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El abogado Sergio Pérez, jefe de la Fiscalía Local de Chillán, confirmó que el personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones incautó las fichas médicas de cuatro de los cinco pacientes que fallecieron a causa de un cuadro de influenza tipo A, entre el 21 y el 23 de mayo, en los hospitales de Chillán y San Nicolás.
Lo anterior para complementar las indagaciones ordenadas el pasado jueves, mediante una investigación de oficio, orientadas a establecer o descartar responsabilidades penales en el proceder de los funcionarios de la salud que estuvieron a cargo de esos ingresos.
Estas medidas intrusivas fueron paralelas al retiro (por orden judicial) del féretro de una de las víctimas, correspondiente a un estudiante de 15 años, quien estaba siendo velado en su casa, ubicada en el sector de Puente Ñuble.
Dentro de este mismo contexto, el fiscal Pérez, no descartó que -conforme al mérito de las evidencias recogidas por la PDI- se puedan exhumar los otros cuerpos de los otros fallecidos.
“Se están realizando las diligencias, principalmente, incautación de fichas clínicas, toma de declaraciones de testigos y otras diligencias que están en curso para ver si tenían enfermedades preexistentes o qué tipo de atención se les dio y, lamentablemente, no podemos descartar que se ordenen más autopsias con exhumaciones”, confirmó.
Por el momento, la línea investigativas principal que guía el trabajo de la fiscalía chillaneja, es la del cuasidelito de homicidio.
En cuanto al quinto caso que aún no es parte de la carpeta de investigación fiscal, y que corresponde a un paciente adulto, el fiscal explica que “lo estamos estudiando, ya le estamos tomando declaraciones a sus familiares para conocer su situación personal y evaluar si es que se puede abrir investigación. Por ahora, no lo hemos hecho, pero dentro de hoy (ayer) se debería tomar una determinación”.
Para esta oportunidad, la PDI conformó un equipo especial de funcionarios con experiencia en investigaciones por negligencias médicas y se realizaron reuniones con personal del Servicio Médico Legal para explorar la factibilidad de realizar peritajes capaces de determinar aspectos como causa de muerte, existencia de comorbilidades pretéritas y si los horarios de atención que se les brindaron o los medicamentos que se prescribieron eran o no los pertinentes.
Respecto al desarrollo de las investigaciones, el persecutor anticipa un proceso complejo y que puede tomar bastante tiempo, debido a que las negligencias médicas deben ser investigadas bajo parámetros que exceden lo meramente legal.
“Se recaban los testimonios, los antecedentes clínicos, se debe incorporar opiniones de médicos y luego todo se envía a la Comisión de Responsabilidad Médica, en el nivel central, para que analicen si los tratamientos realizados por los distintos profesionales, a una persona, se ajustan o no a la Lex Artis”.
Los profesionales de esa comisión son pocos y, además, cuentan con una carga nacional de diligencias, por lo que muchas veces se debe acudir a las universidades para contar con una opinión técnica.
Hasta el momento, ninguna de las familias de las víctimas de la influenza, han presentado una denuncia en la Fiscalía Local de Chillán.
Como una profanación
Sergio Pérez también se refirió al procedimiento policial encabezado por la PDI, en la casa del menor que estaba siendo velado, en el sector de Puente Ñuble, ocasión en que se retiró el féretro para llevarlo al Servicio Médico Legal ante el asombro de los asistentes.
Si bien la familia agradeció que se realizara una investigación, admitieron que la irrupción les resultó dramática, sorpresiva y -en voz de la abuela del menor- “lo sentimos como una profanación”.
“Entendemos que para la familia es una situación dolorosa y dramática, pero era una diligencia del todo necesaria. La PDI conversó con la madre del menor para explicarle la situación, pero lamentablemente tenía que darse en ese con texto”, contestó el fiscal cuando se le preguntó por la posibilidad de haber coordinado el retiro del menor, antes de la llegada de los carros policiales a la casa de la familia.
Se espera una investigación policial de unos tres meses, antes del envío de antecedentes a la comisión.
