La reciente votación de la Cámara de Diputados (79 votos a favor, 19 en contra y 22 abstenciones) que aprobó la moción de presentar una solicitud formal al Gobierno para que erogue la Resolución Exenta N° 919, dictada en 2018 por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, marcó un hito político que Ñuble llevaba años esperando.
Ese decreto, prorrogado hasta 2027, permite a embarcaciones pesqueras provenientes del Biobío ingresar a la primera milla marina de la costa ñublensina. Una autorización excepcional que, lejos de beneficiar al territorio, se ha convertido en un símbolo de subordinación administrativa y de amenaza para la biodiversidad costera.
Negociaciones políticas en 2017, para conseguir los votos de diputados del Biobío al proyecto que creó la región de Ñuble, motivaron esta resolución que nació como una medida transitoria, pero su renovación automática ha consolidado una asimetría inaceptable, que convierte a Ñuble en la única región de Chile que debe compartir su primera milla con flotas externas.
No se trata de un detalle técnico; hablamos de un acceso privilegiado a sardina y anchoveta, recursos estratégicos para la cadena alimentaria marina y sustento de pescadores artesanales locales. A ello se suma el impacto en el Santuario de la Naturaleza Islote Lobería e Iglesia de Piedra, donde existen registros de naves hostigando a lobos marinos y alterando un ecosistema que debería estar protegido.
La comunidad lo percibe con claridad. Vecinos y organizaciones denuncian que las operaciones se realizan muchas veces de noche, y que en la práctica escapan al control de la autoridad. Reclaman, con razón, que el monitoreo remoto no reemplaza la presencia real de la Armada en la costa de Ñuble.
Lo que está en juego es el derecho de Ñuble a ejercer soberanía plena sobre su borde costero. No se trata de cerrar el mar a la actividad económica, sino de gestionarlo con criterios de sustentabilidad, priorizando a la pesca artesanal local y resguardando un patrimonio marino que es riqueza y futuro para Cobquecura, Rinconada o Buchupureo.
El alcalde de Cobquecura, Jorge Romero, lo resumió con franqueza: la resolución es más un tema político que técnico. Y es cierto. Si la protección del mar se rigiera estrictamente por criterios científicos, el país avanzaría hacia zonas marinas protegidas amplias, como la que la Seremi de Medio Ambiente ya proyecta para más de 2 mil hectáreas en la costa de Ñuble. En cambio, lo que tenemos es un marco normativo diseñado para favorecer intereses pesqueros ajenos a la región, mientras la comunidad local lucha por visibilizar sus problemas.
Ñuble merece un trato distinto. Merece una Capitanía de Puerto en su costa, oficinas de Sernapesca en Itata y estudios científicos que evalúen con rigor los efectos de la flota cerquera en el lecho marino. Merece también un Estado que escuche más a las comunidades costeras que al lobby de grandes empresas.
La votación de la Cámara no resuelve el problema, pero sí abre una puerta. Ahora corresponde al Gobierno y a la Subsecretaría de Pesca demostrar que la descentralización no es solo un discurso. Revocar la Resolución 919 sería un acto de justicia territorial y una señal de respeto hacia una región que, a siete años de su creación, sigue reclamando autonomía frente al Biobío.
