La modernización del transporte público de Chillán y Chillán Viejo enfrenta una paradoja que las autoridades no pueden seguir postergando: los buses que ofrecen mejores condiciones a los usuarios podrían convertirse en una experiencia pasajera si su operación no resulta económicamente sostenible.
La incorporación de buses estándar Red fue presentada como un avance en la calidad del servicio. Aire acondicionado, mejores prestaciones y condiciones más cercanas a las exigencias de los sistemas de transporte de las grandes ciudades representan, sin duda, un paso en la dirección correcta. Pero modernizar una flota no consiste únicamente en poner máquinas nuevas en circulación. También implica crear las condiciones para que puedan mantenerse operativas en el tiempo.
El problema expuesto por los empresarios es concreto. Los buses estarían registrando un rendimiento inferior al informado al momento de su adquisición, pasando de los 3,5 kilómetros por litro comprometidos a unos 2,4. En un escenario de combustibles al alza, esa diferencia adquiere una dimensión significativa y puede terminar afectando directamente la continuidad del servicio.
A ello se suma una particularidad de la operación local: la gran cantidad de detenciones durante los recorridos. Si los buses frenan y vuelven a acelerar constantemente para recoger pasajeros en distintos puntos de las calles, el consumo aumenta. Puede ser un factor relevante, pero no debiera convertirse en una explicación suficiente mientras no existan mediciones objetivas que permitan determinar cuánto corresponde a las características de la operación y cuánto a un eventual incumplimiento de las condiciones ofrecidas por los proveedores.
Aquí existe una responsabilidad que trasciende a los empresarios. Si el Estado promueve la modernización del transporte público, no puede desentenderse cuando aparecen las primeras dificultades que amenazan su sostenibilidad. Pero tampoco corresponde que cualquier sobrecosto sea trasladado automáticamente a las arcas públicas. Antes de hablar de un subsidio operacional permanente, se requiere información, estudios de consumo, fiscalización y transparencia respecto de los contratos y sus condiciones técnicas.
La discusión, además, debe considerar al usuario. El transporte colectivo no puede mejorar su calidad a costa de poner en riesgo la frecuencia de los recorridos o provocar que máquinas nuevas queden fuera de circulación porque sus costos superan los ingresos. Tampoco sería razonable retroceder hacia una flota de menores estándares simplemente porque modernizarla resulta más caro.
El Gobierno y los operadores tienen, por tanto, que sentarse a buscar una solución. Si se determina que existe una brecha estructural entre los costos reales de operación y los ingresos del sistema, deberá evaluarse un mecanismo de apoyo. Pero ese eventual subsidio debe estar condicionado a resultados verificables y a compromisos concretos de calidad.
Chillán no puede darse el lujo de que la modernización del transporte termine siendo solo una fotografía. Los buses estándar Red deben representar el comienzo de una transformación, no un experimento de corta duración.
