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Con una votación de 79 votos a favor, 29 en contra y 24 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la resolución 904. En ella se pide al Presidente de la República que entregue la facultad al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), de tramitar y resolver procedimientos sancionatorios. Además, que pueda dictar normas e instrucciones de carácter general de naturaleza obligatoria.
El documento observa que el mercado chileno está compuesto por un sin número de pequeñas, medianas y grandes empresas, que cumplen de manera estricta la legislación nacional vigente. Sin embargo, hay grandes empresas condenadas por abusos reiterados en contra de sus clientes, trabajadores y proveedores.
Dentro de los casos más bullados de abusos en contra de los propios clientes, afirma la iniciativa, figuran las repactaciones unilaterales de deudas de la empresa La Polar. También, los cobros excesivos en la administración por la empresa Cencosud. A ello se suma la mala calidad en la entrega del servicio pactado de todas las empresas de telecomunicaciones, aerolíneas y transporte terrestre. Se agregan a los anteriores ejemplos, los acuerdos colusivos de las empresas avícolas, del papel tissue, las cadenas farmacéuticas, navieras e incluso laboratorios.
La resolución plantea que, aunque distintos organismos públicos actuaron en estos eventos, la institucionalidad estuvo al debe. Por ello, se trató de avanzar legislativamente para entregarle a la entidad facultades sancionatorias, entre otras materias. Sin embargo, tal esfuerzo fracasó ya que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las siguientes facultades: Tramitar y resolver procedimientos sancionatorios; Dictar normas e instrucciones de carácter general de naturaleza obligatoria; Recibir denuncias de consumidores e iniciar investigación; Requerir de los organismos del Estado los antecedentes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
En septiembre pasado, el Gobierno ingresó a tramitación un mensaje que, precisamente, otorga facultades en materia de procedimientos sancionatorios al Sernac. El texto, calificado con suma urgencia (15 días para el trámite), está siendo analizado por la Comisión de Economía de la Cámara.
