Un nuevo emplazamiento realizaron los concejales a la municipalidad de Chillán respecto al estado de avance los sumarios administrativos a funcionarios de los distintos departamentos, los que aún no han sido resueltos en su integridad.
En el concejo municipal, persiste la critica a la lentitud en las investigaciones que se acumularían entre 2021 y 2025, arrojando un total de 221 procedimientos disciplinarios, en su mayoría en tramitación, de acuerdo a un informe entregado en junio pasado por la Dirección de Jurídica.
Mientras en 2021 aparecen 10 casos, la cifra sube a 27 en 2022, 41 en 2023, 51 en 2024 y alcanza 92 durante 2025. De esta manera, entre 2021 y 2025 el número de procedimientos incluidos en el listado aumentó en un 820%. Solo entre 2024 y 2025 el incremento fue de aproximadamente 80%, pasando de 51 a 92 expedientes.
A un junio de este año, de los 221 procedimientos, 215 aparecen con el estado “En tramitación”, es decir, el 97,3% del total. Los restantes seis casos corresponden a distintas etapas: tres en fase indagatoria, dos en vista fiscal y uno en etapa resolutiva. Sin embargo, a casi tres meses de este informe, el estado de los procedimientos podría haber cambiado, ya que estas cifras son dinámicas.
Por área, el mayor número de procedimientos corresponde a Salud, con 110 casos, equivalentes al 49,8% del total. Le sigue el área propiamente municipal, con 81 procedimientos, que representan el 36,7%, mientras que el Daem registra 30 casos, equivalentes al 13,6%.
La distribución también cambia según los años. En 2021, por ejemplo, de los 10 procedimientos registrados, seis correspondían a la Municipalidad, dos a Salud y dos al DAEM. En 2025, en cambio, la cantidad aumenta considerablemente: 39 procedimientos corresponden a Salud, 35 a la Municipalidad y 18 al exDaem, convirtiéndose ese año en el período con mayor número de investigaciones y sumarios incluidos en el documento.
La discusión volvió a instalarse en el concejo a propósito de la salida del exdirector de Deportes, Samuel Caroca, cuya destitución comenzó a circular previamente en redes sociales sin un pronunciamiento municipal que confirmara oficialmente la medida.
El concejal Rodrigo Ramírez pidió conocer la situación y aprovechó el caso para cuestionar la extensión de los plazos en las investigaciones disciplinarias.
“Me dicen que el director de deportes fue destituido si es así quiero saber qué pasa con todos los sumarios que hemos venido planteando hace rato, porque no hemos recibido respuestas de las sanciones. Aquí hubo un sumario que le pusieron celeridad, pero su resolución salió antes que el resto. Entonces creo que ley pareja no es dura, porque si se considera uno que se consideren todos por igual con respuestas para todos cuál es la sanción si la hay y que tengamos registros de los sumarias pendientes que vienen con anterioridad a lo que fue el director de Deportes”, expuso.
El director de Jurídica, Ricardo Betancourt, aclaró que la destitución del exdirector se definió tras una investigación de contraloría que comenzó en marzo de 2023 y culminó en agosto recién pasado.
Asimismo indicó que el resto de los sumarios continúan en tramitación y su estado de avance se ha entregado a los concejales, no obstante, indicó que en los últimos tres meses podría reportarse una actualización.
“Este sumario fue tramitado por la Contraloría General de la República, lo que llega a nuestro despacho es la decisión final, por eso que no incidimos en la tramitación misma. Por eso puede darle impresión de que hay una mayor celeridad, pero nosotros nos encargamos de la parte final del proceso disciplinario. El resto está en tramitación en el municipio, por ejemplo, licencias médicas”, dijo.
El abogado aclaró que la sanción contra el directivo se estableció “tras acreditarse, por la Contraloría General de la República, su participación en la evaluación de la licitación pública de la Half Maratón del año 2022, así como en la ejecución del contrato, en circunstancias que tenía vínculos comerciales con el proveedor adjudicado vulnerando la probidad administrativa y la normativa de compras públicas”.
Aunque fuentes cercanas indicaron que el profesional antes de asumir el departamento habría tenido vínculo con ese proveedor, no obstante, en la práctica dentro de su gestión la relación habría estado disuelta y sin retroalimentación. Así como también trascendió que en la entonces licitación habría sido el único oferente admisible, sin tener más salida que adjudicarle dicho contrato para dar cumplimiento a plazos y compromisos, además la propia dirección habría aplicado sanciones al organizador por no cumplir con las bases visadas a nivel municipal, lo que habría revelado la ausencia de una negociación.
Tras esta salida, el asesor deportivo, Hernán Blasco, fue confirmado recientemente como director suplente, quien ha contado con la confianza del alcalde desde su ingreso, lo que ha quedado en evidencia al ejercer la vocería de departamento por sobre Caroca.
Concejales exigen claridad sobre investigaciones antiguas
La concejala Carolina Chávez puso el foco en los procedimientos que han sido derivados o instruidos a partir de antecedentes de Contraloría y cuestionó que algunos casos continúen abiertos durante varios años.
“Hay sumarios que están en tramitación del 2021, pero cuál el plazo, cuál es la urgencia. Por qué con este sumario en especial me sorprendieron que la administración reaccionara tan inmediato cuando tenemos un exadministrador que el año pasado dijeron el proceso que se tenía que aplicar, se mandó una reposición y en febrero contraloría la rechazó y exigió aplicarlo, pero ha pasado una cantidad de tiempo y no se sabe”, enfatizó.
Por su parte la concejala Catalina Sandoval calificó como inaceptable la situación de los sumarios, ya que los funcionarios involucrados necesitan respuestas.
“A mi juicio, esta lentitud evidencia un problema de gestión y de organización dentro de la Municipalidad. No es razonable que existan procedimientos administrativos que se arrastren desde el año 2021 y que todavía figuren “en tramitación”. Cuando un problema se mantiene durante cuatro o cinco años, deja de ser un hecho puntual y pasa a demostrar una falla estructural”, manifestó.
Desde su mirada estos procedimiento están generando un efecto perjudicial en el entorno municipal.
“Primero, genera incertidumbre para los propios funcionarios que están involucrados, porque una investigación que se extiende durante años mantiene situaciones sin una definición concreta. Segundo, debilita la capacidad de la Municipalidad para establecer responsabilidades cuando corresponde. Pero también hay un efecto institucional: se transmite la sensación de que en la Municipalidad las cosas no se resuelven. Y eso afecta la confianza de los funcionarios y de la ciudadanía en la administración pública”, analizó.
En ese sentido, la concejala sugirió fijar prioridades y reorganizar el trabajo jurídico.
“Creo que corresponde revisar seriamente cómo se están distribuyendo las funciones dentro de la Dirección de Asesoría Jurídica, cuáles son las prioridades que se están estableciendo y quién está realizando el seguimiento de estos procedimientos. La Municipalidad cuenta con un número importante de profesionales abogados, por lo que es legítimo preguntarse si los recursos humanos están siendo correctamente utilizados y si existe una gestión eficiente de los procesos disciplinarios”, explicó.
