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En prisión preventiva y formalizados por robos reiterados de bienes nacionales de uso público quedaron esta mañana Edison y Enrique Monrroy Arias, de 30 y 37 años, a quienes la Fiscalía de Ñuble les imputa 11 delitos de sustracción de cables de cobre entre marzo de 2018 y este fin de semana. Ocho de esos ilícitos afectaron a Tren Central y los restantes a la CGE, Movistar e, incluso, al Metro de Valparaíso.
La detención de los imputados se da en el marco de la causa que dirige la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, quien fue designada por el Fiscal Nacional para indagar los robos de catenarias (sistema eléctrico) del Tren Central desde O’Higgins hasta Ñuble.
Dicha investigación la trabaja con las Brigadas de Robo de la PDI de esas regiones y la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Ñuble.
El jefe de esta última Fiscalía, Álvaro Hermosilla, explicó que la formalización de esta mañana se realizó en el Juzgado de Garantía de San Carlos y precisó que “Tren Central en la primera quincena de noviembre sufrió algunas interrupciones en su servicio precisamente por los robos que cometían estos imputados”.
Acotó que “mediante medidas intrusivas se logró determinar la participación de estas personas en los ilícitos y la dinámica delictual que ellos ejecutaban: acopiaban y escondían el cable robado en las inmediaciones del lugar donde se cometían los delitos y en vehículos, y de madrugada, lo transportaban hasta la Región Metropolitana”.
El fiscal Hermosilla precisó que “la madrugada del sábado, cuando los imputados estaban transportando cables fueron detenidos en el peaje de Retiro”.
El jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Chillán, subprefecto Miguel Durán, destacó que “gracias a las técnicas de investigación y análisis criminal utilizadas por los detectives de la Brigada Investigadora de Robos Chillán se logró la detención de los imputados y la incautación de más de dos toneladas de cobre y tres vehículos donde transportaban la evidencia”.
El Juzgado de Garantía de San Carlos dio un plazo de cuatro meses para la investigación y para argumentar su decisión de la prisión preventiva acogió los planteamientos del fiscal Álvaro Hermosilla, quien expuso que se trata de hechos reiterados, que afectan a un servicio de utilidad pública, que ambos imputados son un peligro para la seguridad de la sociedad y que también existe peligro de fuga.
