
Por lo mismo, el coronel Farías admite que “para nosotros es tan drástico, que el no contar con esos terrenos nos obligaría a viajar tres horas y media en camión hasta El Culenar, en Talca, para poder entrenar; o a otro sector que queda a tres horas de Concepción, lo que sería un costo muy alto en lo oneroso, y a la larga esto significaría que el regimiento tendría que moverse de acá, a algún lugar más cercano a su campo de instrucción”.
Si se da el caso, Chillán se quedaría sin regimiento, aunque no sería la primera vez que suceda algo así en el país. A comienzos de este siglo, en especial en algunas comunas de La Araucanía, se le bajó la cortina a aquellos que a juicio del Gobierno y del Alto Mando militar, ya no tenía sentido seguir manteniendo, como por ejemplo, en Traiguén.
La explicación es simple: Un regimiento que no tiene un lugar para realizar sus instrucciones militares, sencillamente, pierde todo sentido. “Podría ser bastante grave”, insistió el coronel, quien reveló que esto fue lo que concluyó el Escalafón Superior del Ejército.
El “codiciado” Lote A
No todas esas 380 hectáreas de Quilmo son aptas para edificar, ya que hay grandes paños de predios irregulares y boscosos, además de quebradas.
Por tanto, durante estos años de ocupación, el regimiento ha ido edificando oficinas, bodegas, galpones, pozos, dormitorios, cocinas y otras dependencias equipadas -con recursos propios- dentro de un paño de aproximadamente 8 hectáreas en las que además, se concentran el polígono de disparo, las pistas para efectuar saltos desde aeronaves y varios kilómetros de cortafuego que se han ido creando para proteger el lugar de las constantes amenazas de incendio.
Ése es el llamado “Lote A”, precisamente el lugar que las autoridades regionales de Gobierno han evaluado como “óptimo” para edificar el plantel de reclusión regional.
“Por lo demás, es una zona en la que por más de 70 años se han hecho ejercicios militares, por lo que está comprobado que hay artefactos explosivos sin detonar, prueba de ello es que para los incendios forestales del 2023, se escuchaban las explosiones. Esa zona la tenemos demarcada, ahí no puede entrar nadie por la misma razón”, añade el coronel Farías.
Sin embargo, gran parte de las complicaciones se disiparían si se decide construir la cárcel en otro lote del recinto, o bien, que en subsidio se les financie otra área equipada para las instrucciones.
Pero el problema tampoco acabaría ahí del todo.
Para los uniformados, el practicar disparos y otras operaciones tácticas al lado de una infraestructura crítica como una cárcel, “afecta directamente la seguridad militar, completamente, y desde todo punto de vista. Y esto sería igual si se tratara de un hospital o un colegio, porque es un riesgo incluso para las personas que se encuentren en esos espacios. El peligro es que alguien sufra un accidente cuando nosotros estemos entrenando”, advierte.
En resumen, si es que se genera la coexistencia de ambas unidades, no podrían ser “vecinos de muro”, sino que debiese existir una considerable franja divisoria entre uno y otro que sirva de paño de seguridad.
Autoridades expectantes
Si bien son actores importantes en esta ecuación, la situación del seremi de Bienes Nacionales, como la del alcalde de la comuna, hasta el momento solo es el de esperar a lo que se resuelva en Santiago.
Rodrigo Baeza, destaca que “no puedo referirme más allá de lo que ya han señalado quienes tienen la vocería del tema. Pero en concreto, a nosotros no se nos ha confirmado nada de manera oficial ni formal, ni siquiera respecto al polígono que se podría ocupar”.
En tanto, el alcalde, Camilo Benavente, comentó que “sin nada definido por parte del Gobierno, ni siquiera la ubicación que podría llegar a tener la cárcel dentro de esas casi 400 hectáreas que tiene el regimiento en Quilmo, considero prematuro entregar una impresión al respecto”.
De todas formas, el jefe comunal ve poco probable alguna oposición vecinal ante el proyecto, puesto que “la cárcel ya está en Chillán. El problema es que no puede seguir en el centro, así que no veo razones para oponernos”.
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