Señor Director:
El crimen que le costó la vida a Alejandro, un niño de 12 años en San Bernardo, sin duda exige justicia y una respuesta firme del Estado. Pero reducir la edad de imputabilidad penal bajo los 14 años no resolverá la violencia; solo trasladará el fracaso institucional a niños y adolescentes ya vulnerados.
La participación de adolescentes en delitos graves no surge de la nada. Suele estar precedida por deserción escolar, violencia, exclusión y falta de redes protectoras. En ese vacío operan adultos y organizaciones criminales que los reclutan e instrumentalizan. Ahí debe concentrarse el rigor penal: perseguir y desarticular a quienes se aprovechan de ellos.
No podemos confundir seguridad con castigo tardío. El contacto temprano con el sistema penal estigmatiza y reduce las posibilidades de reinserción. La seguridad pública también se construye protegiendo a la niñez, con prevención territorial, permanencia escolar y presencia estatal efectiva en barrios.
Le debemos justicia a Alejandro, y también a las nuevas generaciones, porque merecen un trato social que impida que el crimen organizado sea la única red visible en sus comunidades.
Pablo Carrión
World Vision Chile
