La protección de los datos personales, las medidas para contener el precio de los combustibles y la ampliación del derecho a sala cuna concentraron gran parte de la actividad legislativa de la Cámara de Diputadas y Diputados durante la recién pasada semana de noviembre.
Tres iniciativas de distinto alcance fueron abordadas por la Sala, con avances que tendrán efectos tanto en el funcionamiento de las instituciones como en la vida cotidiana de las personas y las empresas.
Dos de los proyectos completaron su tramitación en el Congreso Nacional y quedaron en condiciones de pasar a promulgación, mientras que una tercera propuesta, que busca extender el derecho a sala cuna y modificar su financiamiento, continuó avanzando en el proceso legislativo.
Uno de los cambios con mayor proyección institucional corresponde a la modificación de la Ley 21.719, sobre protección y tratamiento de datos personales, cuya entrada en vigencia se aplazó desde diciembre de 2026 hasta el 15 de octubre de 2027.
La decisión apunta a dar más tiempo a organismos públicos y empresas para adecuarse a las nuevas exigencias, pero también responde a la necesidad de completar la instalación de la Agencia de Protección de Datos Personales, entidad que tendrá a su cargo fiscalizar el cumplimiento de la normativa.
El proyecto introduce, además, modificaciones a la composición de su Consejo Directivo. En lugar de tres integrantes, estará conformado por cinco, quienes ejercerán por seis años, sin posibilidad de ser designados para un nuevo período. Su renovación será parcial cada dos años.
La primera designación tendrá un procedimiento especial: el Presidente de la República deberá proponer a los cinco integrantes en un solo acto y necesitará el respaldo de dos tercios del Senado. En caso de rechazo, tendrá un plazo de 15 días para presentar una nueva propuesta.
La legislación original incorpora cambios relevantes en materia de vida privada, acceso a la información pública y derechos de las personas consumidoras, por lo que su implementación representa uno de los ajustes regulatorios de mayor alcance en los próximos meses.
Contención de alzas del combustible
Otro de los proyectos que completó su recorrido parlamentario apunta directamente al bolsillo: la iniciativa que establece mecanismos para contener las alzas de los combustibles y aliviar los costos de las empresas de transporte de carga.
La propuesta, que recibió el respaldo del Senado en los mismos términos aprobados por la Cámara, quedó en condiciones de pasar a promulgación. Su principal medida establece un límite a los precios de las gasolinas y el diésel hasta el 7 de abril de 2027, tomando como referencia los valores vigentes al 5 de noviembre de 2026.
En el caso de las gasolinas automotrices, la suma del precio base y el componente variable del impuesto específico no podrá superar el nivel registrado en esa fecha. Para el diésel, en tanto, el techo será ese mismo valor, pero con una rebaja de $100 por litro.
El marco legal también contempla una nueva escala de recuperación del impuesto específico para las empresas de transporte de carga propietarias o arrendatarias con opción de compra de camiones. A ello se suma la ampliación del reintegro parcial de peajes en vías concesionadas para vehículos pesados y un crédito fiscal para empresas de transporte de pasajeros durante 2027.
Las medidas buscan entregar mayor estabilidad a los costos de operación de un sector especialmente expuesto a las variaciones de los combustibles y que cumple un papel relevante en la cadena de abastecimiento.
Sala cuna sin barrera de 20 trabajadoras
En paralelo, la Cámara aprobó el proyecto que equipara el derecho a sala cuna para trabajadoras y trabajadores dependientes, además de incorporar a quienes se desempeñan de manera independiente.
El cambio más significativo es la eliminación del requisito que actualmente obliga a las empresas a disponer de este beneficio solo cuando cuentan con 20 ó más trabajadoras. Con ello, se busca desvincular el acceso a sala cuna del tamaño de la dotación femenina de cada empresa, una condición que durante años ha sido cuestionada por sus efectos en la contratación de mujeres.
La iniciativa crea un fondo solidario de sala cuna, financiado mediante una cotización de 0,3% de cargo de los empleadores, tanto públicos como privados. Este aporte se compensará con una rebaja equivalente en las cotizaciones destinadas al seguro de cesantía, punto que fue cuestionado por la oposición. Los trabajadores independientes, por su parte, deberán enterar el mismo porcentaje sobre sus rentas imponibles.
El fondo financiará el acceso a salas cunas para hijos e hijas menores de dos años. También se establecen reglas para el ejercicio del derecho cuando ambos padres trabajan, se permite mantener establecimientos anexos o conjuntos de manera voluntaria y se incorpora un calendario de implementación gradual de cuatro años.
La propuesta contempla, además, la incorporación progresiva de trabajadores del sector público y de independientes, ampliando el alcance de un beneficio que hasta ahora ha estado condicionado por la situación contractual y las características del empleador.
AC contra ministro de Justicia
La agenda de la Sala también estuvo marcada por la presentación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, a quien un grupo de diez diputados atribuye infracciones a la Constitución y las leyes por la dictación de decretos de rebaja de condenas.
El libelo cuestiona beneficios otorgados a condenados por delitos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, además de personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad.
Tras su presentación, la Cámara sorteó a los integrantes de la comisión encargada de revisar la admisibilidad de la acusación. La instancia quedó conformada por Lorena Fries, Lorena Pizarro, Raúl Soto, Germán Verdugo y el diputado por Ñuble, Carlos Chandía, quienes deberán analizar los antecedentes antes que la Sala adopte una decisión sobre la continuidad del procedimient




