Durante el último tiempo se han intensificado los operativos de fiscalización a la migración irregular. El último ocurrió el martes en Coelemu, donde dos personas extranjeras fueron denunciadas por ingresar por paso no habilitado y por desarrollar actividades remuneradas sin autorización en una inspección a barberías y restaurantes.
Este año, a la fecha, se han fiscalizado a 1.129 migrantes. De ellos 247 han sido denunciados por presuntas irregularidades. En 2025 se realizaron 1.602 controles, siendo 404 las personas denunciadas, conforme a cifras entregadas por la Policía de Investigaciones.
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La labor fiscalizadora se concreta principalmente en Chillán, por tener la mayor población extranjera avecindada. Sin embargo, en el resto de las comunas también hay controles focalizados a partir de información proporcionada por los consejos comunales de seguridad pública y otras instituciones como la Seremi de Salud, que ha recibido denuncias sobre campamentos con condiciones sanitarias deficientes, donde mantienen a personas extranjeras dedicadas a labores agrícolas.
“Las denuncias al Sernamig se concentran en tres aspectos. En primer lugar, la mayoría de las personas son denunciadas por haber ingresado de forma clandestina al territorio nacional. En segundo lugar, por visa que expiró, y en tercer lugar, como minoría, están aquellos que se están dedicando a trabajar sin mantener la autorización para ello”, dijo la subprefecta Jenny Gutiérrez León, jefa del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Dempi) de Chillán.
El despliegue en terreno cuenta con el apoyo de otras instituciones como Carabineros, Seremi de Salud, Servicio de Impuesto Internos, Dirección del Trabajo, entre otras.
“La Ley nos mandata el control migratorio, y es por eso que toda esa gestión se pone en conocimiento del Servicio Nacional de Migraciones, que es el ente que regula nuestros informes, ya que nosotros fiscalizamos, presentamos las respectivas denuncias en caso de una irregularidad y ellos canalizan las medidas de expulsión y la regularización de las visas”, comentó la autoridad policial.
Tras denuncias, se han expulsado a 14 migrantes en situación irregular este año a la fecha, siendo en su mayoría bolivianos (6), colombianos (4), seguidos por peruanos (3) y uno dominicano. Durante 2025, 16 ciudadanos extranjeros fueron obligados a dejar el país, principalmente bolivianos, y en 2024 fueron 14 los expulsados en total, encabezados por venezolanos.
“Se dividen en aquellas administrativas, por resolución de Sernamig, y en segundo lugar están aquellas que por vía judicial ordenan sacar del territorio nacional a determinadas personas. Durante este año se han expulsado por la vía administrativa; es decir, no hemos tenido hasta ahora expulsión judicial”, detalló la oficial Jenny Gutiérrez.
Según la directora regional del Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig), Margot Inzunza, la migración ilegal ha experimentado una caída en el tiempo debido a las estrategias de control. “En este periodo ha ido bajando, además, han aumentado las salidas voluntarias de personas que estaban en esta situación en el país. Con las fiscalizaciones a empresas y empleadores por parte de organismos competentes estamos atacando el mayor incentivo a la migración irregular, que es la contratación o empleo de esta mano de obra extranjera”, explicó.
Ciclo migratorio
La población extranjera residente en Ñuble se ha triplicado en siete años. De acuerdo al Censo de 2024, existen 10.934 personas de otras nacionalidades presentes en la región, equivalentes al 2,1% de la población, cifra que representa un incremento de 192,7% respecto de 2017, cuando se registraban 3.736 personas en el registro censal.
Pese a este crecimiento, Ñuble sigue siendo una de las regiones con menor presencia de inmigrantes del país, ubicándose en el 14° lugar entre las 16 regiones.
Pese al incremento a la luz del Censo, las residencias definitivas muestran una desaceleración durante 2025.
Entre 2016 y 2025 se contabilizaron 7.832 solicitudes de residencia definitiva, pero en el último año solo se presentaron 760 solicitudes, lo que representa una caída de 39% respecto de 2024.
La disminución es aún más marcada en los permisos efectivamente otorgados. Durante la década se concedieron 5.424 residencias definitivas, mientras que en 2025 fueron 505, cifra 52% inferior a la registrada el año anterior. Quienes accedieron a esta documentación fueron principalmente venezolanos, con un 52,9% del total.
Una de las razones que explicaría esta tendencia sería el endurecimiento de la ley, que a partir de 2022 impuso mayores requisitos como, por ejemplo; haber residido por 24 meses, no tener antecedentes penales, demostrar estabilidad laboral y económica, entre otros.
“El decreto Ley N° 1094 fue la antigua Ley de Extranjería de Chile, y permitía que un extranjero con una permanencia transitoria, más conocida como visa de turismo, pudiera postular a una residencia dentro de Chile, la ley nueva 21.325 (febrero 2022) no lo permite. Ahora, sí entró como turista, debe irse como turista, y si desea postular a una residencia temporal, debe hacerlo desde el extranjero. Pueden haber más razones, como que en los últimos años la mayor llegada de extranjeros corresponde a la nacionalidad venezolana, quienes por diversos motivos les cuesta cumplir con los requisitos de la residencia definitiva”, aclaró la profesional del Sernamig.
Una trayectoria contraria han experimentado las residencias temporales. Entre 2016 y 2025 se otorgaron 17.727 residencias temporales, de las cuales 620 fueron concedidas en 2025, un 31% más que el año anterior.
“En estos últimos años, han aumentado las residencias de estudiantes de establecimientos reconocidos (por ejemplo Universidad Adventista), y de niños, niñas y adolescentes, que cuentan con una residencia humanitaria independiente de la situación migratoria de los padres. Así también han aumentado las residencias por acuerdos internacionales, Mercosur, especialmente el acuerdo Chile-Bolivia, en el sector agroalimentario, quienes vienen por trabajos en faenas agrícolas y luego se regresan a su país. En otras palabras, no está en su ánimo residir de manera permanente la región”, analizó Margot Inzunza.
Emprendedor colombiano en Chillán
Entre los casos que han optado por migrar respetando la legislación, está la historia de José Gabriel Rojas, quien llegó desde Bogotá hace siete años a Chile, donde vive junto a su esposa y dos hijos. Primero estuvo en Arica y luego en Chillán desde hace cuatro años, donde ha logrado desarrollar un negocio familiar destinado a venta de productos de consumo masivo, además de frutas y verduras bajo el nombre “Comercializadora Obby”, ubicado en el sector Parque Lantaño.
La familia dejó Colombia por el clima de inseguridad causado por el crimen organizado. Pese a que en Bogotá José tenía un trabajo estable en el rubro de alimentos, llegó a Chile, donde partió de cero trabajando como maestro panadero y luego como emprendedor, aunque, reconoció que ha sido un trabajo arduo que ha implicado sacrificar ahorros y superar diferentes etapas.
Actualmente, José y sus dos hijos cuentan con residencia definitiva. Sin embargo, la situación de su esposa sigue sin resolverse. Tras renovar en tres oportunidades su residencia temporal, continúa a la espera de obtener el permiso definitivo, proceso que se ha visto entrampado por la burocracia.
“Nos han retrasado mucho la tramitación de la residencia definitiva de mi esposa. Nos piden papeles, enviamos los documentos, los rechazan. Uno quiere hacer las cosas legalmente como corresponde, pero muchas veces lo frenan.Lamentablemente, cuando uno envía los papeles y los reciben allá, dicen que están vencidos. Me siento mal, porque uno envía todos los papeles y por la traída de un papel a Colombia estampillados uno paga un dinero y aquí tiene que pagar otra suma”, relató.
Pese a las dificultades, Rojas afirmó que ingresar y permanecer en un país respetando la legislación es el camino correcto. A su juicio, la migración es un derecho, pero debe realizarse conforme a las normas vigentes.
“Emigrar es un derecho, pero migre bien, pida un permiso, pero si usted va a entrar por las malas por un lugar, pues es obvio que va a tener su consecuencia. Hay personas que han migrado de forma irregular, de pronto, por miedo a que si lo hacen directamente se les cierren puertas y no los dejen. Entonces, ellos toman la determinación de hacerlo irregularmente. Lo que está mal”, expresó.
Respecto de las fiscalizaciones migratorias, consideró que son necesarias, aunque estima que se implementaron demasiado tarde por el crecimiento exponencial de esta población, lo que puede dificultar su control.
“Es que esto tenía que haberlo hecho desde el principio se retrasaron. Porque si ellos piensan hacerlo ahorita vemos muchos inmigrantes y llegan a los locales o a los puestos de trabajo a mirar quién está o no regular y ya dejaron entrar mucha gente y para mí ya esto se sale de casillas”, expresó.
Consultado sobre la disminución en la entrega de residencias definitivas registrada en los últimos años, cree que el aumento de la población migrante ha incidido directamente en los tiempos de tramitación y en un mayor endurecimiento de la normativa.
“Hay muchos migrantes. Bueno, migrar es un derecho que uno entiende. Aunque estamos aquí en Chile, en una época también a los chilenos les tocó emigrar a otros países por la economía, por la situación que estaban pasando. Se les recibió en Colombia y Venezuela. Nos tocó a nosotros ahora, pero uno entiende, que entre y entre gente en cualquier momento se tiene que frenar .Si no se forma un colapso total. La legislación ahora es más exigente”, explicó.
Docente cubana hace dos décadas en Ñuble
Magdelin Grave de Peralta Reyes es cubana y trabaja en la Escuela México. Es historiadora, profesora de Enseñanza Básica, tramo avanzado, y mentora. Hace 20 años vive en Chile, estuvo en Iquique y luego en Chillán, donde ha logrado consolidar su familia. Su hijo mayor es psicólogo y la menor estudiante de tercero medio en el Liceo de San Nicolás. Tras enviudar, se casó nuevamente con un cubano, quien llegó a la capital regional esta semana tras obtener su residencia temporal.
Desde esa trayectoria, analizó la disminución de las residencias definitivas otorgadas en Chile y planteó que el fenómeno responde tanto a cambios en las políticas migratorias como al contexto económico y político nacional e internacional.
“En el tiempo han habido cambios en la parte política. Si pensamos cuando empieza este fenómeno de migración, a partir de lo que dijo Piñera en la frontera de Venezuela con Colombia, lógicamente hizo una invitación abierta, y era tal vez necesaria en ese momento, porque Chile necesitaba mano de obra. Después pasó Bachelet y ahora estamos dándonos cuenta de que no hay esa cantidad de trabajo, esa producción que Chile necesita de mano de obra para trabajar y evidentemente influye en la migración”, explicó.
La postura de los distintos gobiernos frente al fenómeno también ha incidido en la disminución de quienes buscan establecerse en el país.
“Hay algunos que son más proclives, amigables con el tema de la solidaridad y de ayudar, hay otros que dicen no, arreglen su problema en su país. No lo vemos solo en Chile, porque mira cómo está el fenómeno a nivel global”, dijo.
Para Magdelin hay otro elemento que hoy pesa sobre las comunidades migrantes, es el clima de incertidumbre.
“Se instala el miedo de que si estoy ahí lo más probable es que no me vaya bien. Como lo que pasó ahora que estaban diciendo de que las personas que trabajamos en las escuelas o en la parte de salud, decir si la persona estaba legal o no. Y eso no le corresponde ni al médico ni a los profesores”, comentó.
Aunque defendió la migración como un aporte al país, marcó diferencias con los procesos irregulares.
“La migración irregular no ayuda, no enriquece, no hay un contrapeso con nada. En un espacio donde caben 20, no puedo meter 100. Porque van a haber otras precariedades, como es el caso de la medicina”, recalcó.
Sin embargo, destacó el impacto positivo que tuvo la llegada de familias extranjeras en el sistema educativo por el aumento de las matrículas.
“Las escuelas públicas iban a morir y los recibieron. Pero, ahora, ¿qué está pasando? Los padres no pueden trabajar, no tienen dignidad, no reciben lo legal. Porque un inmigrante es más barato que un nacional. Le pagan menos y los beneficios sociales son menos”, reveló.
La profesora consideró indispensable avanzar hacia una migración regulada que permita planificar las políticas públicas. “La migración debe ser controlada para poder tener proyecciones en cuanto al territorio, saber cuántas personas se van a requerir vacunar o atender en un cesfam”, dijo.
No obstante, recalcó que el control debe ir acompañado de procesos administrativos oportunos. “Sí a la migración controlada, pero con respuestas. No que hay trámites que empiezan y tú no sabes cuándo van a terminar. Si todo tiene un plazo y un término. Estamos en un país de democracia y eso está descrito en muchas cosas, porque cuando eres inflexible, las personas tratan de tomar otros caminos, que no son los mejores. Pienso que hay que tener una postura firme, quien delinque en Chile y no es chileno, tiene que cumplir en su país, porque es suficiente con lo que hay acá. Pero también tiene que haber un mecanismo para que personas de bien, trabajadoras, sean un aporte, puedan ingresar a Chile y ser parte de ello”, enfatizó.
Magdelin advirtió que los flujos migratorios continuarán mientras persistan las profundas crisis en los países de origen. “Las condiciones en los países de origen llevan, sí o sí, a migrar. Van a estar siempre mejor acá que en sus países. Siempre. En el caso de Haití, no tienen agua, no tienen alcantarillado, no tienen gobierno, no tienen seguridad. En el caso de Cuba, los apagones en Cuba son de más de 24 o 48 horas. Entonces, si tú llegas a un lugar donde tienes luz todo el día y la puedes encender y ocupar cuando la necesites, eso marca la diferencia”, destacó.
Finalmente, planteó que uno de los principales problemas actuales es la demora en los procesos administrativos relacionados con la nacionalidad. “Hay personas que ya tienen otorgada la nacionalidad chilena, pero no se emite la resolución que les permita obtener su carnet o pasaporte (…) Quedan en un limbo”, explicó.
Como ejemplo mencionó el caso de su hijo, quien es psicólogo y cuenta con residencia definitiva, pero espera completar su proceso de nacionalización para hacer efectiva su beca.
“Debe viajar al extranjero por una beca, pero no sabe con qué pasaporte hacerlo si está en el limbo. Tampoco puede permanecer mucho tiempo fuera de Chile porque arriesgaría perder su residencia definitiva.”, concluyó
