La presencia de ministros en una región suele medirse en fotografías, puntos de prensa, reuniones y anuncios. Pero también en aquello que ocurre antes y después de cada visita: quiénes son convocados, qué compromisos quedan establecidos, qué proyectos avanzan y cuánto de la agenda se conoce públicamente.
Bajo esa vara, el desembarco del gobierno de José Antonio Kast en Ñuble deja un balance con dos lecturas contrapuestas.
En sus primeros cuatro meses, siete secretarios de Estado han visitado la región, algunos incluso en más de una oportunidad. Vivienda, Secretaría General de Gobierno, Segpres, Obras Públicas, Cultura, Mujer y Agricultura han tenido presencia en el territorio. La cifra es valorada por el oficialismo como una señal de que Ñuble forma parte de la agenda nacional, pero cuestionada desde la oposición por la forma en que varias de esas visitas se han desarrollado: con bajo perfil, agendas conocidas parcialmente y escasa apertura hacia parlamentarios, alcaldes y otros actores locales.
La discusión no apunta, por tanto, únicamente a cuántos ministros han venido. La pregunta que comienza a instalarse es qué tipo de presencia ministerial está construyendo el nuevo gobierno en Ñuble: una administración en terreno, como sostiene el oficialismo, o un despliegue centralizado y poco transparente, como acusa la oposición.
Vivienda dio la partida
La secuencia comenzó el 28 de marzo, cuando el ministro de Vivienda, Iván Poduje, llegó a la región para abordar la reconstrucción tras los incendios y la situación del conjunto habitacional Nuevos Horizontes II, en San Ignacio. Su cartera volvería a tener presencia en Ñuble el 12 de julio, esta vez para intentar destrabar el proyecto habitacional San Bartolomé II, en Chillán Viejo, y buscar una solución definitiva para la crisis sanitaria que afecta al sector El Rosal, en Pinto.
Entre ambas visitas se produjo la primera gira regional de la entonces ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, los días 9 y 10 de abril. Fue una agenda de dos días, con actividades en Chillán, despliegue territorial, punto de prensa y entrevista con La Discusión. En contraste, el 28 de abril, el entonces ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvo una reunión con el gabinete regional, en una visita de carácter más reservado y sin punto de prensa público.
En mayo fue el turno de Martín Arrau, entonces ministro de Obras Públicas, quien permaneció dos días en la región, el 7 y 8, recorriendo obras y proyectos de infraestructura, entre ellos la ruta N-310 La Maravilla, en San Nicolás. Su paso por Ñuble, sin embargo, terminó adquiriendo una dimensión política mayor que la de una agenda sectorial.
Desde la oposición se cuestionó que el exintendente de Ñuble pusiera en duda la continuidad del convenio de programación entre el Gobierno Regional y el MOP y que cerrara la puerta al proyecto de un nuevo aeropuerto regional. El Partido Socialista sostiene que ese rumbo fue posteriormente corregido por el actual titular de la cartera, quien ha retomado una relación de trabajo con el GORE para impulsar la iniciativa.
La agenda continuó el 11 de junio con la visita del ministro de las Culturas, Francisco Undurraga. El secretario de Estado recorrió los terrenos del futuro Museo Regional en Chillán, visitó El Carmen y sostuvo encuentros con artesanos. También concedió una entrevista a La Discusión, al igual que Sedini, Marín y Campos, lo que convierte a este medio en uno de los pocos espacios donde los ministros han expuesto públicamente sus visiones sobre la región y sus prioridades.
En julio se concentró el mayor número de visitas. Los días 4 y 5, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, desarrolló una agenda centrada en empleo femenino, violencia contra las mujeres y Sala Cuna Universal. La visita, sin embargo, terminó generando una controversia política por la forma en que fue organizada.
El cuestionamiento surgió porque, según las críticas de la oposición, la ministra habría desarrollado su agenda parlamentaria regional exclusivamente con una legisladora de su propio partido, sin convocar al resto de los representantes de Ñuble. El episodio fue especialmente sensible porque la cartera tiene materias de alcance transversal y porque la visita se produjo en medio de la discusión de una de las principales reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Días después, el 14 de julio, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, encabezó una agenda sectorial que incluyó el gabinete regional del agro, actividades con Copelec, reuniones sobre seguridad rural y encuentros con dirigentes agrícolas. También.
La disputa por el significado de estar en terreno
El delegado Presidencial regional, Diego Sepúlveda, defiende el despliegue. “Cada visita ministerial ha respondido a objetivos concretos”, plantea, mencionando emergencias, proyectos de inversión, seguridad, infraestructura y materias sectoriales de interés para Ñuble.
Desde su perspectiva, la frecuencia de las visitas demuestra que la región está incorporada en las prioridades del Gobierno. “Mantengo un contacto permanente con el Presidente de la República y cada uno de sus ministros, quienes tienen presente a Ñuble en los objetivos que como gobierno de emergencia nos hemos trazado”, sostiene.
Sepúlveda también rechaza la idea de una falta de coordinación. Explica que las agendas son, por regla general, coordinadas desde el nivel central con el gabinete regional y que la Delegación Presidencial colabora en su articulación y desarrollo. Para el representante del Ejecutivo, la fórmula responde a una lógica de trabajo en terreno y no necesariamente a una estrategia de exposición pública de cada actividad.
La presidenta regional de la UDI, Isabel Troncoso, coincide con esa lectura.
“Nosotros no compartimos esa interpretación de un supuesto hermetismo. Como partido, vemos exactamente lo contrario”, afirma. A su juicio, los ministros se encuentran desplegados en todo el país y trabajando para destrabar problemáticas concretas.
Troncoso asegura que existe comunicación con los parlamentarios oficialistas, ya sea directamente o a través de los seremis y del delegado presidencial. “Lo más importante es que este despliegue se está realizando sin distinción de colores políticos”, plantea, subrayando que la prioridad debe estar en las soluciones y no en las críticas a la organización de las agendas.
Su par de Renovación Nacional, Renán Cabezas, adopta una posición más matizada. Valora que Ñuble haya recibido ocho visitas ministeriales en un período breve, porque, a su juicio, ello demuestra que la región está siendo considerada en la agenda nacional. Pero también reconoce que la difusión y coordinación pueden fortalecerse.
“Siempre es positivo fortalecer la comunicación y la coordinación con las autoridades locales y parlamentarias”, afirma, porque ello contribuye a una mejor gestión y a una mayor confianza ciudadana. Cabezas espera que el despliegue continúe antes del 20 de agosto, especialmente en áreas prioritarias para el desarrollo regional.
El contraste está en la lectura de la oposición. El presidente regional del PS, Juan Parada, califica el balance como negativo y acusa “hermetismo, falta de diálogo y decisiones que incluso amenazaron proyectos estratégicos para Ñuble”.
Su principal cuestionamiento apunta a que algunas autoridades habrían llegado con agendas que se conocieron una vez realizadas las actividades. “Es inaceptable que varias autoridades llegaran con agendas secretas y que parlamentarios, alcaldes y medios de comunicación locales se enteraran por la prensa”, afirma, poniendo como ejemplo la visita de Judith Marín.
Para Parada, el problema no es solo protocolar. La forma de organizar las visitas revelaría, a su juicio, una concepción política del territorio. “Los ministros representan a todos y todas nuestros compatriotas”, plantea, por lo que deberían escuchar a los distintos actores locales.
La crítica del PS también se conecta con la experiencia de Arrau en el MOP. El partido sostiene que su visita dejó incertidumbre sobre proyectos de largo plazo y que el actual ministro debió corregir ese rumbo. En esa perspectiva, la llegada de autoridades nacionales no necesariamente constituye una buena noticia si sus anuncios o definiciones generan más dudas que certezas.
La presidenta regional del Frente Amplio, Francisca Leyton, formula una crítica similar desde otra perspectiva. Considera que las ocho visitas demuestran que Ñuble sigue siendo estratégica, pero advierte que una visita ministerial solo adquiere sentido si se traduce en compromisos concretos, inversión pública y soluciones para las familias.
“Lo que esta región necesita no son recorridos protocolares”, sostiene, enumerando conectividad, infraestructura, salud, seguridad y desarrollo productivo como las áreas en las que el Gobierno debería demostrar resultados.
Leyton también cuestiona la poca información pública sobre algunas agendas. A su juicio, cuando las autoridades llegan sin convocar a los distintos actores institucionales y sociales, se genera una percepción de falta de transparencia que debilita la confianza.
La presidenta regional del FA formula una pregunta que sintetiza la disputa política: “¿El gobierno tiene algo que ocultar?”. Aunque se trata de una interrogante retórica, expresa el principal punto de fricción entre la oposición y el Ejecutivo: si la reserva de algunas agendas responde a una forma de gestión más eficiente o a una decisión de restringir la interlocución política.
De la visita a la gestión: el desafío pendiente
El presidente regional del PPD, Sebastián González, no cuestiona la importancia de que los ministros visiten Ñuble.
“Nuestra región necesita y merece la presencia de sus autoridades”, afirma. Pero advierte que esas visitas no pueden ser meramente simbólicas ni limitarse a reuniones entre cuatro paredes.
Su crítica apunta a la distancia entre despliegue y resultados. “Hasta ahora, lo que hemos visto es mucho despliegue comunicacional, pero poco contenido”, sostiene, cuestionando que fotografías y publicaciones no siempre se traduzcan en soluciones concretas.
El episodio de la ministra de la Mujer concentra buena parte de ese debate. Más allá de la discusión sobre quién fue o no convocado, la controversia dejó instalada la pregunta sobre la relación que el Gobierno busca establecer con los parlamentarios de la región. La exclusión de representantes opositores puede ser defendida como una decisión de agenda, pero políticamente alimenta la percepción de que el Ejecutivo privilegia la interlocución con los propios.
González sostiene que una agenda ministerial en regiones debiera ser capaz de superar las fronteras partidarias. En su opinión, la coordinación entre el Ejecutivo, las autoridades regionales, los municipios y el Congreso fortalece la gestión pública y permite que las decisiones respondan mejor a las necesidades territoriales.
El oficialismo, en cambio, parece apostar a otra lógica. La prioridad es que los ministros lleguen, conozcan los problemas, se reúnan con los actores sectoriales y entreguen respuestas. El delegado presidencial y la UDI defienden una coordinación vertical, articulada desde el nivel central y ejecutada con el gabinete regional.
