La controversia por la pasarela que unía a las poblaciones Irene Frei y Javiera Carrera, en Chillán, ha derivado en algo más profundo que un simple desacuerdo vecinal: pone en evidencia una preocupante fragilidad en la toma de decisiones públicas. En cuestión de meses, el municipio pasó de retirar la estructura —respaldado por una consulta ciudadana y acuerdos de concejo— a evaluar su eventual reposición, nuevamente empujado por presiones de otro grupo de vecinos. Este vaivén no solo desconcierta, sino que erosiona la confianza en la institucionalidad.
¿Qué grado de representatividad tuvo la encuesta aplicada para justificar una medida de tal impacto? Si hoy se considera revertir la decisión, ¿fue realmente concluyente ese proceso participativo? ¿Se escuchó de manera equilibrada a ambos sectores involucrados? La autoridad comunal no puede quedar atrapada en una lógica pendular, donde cada movilización o presión circunstancial redefine decisiones que debieran sostenerse en criterios técnicos, participación robusta y visión de largo plazo.
La situación actual, con vecinos transitando por vigas de madera tras el retiro de la pasarela, evidencia una preocupante falta de prolijidad. Si se toma una determinación de esta naturaleza, debe ejecutarse de manera completa y segura. Lo contrario no solo refleja descoordinación, sino que expone a la comunidad a riesgos evidentes, que pudieron y debieron evitarse.
El problema es que reducir este debate a la existencia o no de una pasarela es, en esencia, equivocar el foco. El problema de fondo no es la infraestructura, sino la seguridad. Fue precisamente la percepción —y en algunos casos, la experiencia concreta— de incivilidades, consumo de drogas y delitos en torno a este espacio lo que motivó su retiro. Pero eliminar un punto físico no elimina el fenómeno que lo rodea.
Pensar que la solución pasa por suprimir conectividad es, en el mejor de los casos, una respuesta parcial. La pasarela cumplía una función evidente: facilitar el tránsito entre dos barrios, acortar distancias, integrar. Su ausencia no solo fragmenta el territorio, sino que obliga a soluciones informales y peligrosas, como las que hoy se observan.
La discusión de fondo debe centrarse en cómo garantizar seguridad efectiva y sostenida en estos sectores. Patrullajes permanentes, presencia policial visible, iluminación adecuada, cámaras de vigilancia y programas de prevención del delito son herramientas mucho más eficaces que la eliminación de infraestructura. La ciudad no puede construirse a partir de la renuncia a sus espacios, sino desde su recuperación.
La eventual reposición de la pasarela debiera ir acompañada de un plan integral de seguridad que dé garantías a ambos sectores. Persistir en soluciones aisladas, sin abordar las causas, solo perpetuará el conflicto.
Chillán no necesita decisiones erráticas ni respuestas reactivas. Requiere conducción, coherencia y una mirada estratégica. El verdadero desafío no es decidir sobre un puente, sino construir barrios seguros, conectados y dignos para todos sus habitantes.
