La seguridad pública no puede seguir midiéndose exclusivamente por la cantidad de delitos que ocurren en las grandes ciudades. En regiones como Ñuble, donde una parte importante de la población vive en sectores rurales y localidades dispersas, la delincuencia tiene particularidades que requieren respuestas específicas, mayor presencia policial y una estrategia que considere las dificultades geográficas y de conectividad.
Lo que ocurre en Coihueco es una señal de alerta. La detención de seis integrantes de una banda vinculada a violentos robos por abordazos, tres de ellos menores de edad, dejó al descubierto una realidad preocupante: la expansión de organizaciones delictuales hacia comunas que históricamente no enfrentaban este nivel de violencia. A ello se suma la participación de jóvenes en delitos cada vez más graves y el uso de armas de fuego para intimidar y agredir a sus víctimas.
Una comuna extensa, con cerca de 30 mil habitantes y apenas 50 carabineros, enfrenta dificultades evidentes para mantener una cobertura territorial adecuada. Su planteamiento merece ser escuchado. No se trata solamente de aumentar las cifras de dotación, sino de evaluar cómo se distribuyen los recursos policiales y qué capacidad efectiva existe para responder a las emergencias en sectores alejados del centro urbano.
Es cierto que, como sostiene el delegado presidencial, la delincuencia responde a múltiples factores y no exclusivamente a la presencia policial. Sin embargo, la falta de cobertura es un hecho concreto que sigue sin respuesta. La prevención, la investigación y la persecución penal necesitan complementarse. En ese sentido, resulta difícil comprender que una propuesta municipal para facilitar una avanzada de la PDI no haya prosperado por falta de personal.
El problema tampoco se limita a Coihueco. El propio Gobierno ha reconocido preocupación por el aumento de delitos en comunas como Quillón. Ñuble necesita anticiparse a un fenómeno que amenaza con instalar nuevas dinámicas criminales en territorios donde la distancia entre localidades puede convertirse en una ventaja para quienes delinquen.
La ruralidad no puede ser sinónimo de desprotección. Se requiere reforzar las dotaciones, mejorar la coordinación entre policías y municipios, fortalecer la investigación y desarrollar programas de prevención que involucren a las comunidades, especialmente a niños y jóvenes expuestos a entornos delictuales.
Las autoridades recibieron advertencias y antecedentes concretos. Ahora corresponde traducirlos en decisiones, recursos y acciones verificables. La seguridad de los habitantes de Ñuble no puede depender de cuán cerca estén de una comisaría ni de cuánto demoren las instituciones en reaccionar. El Estado debe estar presente también en los sectores rurales, antes de que la violencia termine por convertirse en parte de su vida cotidiana.
