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Ñuble fue incluida por el Gobierno entre las regiones que serán beneficiadas por el nuevo Programa de Apoyo a Personas Afectadas por Eventos de Violencia Rural, que pone a disposición 4 mil 268 millones de pesos desde la región de Ñuble a la región de Los Lagos.
La información fue dada a conocer por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto a la gerenta general de Sercotec, María José Becerra, durante la firma del convenio de traspaso de recursos realizado el sábado último en dependencias de la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía.
Se trata, en la práctica, de subsidios no reembolsables canalizados por diferentes organismos públicos.
“Los beneficiarios totales están comprendidos desde la región de Ñuble, Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos”, indicó Becerra.
Según explicaron las autoridades, desde el mes de abril del año 2018 se comenzó a elaborar un catastro de víctimas de violencia rural, el cual incluye personas naturales, empresas con fines de lucro y organizaciones sociales.
A partir de este catastro, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública gestionaron iniciativas para la reposición de las actividades económicas y sociales que resultaron afectadas por eventos de violencia rural en las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Estas iniciativas son implementadas y canalizadas por diversos organismos, tanto públicos como privados, con quienes existen convenios de colaboración y de transferencia de recursos.
¿Cómo ingresar al catastro?
La persona afectada por un delito de violencia rural en las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos debe acercarse a la Delegación Presidencia Regional o Provincial donde ocurrió el delito y presentar un documento que respalde la denuncia realizada ante Carabineros o la Fiscalía. Posteriormente, el caso se evaluará y, de ser admisible, la persona denunciante ingresará al catastro de víctimas, donde se analizarán los requisitos solicitados para la obtención de un beneficio.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que la entrega de estos recursos es una obligación que tiene el Estado de reparar el daño causado a las víctimas.
“En materia de seguridad, nuestra tarea no está completa, si es que el Estado no acoge, no protege y no repara a las víctimas. Y, por lo tanto, la estrategia que está implementada en la Macrozona Sur, no solo es persecución penal, no solo es fortalecimiento de las capacidades militares y policiales para el control territorial. También es la necesidad de poder llegar desde el Estado a tratar de reparar o mitigar el daño que ha afectado a las víctimas”, sostuvo la autoridad.
Sólo en La Araucanía, entre el año 2017 al 2023 se han entregado 19 mil 784 millones de pesos a un total de 629 beneficiarios, todos víctimas de la violencia rural.
