El Ministerio de Desarrollo Social anunció un reordenamiento en el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), tras revelar que el 90% de su presupuesto se destina a sueldos y gastos administrativos, dejando solo un 10% de programas sociales.
Según explicó la ministra de la cartera, de un total 8.000 millones de pesos asignados, solo 800 millones impacta socialmente a los jóvenes como política pública, el resto se diluye en empleo.
“Solamente el 10% en programas y de ese 10% la población juvenil que es atendida es un 0,7%”, dijo la ministra María Jesús Wulf.
En el caso del Injuv, tendrá una rebaja que llegará al 47,7%, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y mejorar la eficiencia del organismo.
Este será uno de los reajuste más importantes de la cartera, a raíz de una solicitud del Ministerio de Hacienda.
La titular de Mideso indicó que la reducción presupuestaria se ejemplificará con varios ajustes, como despidos. “Es importante diseñar buenas políticas públicas y para eso tenemos que ajustar la institucionalidad a esas necesidades”, expresó.
Desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) de Ñuble reaccionaron a los anuncios y aseguraron que esta medida implicará la desvinculación masiva de trabajadores en la región.
“Hoy día los chicos del Injuv, que son nuestros colegas, quedan en menos de 30 días sin el sustento para sus familias. Hoy día no tienen cómo llevar el pan a sus casas en un mes más por un gobierno que se salta la legislación de nuestro país. Nosotros tenemos que tener súper claro que los servicios públicos se crean o se eliminan de acuerdo a nuestra Constitución por una ley que tiene que ser tratada democráticamente y discutida en el Congreso Nacional. Y hoy día eso no se está respetando”, advirtió la presidenta regional de la Anef, Cesia Contreras.
La dirigente defendió el presupuesto aprobado y la continuidad del servicio.
“Hacemos un llamado inmediato a las autoridades primero a reponer el presupuesto que ya estaba aprobado. Ellos tienen una glosa especial presupuestaria donde se señala que DIPRES, el servicio y los funcionarios tienen que sentarse a evaluar un rediseño del Injuv. No camuflemos con palabras bonitas lo que está ocurriendo hoy día. Se está proyectando el cierre de un servicio que llega a la comunidad, que atiende a los jóvenes de este país”, explicó.
La Anef espera que se impulse un rediseño de la institución en beneficio de los jóvenes de la región. “Estamos afectando a los más vulnerables. El llamado es que se reponga ese presupuesto de manera inmediata porque está financiado hasta fin de año. Que se respeten los acuerdos para que puedan generar este proceso de rediseño”, añadió.
En este contexto, llamó a los parlamentarios a intervenir y a solicitar que estos temas se sometan a la discusión del Congreso.
“Hoy se atenta con el despido ilegal y arbitrario del 70% de los funcionarios del Injuv en el plazo de un mes, situación que Anef rechaza categóricamente y que exige a los parlamentarios detener el actual procedimiento del gobierno que constituye una falta grave a los derechos laborales de los trabajadores fiscales y que lejos de robustecer la presencia del Estado en los territorios viene a recortar programas sociales a los sectores más vulnerables”, dijo.
“El llamado es a nuestros honorables parlamentarios, diputados y senadores a sentarse en sus puestos de trabajo y hacer la pega. Porque hoy día ellos son los que tienen que llevar esta discusión de manera democrática y no permitir que como colegisladores no se les respete y se esté gobernando por decreto respecto de servicios que son primordiales para la ciudadanía y para los trabajadores públicos. Estamos dando una pésima señal al mundo privado”, añadió.
Finalmente, la dirigente Anef señaló que estas decisiones sobre el empleo público podrían tener repercusiones negativas en el sector privado.
“Si el Estado no garantiza una estabilidad y derechos mínimos para sus trabajadores no podemos pedirle después al mundo privado que lo haga”, puntualizó.
