La decisión de Hacienda de abrir una negociación con los gobiernos regionales y retirar de la mesa el recorte de $11 mil millones que amenazaba la inversión de Ñuble para 2027 es una señal positiva. Sin embargo, todavía está lejos de resolver la discusión de fondo: cómo asegurar que una región con importantes necesidades sociales, rezagos en infraestructura y un complejo escenario laboral cuente con los recursos necesarios para impulsar su desarrollo.
El nuevo escenario surgió después de que la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos empatara la votación de la partida correspondiente a los gobiernos regionales. La propuesta inicial contemplaba para Ñuble una disminución nominal de 8,7%, mientras que el entendimiento alcanzado con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abre la posibilidad de aplicar una rebaja cercana al 3%, tomando como referencia el presupuesto base de 2026. Los equipos técnicos tienen plazo hasta el 2 de noviembre para precisar las condiciones de una nueva propuesta.
El cambio demuestra que la discusión parlamentaria, la coordinación entre los gobernadores y la intervención de los representantes regionales pueden modificar decisiones que parecían definidas. También confirma que defender los recursos de Ñuble exige argumentos técnicos, capacidad de negociación y una posición común de sus autoridades.
Pero el objetivo no puede limitarse a conseguir que el recorte sea menor. El gobernador Óscar Crisóstomo ha planteado que la región aspira a un incremento de 1,5%, equivalente al contemplado para el gasto público del Gobierno central. Esa petición resulta razonable si se considera que Ñuble enfrenta una desocupación superior al promedio nacional y necesita mantener la inversión pública como una herramienta para generar empleo, dinamizar las economías locales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Los gobiernos regionales cumplen una función que va más allá de financiar obras. Sus recursos permiten complementar la acción de los ministerios y los municipios, especialmente en comunas donde las necesidades superan la capacidad de respuesta de los presupuestos sectoriales. Una reducción significativa puede traducirse en proyectos postergados, menor actividad para las empresas contratistas y dificultades para sostener compromisos de inversión que requieren continuidad.
Por eso, la negociación debe considerar la realidad de cada territorio y no aplicar ajustes generales sin ponderar sus efectos. Ñuble no tiene las mismas condiciones que regiones con mayor desarrollo económico, infraestructura consolidada o fuentes alternativas de financiamiento. La distribución de los recursos públicos debe atender esas diferencias si se pretende que la descentralización tenga efectos concretos y no sea solamente una declaración de principios.
Al mismo tiempo, la defensa presupuestaria debe ir acompañada de compromisos verificables para mejorar la gestión. Agilizar los procedimientos administrativos, anticipar la apertura del gasto, establecer indicadores transparentes y coordinar oportunamente a los organismos involucrados son medidas necesarias. Pero las evaluaciones deben distinguir entre las demoras atribuibles a los gobiernos regionales y aquellas que dependen de ministerios, servicios públicos o trámites externos. No sería justo penalizar a una región por obstáculos que no está en condiciones de resolver por sí sola.
