Las estadísticas del SAG confirman que la producción de vino en la región viene cayendo sistemáticamente, lo que no solo se puede atribuir a factores climáticos, sino que principalmente al mercado.
De acuerdo con el Informe Final de Producción de Vinos 2026, la producción en Ñuble totalizó 10.956.405 de litros, lo que representa una disminución de 1,2% respecto a 2025.
Y si bien se trata de una variación menor, también es efectivo que en los últimos cuatro años se observa una tendencia a la baja, más marcada a nivel nacional que en la región. Mientras en 2025 alcanzó 11,0 millones de litros; en 2023 fue 13,3 millones y en 2022 llegó a 21,5 millones, es decir, casi el doble de lo producido en 2026.
Según el ministro de Agricultura, Jaime Campos, no se puede hablar de una baja sostenida, dado que los antecedentes muestran una actividad vitivinícola que mantiene una base productiva relevante. De hecho, argumenta que la superficie destinada a uva vinífera en la región se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, pues entre 2020 y 2024 pasó de 10.423 a 10.323 hectáreas.
Para los viñateros, sin embargo, no se trata de un fenómeno puntual que obedece a factores climáticos, sino una consecuencia evidente de las asimetrías de un mercado oligopsónico que paga precios por la uva vinífera que no alcanzan a cubrir los costos de producción, y que, además, reacciona a la competencia de la uva de mesa de descarte y a prácticas ilegales como las mezclas y la adulteración mediante la adición de agua.
Aunque también hay coincidencia entre los expertos y el Ministerio de Agricultura en que la competitividad de los pequeños productores del Valle del Itata enfrenta desafíos vitales principalmente en materia de rentabilidad y capacidad de negociación. Por ello, las políticas públicas de los últimos gobiernos han promovido la asociatividad de los viñateros para que puedan acceder a más y mejores mercados, así como también a la agregación de valor, donde la apuesta es la vinificación.
Sin embargo, salvo excepciones, dichos esfuerzos del estado no han logrado el objetivo de que los productores puedan capturar una mayor parte del valor de su producción. Los centros de acopio asociativos financiados por Indap en los últimos años han permitido capturar entre $10 y $20 por kilo gracias a la reducción de intermediarios, sin embargo, el precio a productor sigue fluctuando en torno a los $100- $200 por kilo. En materia de vinificación, destaca el caso de la cooperativa Coovicen, de Quillón, que ha recibido varias inyecciones de recursos tanto del Indap como del Gobierno Regional para aumentar su capacidad y mejorar su gestión comercial, no obstante, sus impactos aún son acotados.
Si bien se valora la preocupación del gobierno por apoyar a este rubro, es importante evaluar los resultados de los programas ejecutados con el fin de perfeccionarlos y lograr resultados más alentadores. Asimismo, es clave mejorar la transparencia del mercado y fortalecer las capacidades fiscalizadoras del SAG, de manera que los precios ofrecidos por los poderes compradores sean informados y conocidos oportunamente, tal como establece la ley, y que infracciones como ésta, así como las mezclas y la adulteración de vinos sean efectivamente sancionadas.
