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La obesidad ha emergido como una crisis de salud pública global, con cifras alarmantes. De acuerdo a un estudio que midió el peso y estatura de más de 220 millones de personas en 190 países, y publicado recientemente en la revista médica The Lancet, más de 1.000 millones de personas fueron clasificadas como obesas en 2022.
El informe que fue realizado por la Federación Mundial de la Obesidad y presentado ante las Naciones Unidas, revela que Chile es el segundo país de Latinoamérica donde más aumentó en los últimos 30 años, solo superado por Panamá. En 1990, el 20% de los y las chilenas se encontraban afectadas por la obesidad, pero para el año 2022 la cifra alcanzó un 45% de la población.
En nuestra región, en tanto, hay 16.960 personas en control por obesidad en programas de salud de la Red Asistencial, sin embargo habría una cifra similar de hombres y mujeres, niños y niñas que no reciben atención.
Conviene precisar que la obesidad se define en adultos como un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30 kg/m², y los datos del estudio muestran que el 43% de esta población tiene franco sobrepeso. Este cambio en el (IMC) se ha observado en más de 220 millones de personas en más de 190 países, lo que refleja una peligrosa proclividad hacia hábitos de vida poco saludables.
Lo cierto es que las consecuencias de la obesidad son devastadoras y mortales. En Europa, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad son responsables de más de 1,2 millones de muertes al año, y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, enfermedades respiratorias crónicas y varios tipos de cáncer que sumados arrasan con millones de años de vida saludable.
Es crucial abordar las causas subyacentes de la obesidad, que incluyen factores socioeconómicos, culturales y ambientales. Lo primero -y fundamental- es sacar el problema de una esfera exclusivamente médica y abordarlo desde edades tempranas, en todos los espacios, promoviendo de manera rigurosa hábitos de vida saludables que incluyan dietas equilibradas, la práctica regular de actividad física y la génesis de espacios y conductas que combatan los factores ambientales y conductuales que favorecen la obesidad.
Esto requiere la colaboración decidida del sector público -hasta ahora probablemente el más activo- del sector privado y de la propia sociedad civil para diseñar y llevar a la práctica políticas basadas en evidencia que promuevan entornos saludables.
Es hora de tomar decisiones audaces y eventualmente cambiar la receta usada hasta ahora, pues parece ser que con abordar el tema de la publicidad de alimentos poco saludables y promover la actividad física en entornos escolares, no basta.
Esta es una crisis de salud pública que requiere una acción concertada, con medidas efectivas, sostenidas y vigiladas a partir de indicadores claros para un futuro más saludable. El estado nutricional es el mejor indicador de bienestar de las personas, y en términos más amplios del desarrollo de un país.
