La Municipalidad de Cobquecura se transformó en la cuarta sede consistorial en ser objeto de incautaciones por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), dentro del marco de las indagaciones realizadas por la Fiscalía Regional de Ñuble, en el llamado caso “cuentas corrientes”, relativo a delitos de corrupción.
En el municipio costero, al igual que en las de San Ignacio y Ñiquén (en Ñuble) y el de Graneros (Región de O’Higgins) figuran contratos vigentes con la empresa consultora Gestión Global, de propiedad del empresario chillanejo Rodrigo Carmona, quien bajo la tesis fiscal habría pagado sobornos a diversos funcionarios para, de manera fraudulenta, adjudicarse los contratos para realizar los estudios financieros de las municipalidades y elaborar las bases necesarias para llamar a licitación el manejo de las cuentas corrientes a los diferentes bancos del país.
Fue pasado el mediodía que funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Chillán, retiraron computadores y celulares desde las oficinas de la alcaldía y de la unidad de Administración Municipal.
Pero a diferencia de los procedimientos del pasado 14 de abril en San Ignacio; y en el de Ñiquén, tres días después, en esta oportunidad no hubo detenidos.
Horas más tarde, y mediante un comunicado de prensa, el alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes dijo estar abierto a entregar total colaboración con la causa y además dijo desconocer alguna intermediación ilícita en el proceso de contratación de la consultora de Carmona.
“Como siempre ha sido nuestra actitud de colaboración con los entes judiciales, ya que recordemos que hace un par de años ocurrió algo similar en indagaciones y causas judiciales de la anterior administración; es que hemos dispuesto nuestro pleno respaldo, apoyo y colaboración a estas acciones, para el correcto esclarecimiento de los hechos investigados en otros municipios”, dijo el jefe comunal mediante el comunicado.
Fuentes agrega que la investigación liderada por la fiscal Nadia Espinoza está, eventualmente abierta a revisar otros antecedentes en aquellas municipalidades que han licitado bases bancarias mediante el trabajo de Gestión Global.
Aclara también que los honorarios de Gestión Global son de $165.000 mensuales, los que se cancela en base a los intereses que se obtienen del contrato con la entidad bancaria que administra los recursos fiscales municipales.
“Como alcalde, como a lo largo del tiempo y a la luz de los hechos lo demuestran, siempre he actuado con absoluto apego a la ley y a las normas transparencia y probidad, y hoy reafirmo ese compromiso de seguir sirviendo día a día a la comunidad que me eligió”, añadió.
En 24 días más
Considerando que la primera hebra investigativa surge en la municipalidad de San Ignacio, toda la causa se ha estado revisando en el Juzgado de Garantía de Bulnes, tribunal que acogió la solicitud de la fiscal Espinoza de mantener la causa en estado de secreta por 40 días, razón por la que en 24 días más recién se le extenderán los antecedentes a quienes han asumido como abogados defensores de los imputados.
En las audiencias se ha formalizado a los alcaldes César Figueroa, de San Ignacio (en prisión preventiva) y al de Ñiquén, Manuel Pino (con arresto domiciliario total).
Figuran como imputados el empresario Rodrigo Carmona y su asistente, Rodrigo Sandoval; además del director del departamento de Salud de San Ignacio, Krysler Monroy, (todos ellos en prisión preventiva).
Con arresto domiciliario total están el jefe de gabinete de San Ignacio, Edgardo Suazo, y el jefe del DAEM de Ñiquén, Carlos Fernández.
El jefe de Tesorería Municipal de San Ignacio, Hugo Troncoso, está con arraigo nacional y firma mensual.
