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Un estudio de la Universidad San Sebastián reveló que, en Ñuble, el plazo promedio de aprobación ambiental de los proyectos es de 485 días (15 meses), superior al promedio nacional de 412 días, que por sí es alto. Así, se estimó una tasa de retraso de 61,1% en Ñuble, es decir, el porcentaje de proyectos en evaluación que exceden el plazo legal.
Cuando el horizonte de ejecución de un proyecto es mayor a lo esperado, eso afecta su valorización económica y financiera. Este costo tiene una directa relación con las oportunidades laborales, ingresos para familias y desarrollo productivo no generado. Según el estudio, este retraso, en Ñuble, representa un “costo” de US$ 240 millones.
Los prolongados tiempos de tramitación de los proyectos en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) han sido blanco de críticas por parte del mundo empresarial durante los últimos años, de la mano del endurecimiento de la legislación ambiental que ha complejizado los procesos de evaluación, pero que buscan mejorar el estándar de protección.
Estas críticas han tenido especial eco en un contexto económico de menor inversión y caída del empleo, pero también de pérdida de legitimidad de la institucionalidad ambiental, de hecho, no es necesario retroceder mucho para encontrar casos que dejan en evidencia el criterio más político que prima en la evaluación. Por ejemplo, el término anticipado al proyecto Paposo, de Colbún, en la región de Antofagasta, que le costó el puesto al director regional del SEA; o el rechazo del proyecto de regularización y ampliación de Huevos Coliumo, en San Carlos, que el SEA había recomendado aprobar luego de dos años de tramitación, pero que la Comisión de Evaluación Ambiental Regional, presidida por el delegado presidencial, resolvió rechazar, en marzo pasado.
Claramente, la institucionalidad ambiental no es el único ejemplo de permisología; también existe burocracia excesiva en otras reparticiones públicas, como las direcciones de obras municipales, las unidades de patentes de los municipios y la Dirección General de Aguas, entre otras.
En ese contexto, se valora el proyecto que reforma la Ley de Bases y modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), conocido como “Evaluación Ambiental 2.0”, ingresado en enero de este año al congreso, y que busca optimizar el funcionamiento de los distintos instrumentos de gestión. La iniciativa plantea modificaciones al SEIA, que –según el Ejecutivo– permitirán reforzar la prevención de los efectos negativos de los proyectos de inversión, incentivando la participación ciudadana en los procesos de evaluación y, al mismo tiempo, contribuirán a entregar mayores certezas a los inversionistas, ya que se reducirá el componente político en estos procedimientos. De este modo, se espera que contribuya a reducir los tiempos de tramitación sin disminuir los estándares de protección.
Sin embargo, el proyecto genera dudas tanto en el mundo empresarial como entre los ambientalistas, donde los primeros sostienen que el proyecto no habilita una evaluación más eficiente, sino que, por el contrario, abre más flancos para la judicialización; y los segundos advierten que la iniciativa no tiene ningún beneficio para la protección ambiental.
Es de esperar que el Legislativo sea capaz de ponderar las opiniones de expertos con una necesaria cuota de pragmatismo y una mirada de largo plazo, que permita dar certezas a todos los actores involucrados.
