Share This Article
El seremi de Educación de Ñuble, profesor César Riquelme Alarcón, abordó el impacto de la violencia escolar en la región y cómo se relaciona con el reciente paro nacional convocado por el Colegio de Profesores de Chile.
Destacó que, desde el retorno a la presencialidad, la convivencia escolar se ha convertido en una preocupación central para el Ministerio de Educación. En 2023, se registraron a nivel nacional 17.500 denuncias ante la Superintendencia de Educación, de las cuales el 72% se relacionan con violencia escolar, evidenciando un aumento del 4,9% en comparación con el año anterior. En la región de Ñuble, se reportaron 395 denuncias, de las cuales 80% correspondieron a casos de violencia escolar.
Para enfrentar esta situación, el Ministerio de Educación presentó un proyecto de ley sobre convivencia escolar y buen trato en las comunidades educativas. Este proyecto, aprobado recientemente en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, busca ampliar los derechos de los trabajadores de la educación e implementar medidas de prevención, denuncia y sanción para los casos de agresiones físicas y psicológicas. Además, establece la obligación para los sostenedores de proporcionar asistencia jurídica a los educadores afectados.
Riquelme subrayó la importancia de la figura del coordinador de convivencia escolar, quien deberá desempeñar sus funciones a jornada completa, en contraste con la actual situación en la que muchos establecimientos cuentan con encargados de convivencia con pocas horas asignadas. El proyecto de ley también fortalece las atribuciones de la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, que ahora contará con un observatorio para intervenir y apoyar a los establecimientos con graves problemas de convivencia.
El seremi de Educación enfatizó que, a pesar del desafío, el gobierno continúa trabajando para mejorar la convivencia escolar y abordar de manera integral las problemáticas existentes. La movilización y paro nacional, que se llevó a cabo recientemente, subraya la necesidad urgente de mejorar las condiciones en los establecimientos educativos y la efectividad de las políticas públicas relacionadas con la convivencia escolar.
