Con una batería de más de 40 medidas en distintas áreas, el Presidente José Antonio Kast presentó el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, una iniciativa que ya genera debate por su carácter amplio y por reunir en un solo texto materias tributarias, laborales, sociales y educacionales.
El plan fija tres metas hacia 2030: reducir el desempleo a 6,5%, alcanzar un crecimiento económico cercano al 4% anual y lograr equilibrio fiscal estructural. Sin embargo, más allá de sus objetivos, el diseño del proyecto ha instalado dudas sobre su viabilidad legislativa, al concentrar medidas de distinta naturaleza bajo una misma tramitación, lo que obligará a negociar en paralelo aspectos técnicos complejos y definiciones políticas de alto costo.
Principales medidas
Uno de los ejes principales es la rebaja del Impuesto de Primera Categoría, que pagan las empresas por sus utilidades. La propuesta plantea reducir gradualmente la tasa desde el 27% actual hasta un 23% en 2029, con una transición diferenciada para grandes empresas y mantención de beneficios para pymes. Según el Ejecutivo, esto busca incentivar la reinversión y evitar el retiro de utilidades, favoreciendo la expansión de negocios, la compra de maquinaria y la contratación de trabajadores.
En paralelo, el proyecto incorpora un subsidio al empleo formal mediante un crédito tributario para empresas que paguen sueldos entre $545 mil y $838 mil. Este mecanismo permitirá descontar impuestos mensuales como el IVA y los pagos provisionales, entregando liquidez inmediata. En la práctica, las empresas verán reducida su carga tributaria mes a mes, lo que, según el Gobierno, facilitaría la contratación. Se estima que beneficiará a cerca de 4 millones de trabajadores (71.611 de ellos en Ñuble, según el Ejecutivo) y que implicará una inyección anual de US$1.400 millones.
Otra de las iniciativas apunta a destrabar grandes inversiones mediante un sistema de reembolso estatal. Si un proyecto con permiso ambiental vigente inicia obras y luego es anulado por la justicia, el Estado devolverá los gastos ejecutados en ese periodo. El Ejecutivo sostiene que esto reducirá la incertidumbre jurídica que hoy retrasa proyectos, especialmente en sectores como energía, infraestructura y minería, donde las judicializaciones son frecuentes.
En materia fiscal, el Gobierno también propone fortalecer el fondo de reconstrucción, elevando sus recursos a $1,2 billones hasta 2028, ampliando su uso a distintas emergencias y procesos de recuperación productiva. A esto se suma la eliminación del pago de contribuciones para adultos mayores de 65 años por su vivienda principal, una medida que apunta a aliviar el gasto mensual de este grupo, junto con un mecanismo de compensación a municipios para evitar impactos en sus ingresos.
El proyecto además incluye una pausa de cuatro años para el ingreso de nuevas instituciones al sistema de gratuidad en educación superior, con el fin de contener el gasto fiscal y estabilizar el sistema. En paralelo, se abre una ventana extraordinaria de 12 meses para la regularización de capitales en el extranjero, mediante el pago de un impuesto único del 10%, buscando ampliar la base tributaria sin recurrir a alzas impositivas.
A este conjunto se suman medidas orientadas a simplificar trámites, acelerar permisos sectoriales y fortalecer la ejecución de proyectos públicos, elementos que el Ejecutivo considera clave para dinamizar la economía en el corto plazo. Sin embargo, la diversidad de iniciativas, que abarca desde beneficios sociales hasta reformas tributarias estructurales, es precisamente lo que ha generado mayor controversia.
Reacciones
Pese a la diversidad de medidas, el principal cuestionamiento apunta a la conveniencia de agruparlas en un solo proyecto. Desde distintos sectores advierten que esta estrategia podría entrampar la discusión legislativa, al obligar a negociar simultáneamente reformas estructurales y medidas urgentes, aumentando el riesgo de que el avance de unas quede condicionado por desacuerdos en otras.
En ese contexto, el diputado Carlos Chandía destacó el contenido general del plan, pero llamó a un debate amplio. “Valoramos lo anunciado por el Presidente Kast, ya que contiene el espíritu de avanzar en una recuperación nacional desde el punto de vista económico y social. Espero que la discusión legislativa se dé en un ambiente de respeto y sin mezquindad”, aseveró.
Su par de la UDI, Cristóbal Martínez, manifestó que “la crisis económica, laboral y de seguridad que enfrenta nuestro país exige medidas urgentes. Esta reforma debe equilibrar la rebaja de impuestos con mayor recaudación vía inversión y empleo, y ojalá lograr un amplio consenso para avanzar con rapidez”, afirmó.
Desde la oposición, la presidenta regional de la DC, Carmen Arias, criticó tanto el fondo como la forma del proyecto, apuntando a una falta de mirada integral del desarrollo. “El proyecto refleja una ideología de país de la extrema derecha y una mirada en que el ajuste recae en la clase media y trabajadora”.
A su vez, la presidenta regional del Frente Amplio, Francisca Leyton, cuestionó directamente la estrategia legislativa. “No es una estrategia seria de reconstrucción, es una maniobra política que mezcla agendas y termina entrampando soluciones urgentes”, dijo.
