Con la noticia sobre patrullas de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de Chillán allanando domicilios y oficinas del alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, y de otros funcionarios municipales de esa comuna, el Concejo Municipal chillanvejano convocó a una reunión extraordinaria, durante la tarde de jueves.
Considerando que se trata de una causa declarada como secreta por parte de la Fiscalía Local de Chillán, ni los ediles ni el resto de los funcionarios de ese consistorio, ni la prensa, recibió confirmación sobre los detalles del caso, ni la tipificación del delito que sustenta el operativo, que terminó con la incautación de teléfonos, computadores y documentos.
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Sin embargo, el que la unidad investigadora que ejecutó la concurrencia sea especialista en indagaciones de orden económicos, “claramente estamos a un problema de probidad. No sabemos si se trata de problemas administrativos, de cohecho o de problemas de plata, porque desde la administración municipal no nos han querido explicar nada”, observó el concejal Carlos Molina.
Aunque el edil, quien se ha manifestado contrario a la gestión del jefe comunal, especuló inicialmente que estas acciones podrían relacionarse a algunas de las causas que, en la actualidad, son materia de revisión por parte de la Contraloría General de la República, fuentes ligadas a la entidad nacional no confirmaron a La Discusión que esos procesos tuvieran relación con el actual policial de la mañana de este jueves.
El mismo concejal Molina describió el ambiente que había en las dependencias municipales durante el proceso intrusivo policial.
“Había varios directores de unidad que se encontraban esperando en los pasillos, porque el personal de la PDI estaba revisando sus oficinas. La verdad es que fue un momento demasiado tenso. Desde que se crea la comuna en el año 1996, no habíamos tenido casos policiales connotados en la Municipalidad de Chillán Viejo, y este año, el señor alcalde ya suma tres”, dijo, aludiendo a otras dos causas formalizadas que tienen a Del Pozo como imputado.
Conforme a información obtenida por La Discusión, las otras dependencias municipales que fueron objeto de incautación de teléfonos celulares fueron la Dideco, Administración y Finanzas, la Secretaría de Planificación, la Dirección de Seguridad, la Dirección de Tránsito, la Secretaría Municipal, la Administración Municipal, más el dispositivo del jefe de gabinete, Pablo Pérez.
A través de un comunicado de prensa, de la Unidad de Comunicaciones de la Municipalidad de Chillán Viejo, informaron que “desde el primer momento, hemos mantenido plena disposición a colaborar con el desarrollo de esta investigación, entregando todos los antecedentes que nos han sido requeridos y actuando con total transparencia frente a las diligencias realizadas”.
Añadieron que “como institución, somos los primeros interesados en que esta situación se esclarezca y se conozcan todos los antecedentes”.
Reunión edilicia
Horas más tarde, y también a través de un comunicado de prensa, un grupo de concejales, entre los que figuran Molina, Luis Gacitúa y Francisco Hernández, expusieron: “consideramos indispensable que estos hechos sean esclarecidos completamente y que las instituciones competentes puedan desarrollar su trabajo con plena autonomía, sin interferencias y con todas las facilidades necesarias”.
Sin perder de vista que se trata de una causa secreta, llamaron a las jefaturas municipales a darle explicaciones al concejo.
“Creemos necesario que la administración municipal entregue las explicaciones institucionales que correspondan y que exista absoluta transparencia respecto de cualquier situación que pueda comprometer el funcionamiento, la gestión y la confianza pública en nuestro municipio”, sostuvieron.
Tras esta intervención policial no se dieron órdenes de arresto, por parte de la Fiscalía Local de Chillán.
