El Gobierno decidió bajar el ritmo de tramitación de la controvertida reforma de Seguridad, que desde septiembre pasará a discutirse con urgencia simple.
El giro busca abrir un espacio de negociación frente a las críticas transversales que recibió el proyecto, especialmente por las atribuciones extraordinarias que contempla y por la creación de un nuevo estado de excepción.
El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, justificó la decisión como una forma de darle viabilidad política a la iniciativa. “Siempre es bueno como Poder Ejecutivo tener la apertura a ir graduando las urgencias en función del objetivo final”, afirmó, planteando como propósito “buscar un acuerdo, buscar un consenso y sacar la iniciativa adelante”.
La señal implica, en los hechos, reconocer que la propuesta ingresó al Congreso con un déficit de conversación política. Aunque la Moneda mantiene su defensa de los instrumentos más controvertidos, el cambio de urgencia abre la puerta a modificar aspectos relevantes del texto.
Alvarado descartó, eso sí, que el Ejecutivo esté dispuesto a abandonar la creación de un nuevo estado de excepción. “No tiene mucha lógica, no tiene sentido”, sostuvo, argumentando que la reforma responde a “la realidad del crimen organizado en nuestro país, del ocupamiento de territorios, de la pérdida de libertad de las familias”.
En Ñuble, la decisión encontró una recepción mayoritariamente favorable, aunque desde posiciones políticas muy diferentes. Los siete parlamentarios consultados coincidieron en que la seguridad debe seguir siendo una prioridad, pero difieren en cuánto debe avanzar el Gobierno en materia de atribuciones excepcionales.
Un margen para corregir antes de votar
El senador UDI, Gustavo Sanhueza, calificó la decisión como “una buena señal del gobierno”, precisamente porque, a su juicio, demuestra que en La Moneda “consideraron las advertencias provenientes desde el oficialismo y que están dispuestos a escuchar”. Su diagnóstico apunta directamente al origen del problema: “Faltó conversación y trabajo prelegislativo para el diseño de esta propuesta”. Sanhueza sostiene que la UDI respalda la agenda de seguridad, pero advierte que el texto requiere una revisión. “Si bien se debe castigar el crimen organizado con fuerza, no hay que descuidar el tema de la humanidad”, afirmó, junto con plantear que el estado de excepción debe ser “lo más acotado posible”.
En una línea similar, el diputado RN Carlos Chandía defendió la necesidad de avanzar, y destacó que se disponga de algunas semanas adicionales para construir una mayoría. “Esto debe hacerse con sentido de urgencia, pero también con amplitud para tener una base de apoyo importante”, sostuvo. A su juicio, “si hay que demorar algunas semanas más para lograrlo, bienvenido sea”.
Chandía marca, sin embargo, una frontera: su sector apoyará con convicción las medidas destinadas a perseguir y vigilar a los delincuentes, pero revisará aquellas que puedan afectar las libertades individuales. “Chile tiene una tradición constitucional con pisos mínimos que se deben asegurar”, enfatizó.
El diputado UDI Cristóbal Martínez también respaldó la idea de legislar. “Lo que los chilenos necesitan es recuperar la seguridad, enfrentar al crimen organizado y volver a vivir tranquilos”, señaló. Para el parlamentario, si una reforma constitucional resulta necesaria, “la vamos a apoyar con mucha fuerza”, aunque admitió que la discusión sobre su urgencia y los cambios al texto deberá darse en el Congreso.
Desde el Partido Cristiano, la diputada, Sara Concha, puso el foco precisamente en aquellos aspectos que han generado mayor controversia. Consideró que la decisión del Ejecutivo responde a “la necesidad de corregir y revisar algunas materias en las que todavía no existe consenso”. En particular, planteó revisar “la cantidad de días y la autorización del Congreso”, siempre bajo el principio del “respeto irrestricto a la Constitución y a los derechos de las personas”.
No entrar en un nuevo debate constitucional
La oposición, en tanto, interpreta la pausa legislativa como una oportunidad para reorientar la agenda hacia medidas de seguridad de rango legal.
La senadora PPD, Loreto Carvajal, recordó que el debate constitucional “entrampó al gobierno anterior durante más de un año” y advirtió que “en política un año es demasiado tiempo”. Por eso, valoró abrir espacios de diálogo, pero llamó a concentrar las energías “en una batería de proyectos de rango legal que sí harán la diferencia en materia de seguridad” y evitar un nuevo debate constitucional.
El diputado independiente-DC, Felipe Camaño, coincidió en que la seguridad debe ser el foco, pero destacó que el proyecto enfrenta dificultades objetivas para conseguir los votos necesarios. “Una reforma de esta magnitud necesita mayorías transversales, no solo los votos del oficialismo”, afirmó. Por eso valoró que se abra un espacio de discusión: “Bajar la urgencia para lograr eso es un paso en la dirección correcta”.
Más crítico fue el diputado PS Francisco Crisóstomo, quien cuestionó el enfoque completo de la propuesta. “Quisieron actuar bajo la misma lógica de la megarreforma, esta vez con un proyecto que lesiona la democracia y las libertades individuales”, sostuvo. A su juicio, el Gobierno debe abandonar el “efectismo” y concentrarse en herramientas que tengan resultados concretos contra el crimen organizado.
Planteó como ejemplo el levantamiento del secreto bancario, asegurando que se trata de una herramienta efectiva contra las estructuras criminales. “Lo que hemos sido testigos es de improvisación, efectismo y poca rigurosidad”, sentenció.
