Preocupación existe entre los regantes del río Diguillín tras el ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de un proyecto de extracción y procesamiento de áridos en el sector Los Tilos, en Bulnes, debido a los impactos que su operación generaría en el cauce y en las bocatomas.
Se trata del proyecto “Extracción y procesamiento de áridos Los Tilos”, que presentó el 19 de junio la Sociedad Áridos y Asfaltos Serviterra Ltda., domiciliada en Tucapel, Región del Biobío. Consiste en la habilitación y operación de un pozo lastrero, ubicado a pocos metros del río Diguillín, en una superficie de 35,5 hectáreas.
Según indica el titular en la declaración de impacto ambiental, “la operación del proyecto se llevará a cabo de manera progresiva, de acuerdo con la demanda del mercado y la capacidad de extracción, con una vida útil estimada de 11 años. La capacidad máxima proyectada es de 2.017.084 m³ de áridos, los que posteriormente serán sometidos a procesos de clasificación y chancado”.
También se informó que “una fracción de los áridos extraídos será destinada a su comercialización directa, mientras que otra parte será procesada para la elaboración de asfalto, el cual será posteriormente comercializado”.
La empresa estima que, de obtener los permisos respectivos, las faenas podrían comenzar en junio de 2027. El proyecto demandará una inversión total de US$7 millones y una mano de obra promedio de 15 trabajadores.
Impactos en el río
Los regantes del río Diguillín expresaron su rechazo a este proyecto que se sumaría a faenas similares que operan en la zona, las que, aseguraron, han alterado el cauce y han inutilizado las bocatomas de los canales.
Manuel Larraín, presidente del Canal El Carmen, en el sector Los Tilos, sostuvo que “muy cercano al proyecto hay otra chancadora funcionando, sin ninguna autorización y sin ningún control. Realizaron el mismo procedimiento que está haciendo este nuevo proyecto, como pedir la autorización ambiental y le empezaron a poner las exigencias y ahí quedó y empezó a operar como un pozo lastrero, pero al poco andar empiezan a extraer material del río y han hecho pebre el cauce, lo que ha afectado la bocatoma del canal El Carmen, que está unos metros aguas arriba”.
El empresario explicó que “al extraer de forma irregular, hacen unos hoyos gigantescos en el lecho, entonces, cuando llueve con intensidad y el río crece, se llenan esos ríos con material y se profundiza el río aguas arriba, y con eso deja colgadas las bocatomas de los canales. El problema es que nadie fiscaliza esto, porque teóricamente lo deben hacer el municipio, la DGA y la DOH, pero no asumen la tarea y es lo que ha pasado con todas las chancadoras que se han instalado”.
Por ello, reafirmó la oposición de los regantes al proyecto. “Sabemos el daño que nos ha hecho esta actividad no regulada, de hecho, hay varios canales, por ejemplo, acá cerca, había antiguamente el canal El Faro, cuya bocatoma quedó colgada y dejó de funcionar porque hubo una chancadora que operó muchos años”, reafirmó.
Larraín complementó que el canal El Carmen, cuya asociación de canalistas preside, riega cerca de 3 mil hectáreas y beneficia a más de mil familias, la mayoría pequeños propietarios. “Ya hubo que hacer una profundización gigantesca, con aporte del Estado a través de la Ley de Fomento al Riego, porque el canal había quedado colgado, que fue una inversión millonaria que incluyó la instalación de compuertas telemétricas, pero resulta que, por otra parte, el mismo Estado no controla esto y esa inversión se va a perder porque nadie le está poniendo el cascabel al gato”, advirtió.
Municipio rechazó permiso
El 3 de junio, la Municipalidad de Bulnes rechazó la solicitud presentada por Serviterra Ltda. para la extracción de áridos en el Lote 1, de 4,8 hectáreas, por un volumen total de 58.261 m³ en un periodo de 6 meses.
En la resolución se argumenta que este sector “ha sido objeto de una sistemática y grave degradación ambiental (…). Existe un histórico documentado de explotación ilegal de áridos en el cauce del río Diguillín y sectores aledaños, cuyas consecuencias han sido constatadas, sancionadas y confirmadas judicialmente”.
La autoridad citó la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, del 30 de noviembre de 2023, que acreditó daños al cauce, pérdida del continuo hídrico, alteración de taludes, apozamientos y afectación de bocatomas de riego; así como también estableció que “la autorización municipal de pozo lastrero en propiedades privadas ribereñas fue utilizada como vehículo para acceder al cauce del río y extraer áridos sin autorización sectorial, desnaturalizando la finalidad del permiso”. En ese sentido, sostiene que “el proyecto presentado por Serviterra se emplaza en el mismo sector geográfico afectado y contempla la misma modalidad de extracción que fue objeto de sanción ambiental definitiva”.
