Hay ocasiones en que la frase “no hay que generalizar” resulta un real chantaje ético para quien busca criticar un problema transversal y tan evidente, que la generalización deja de ser una negligencia idiomática.
“Pero ya me tienen cansado. Uno ya ha visto cada cosa con ellos”, explica Luis Salazar, un cuidador de autos en calle Sargento Aldea, quien el jueves -junto a locatarios y transeúntes- observaron a dos repartidores de comida trenzándose a golpes, cerca de las 17 horas.
“Parece que uno le había sacado algo al otro y se empezaron a insultar. Uno, el de rojo, arrancó en su moto; y el de negro lo salió persiguiendo y gritándole esos garabatos de los venezolanos”, añade.
Así, pese a la buena intención inicial de acoger a quienes llegaban buscando un mejor futuro, “la mayoría ya quiere que echen al menos a los ilegales, a esos que cometen delitos. Porque del resto que está legal, nada que decir”, añade.
Ese sentir es el que motivó las discusiones parlamentarias que hoy siguen depurando las estrategias para hacer más eficientes las expulsiones administrativas y que ya aprobó el proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería, con el objetivo de ampliar las causales de expulsión del país, reforzar la revocación de permisos de residencia y aumentar las prohibiciones de ingreso.
Por el momento, la PDI ha estado realizando un trabajo sistemático de fiscalizaciones, lo que ha permitido aumentar la cantidad de personas detectadas en condiciones irregulares, y que tras el último operativo realizado el pasado jueves en barberías de Chillán y San Carlos, logró individualizar a 18 de estas personas y abrirles un expediente.
En 2024, la PDI de Chillán fiscalizó a 1.647 extranjeros, labor que representa un 613% de aumento en relación a las 231 fiscalizadas en 2023, año en que por lo demás se denunció a 175 personas con la situación migratoria irregular.
En 2024, en tanto, los denunciados pasaron a ser 750, en el contexto del Plan Nacional de Migraciones, vigente desde el año pasado.
Este plan busca detectar en aquellos puntos donde haya una gran concentración de migrantes, a personas que puedan encontrarse residiendo de forma irregular, cometiendo delitos, tengan decretos de expulsión vigente o hayan ingresado a Chile por pasos no habilitados”, dijo el subprefecto Víctor Morales.
El jefe de Extranjería, añade que “si bien concentran fiscalizaciones en la intercomuna Chillán y Chillán Viejo, han extendido este trabajo a todas las comunas de la región de Ñuble.
Los puntos de fiscalización
Dentro de los puntos con mayor cantidad de fiscalizaciones en la comuna, se cuentan las esquinas con motoristas que trabajan en reparto, barberías y locales nocturnos.
El servicio de control migratorio se ha extendido a empresas agrícolas, considerando la temporada de cosecha, o en sectores de turismo, como en Las Trancas.
“El objetivo es tener claro cuántas son las personas extranjeras que se encuentran en el territorio nacional, para lo que también se han realizado procesos de empadronamiento, con el objeto de saber quiénes son”, añadió el subprefecto Morales, quien destacó que frecuentemente están realizando coordinaciones con el Servicio Nacional de Migraciones, con el objeto de agilizar los procesos internos de la materia.
Entre otros datos que maneja la PDI, es que durante 2024 se materializaron 14 órdenes de expulsión del país, mientras que durante este 2025, ya han retirado del territorio nacional a dos personas.
