País en la encrucijada: cómo se plantean el futuro social, económico y político en los programas de Jeannette Jara y José Antonio Kast
Chile llega a una nueva segunda vuelta de elección presidencial con un escenario profundamente polarizado.
Por un lado, Jeannette Jara representa al bloque oficialista de centro izquierda, una exministra comunista que promete consolidar y expandir políticas sociales, priorizando el papel del Estado como garante de derechos y bienestar. Por el otro, José Antonio Kast (Partido Republicano ) encarna una alternativa conservadora y alejada de la derecha tradicional, con una agenda centrada en seguridad, liberalización económica, mercado y mano dura frente al crimen.
Sus programas, disponibles en la plataforma oficial del Servicio Electoral (Servel), dibujan dos caminos radicalmente distintos. Comparamos sus propuestas en áreas clave, destacando sus diferencias de fondo, sus omisiones, y lo que eso podría significar para el país.
Seguridad y orden público
Jeannette Jara propone un enfoque que combina control, regulación y prevención. Su plan incluye la fiscalización del armamento, uso de tecnologías -como drones, vigilancia e inteligencia artificial-, el fortalecimiento de la seguridad municipal y una regulación migratoria con empadronamiento.
José Antonio Kast, por su parte, apuesta por su “Plan Implacable”: cárceles de máxima seguridad, penas más duras, eliminación de beneficios penitenciarios, mayor presencia policial y militar, y control estricto de fronteras y migraciones.
El contraste muestra dos paradigmas: uno preventivo-regulatorio (Jara), otro punitivo y represivo (Kast). Ambos plantean combatir la delincuencia, pero divergen profundamente en métodos, filosofía de seguridad, y en las implicancias para derechos ciudadanos.
Queda en duda -en ambos casos- el financiamiento real y la compatibilidad de estas medidas con garantías fundamentales y libertades.
Salud pública y acceso sanitario
Jara propone reducir las listas de espera, acelerar los tiempos de consultas y exámenes, reforzar la salud pública, con especial atención a la calidad y oportunidad de atención.
Kast, en tanto, sugiere una estrategia mixta: alianzas público-privadas, convenios privados con el sistema público, y al mismo tiempo, un refuerzo de la red pública en áreas como odontología, oncología, salud mental, geriatría, además del fortalecimiento de centros de salud primaria y postas rurales.
Ambas candidaturas reconocen la crisis de los servicios sanitarios. La diferencia clave está en la prioridad: Jara confía en un rol estatal reforzado; Kast recurre a la colaboración público-privada. No obstante, persiste la incertidumbre respecto de cómo garantizar cobertura rural, calidad uniforme y acceso universal.
Educación y equidad en la formación
El programa de Jara apuesta por un rol activo del Estado en la provisión educativa, con oferta pública reforzada y modelos mixtos cuando sea necesario. Esto sugiere un compromiso con la equidad, calidad y acceso educativo.
Kast, por su parte, favorece alianzas público-privadas, lo que implica un menor protagonismo estatal en la educación.
Sin embargo -y este es un punto clave -, ninguno de los dos programas recientes parece priorizar explícitamente la gratuidad universal en la educación superior o garantizar un acceso equitativo, lo que deja en interrogante su compromiso con la equidad real en educación.
Derechos sociales, cuidado, género y diversidad
Jara visibiliza la autonomía de las mujeres, los derechos reproductivos y reconoce el cuidado como parte esencial de las políticas sociales. La candidata pone en el centro la dignidad, la igualdad y la corresponsabilidad social.
En cambio, Kast incorpora -según sus documentos públicos- una mirada más asistencial: su enfoque hacia mujeres, violencia, embarazo vulnerable o discapacidad tiene un carácter reactivo. Su campaña evita deliberadamente debates valóricos sobre derechos reproductivos, diversidad o inclusión sexual, priorizando la seguridad, la economía y la estabilidad.
El choque es ideológico: derechos como titularidad versus derechos como asistencia. Para las personas que buscan cambios en igualdad de género, diversidad, protección social y derechos reproductivos, las diferencias son profundas. Pero la falta de concreción -especialmente en políticas sobre aborto, educación sexual integral, diversidad, corresponsabilidad del cuidado- deja muchas zonas grises, dependientes de interpretaciones y decisiones futuras.
Medio ambiente, energía, recursos naturales y desarrollo sostenible
El programa de Jara apuesta a un papel activo del Estado en regulación ambiental, inversión sostenible en energía -incluyendo energías limpias- y control sobre recursos estratégicos, como la minería del litio, buscando un desarrollo equilibrado.
Kast prioriza la liberalización económica: agilización de permisos, inversión privada en energía, minería e infraestructura, con menor regulación estatal. Su enfoque apunta a dinamizar la economía rápidamente, aunque eso puede tensionar con la protección ambiental.
Ninguno de los dos presenta -al menos públicamente- un plan robusto sobre biodiversidad, protección animal, gestión de residuos, o políticas integrales de cambio climático. Es un vacío relevante en un contexto global que exige urgencia ecológica. Las elecciones definirán si Chile opta por un desarrollo más regulado o por la explotación acelerada de sus recursos.
Ruralidad, descentralización, agricultura y desarrollo regional
Jara propone un Estado articulador de inversiones públicas y privadas, con apoyo a pymes, cooperativas y proyectos estratégicos fuera de los centros urbanos.
Kast menciona impulsar la agroalimentación, turismo, minería, construcción y energía, simplificando permisos y reactivando inversiones, lo que a su juicio podría beneficiar a zonas rurales o agrícolas, siempre que haya rentabilidad.
No obstante, en ninguno de los programas hay un plan detallado para infraestructura rural, vivienda digna en zonas aisladas, equidad territorial real o políticas de desarrollo rural inclusivo. La descentralización aparece como un propósito general, pero sin estrategias concretas. Eso podría dejar en el aire la esperanza de quienes viven fuera de los grandes centros urbanos.
Economía, empleo, visión del Estado
El proyecto de Jara plantea un Estado fuerte: regulador, articulador, incluso inversionista directo en sectores estratégicos (como minería, energía, infraestructura), junto con apoyo a pymes y cooperativas, regulación del mercado, y políticas sociales integradas.
Kast defiende un Estado subsidiario, con mínima intervención, incentivos a la inversión privada, reducción de regulaciones, apertura de mercados, alianzas público-privadas y una economía orientada al mercado libre.
En síntesis: dos modelos de desarrollo completamente distintos. Uno orientado a la equidad, la justicia social y la intervención estatal, el otro a la eficiencia del mercado, expansión privada, y competitividad. Cada opción tiene sus riesgos y posibilidades: Jara necesitaría capacidad estatal y recursos; Kast podría generar crecimiento, pero con riesgo de inequidades si no hay políticas redistributivas.
Seguridad social, pensiones, protección generacional
Jara ha anunciado medidas sociales como un ingreso vital de 750.000 pesos, restricción del cobro en UF para salud, educación y arriendo, y una política de vivienda accesible para jóvenes. También dará continuidad a los avances de la reforma previsional durante su gestión ministerial.
El programa de Kast, en cambio, no dedica un énfasis claro a un sistema de pensiones garantizadas universales ni propone un modelo de protección social robusta para personas mayores o vulnerables: su agenda prioriza seguridad, economía, salud y liberalización privada.
Política exterior y proyección internacional
Desde su perfil progresista y de Estado social, Jara sugiere una diplomacia basada en soberanía nacional, regulación de recursos estratégicos, defensa de derechos humanos, control estatal de sectores claves como minería y energía, y una inserción internacional más regulada y soberana.
Kast, por el contrario, apuesta a una diplomacia liberal: integración comercial, apertura de mercados, tratados internacionales, impulso a exportaciones, atracción de inversiones, y una inserción internacional orientada a la competitividad.
Son dos visiones opuestas. Mientras Jara busca mayor autonomía del Estado y regulación soberana, Kast promueve la integración al libre mercado global. Esa tensión definirá qué tipo de relación internacional adoptará Chile: soberanía reguladora o apertura liberal.
Vacíos, ambigüedades y lo que no se dice
Es importante reconocer que ninguno de los dos programas ofrece un plan público claro y desarrollado sobre temas como protección animal, biodiversidad, gestión ambiental integral, infraestructura rural real, vivienda rural, equidad territorial, pensión garantizada universal o gratuidad universal real en la educación superior. Los compromisos alcanzan a promesas generales, sin cifras, plazos, recursos ni mecanismos definidos.
En materia de derechos reproductivos, diversidad sexual o cuidado, aunque Jara aporta un enfoque más ambicioso, no hay detalle suficiente: muchas propuestas aparecen como declaraciones de principios, no como políticas con metas, financiamiento ni cronograma. En Kast la ausencia de un marco claro en estos ámbitos es más evidente.
Por tanto, la implementación futura dependerá en gran medida de decisiones legislativas, voluntad política, contexto económico y movilización ciudadana.
Dos trayectorias, una encrucijada social
El programa de Jeannette Jara se perfila como un proyecto de Estado de bienestar: con un rol activo del Estado, políticas sociales, derechos, inclusión, protección y preocupación por equidad territorial. Su visión apuesta por un país con redes de apoyo social, dignidad laboral, acceso universal a servicios esenciales, derechos ciudadanos y regulación del mercado cuando esto garantice justicia y equidad.
El proyecto de José Antonio Kast representa una apuesta por un Estado subsidiario: liberalización económica, mercado, inversión privada, seguridad punitiva, menor intervención estatal, eficiencia competitiva. Su promesa es crecimiento, empleo, seguridad y orden.
Ambos caminos representan visiones antagónicas sobre el rol del Estado, las prioridades del país, las libertades individuales, la justicia social y la forma de convivencia política. Pero también comparten vacíos importantes: protección ambiental real, desarrollo rural inclusivo, equidad territorial, educación superior gratuita y derechos reproductivos plenos.
La elección no solo será un voto por una persona o partido: será una definición de país. Pero, incluso después de las elecciones, la clave estará en la vigilancia ciudadana, la movilización social y la exigencia de que las promesas incluyan plazos, recursos, transparencia y real implementación.
