Un nuevo diagnóstico de los derechos de los niños y adolescentes en Chile presenta cifras preocupantes.
Así lo reveló el informe de la Defensoría de la Niñez 2026, que entregó los principales resultados sobre los niveles de incumplimiento tanto a nivel nacional como local.
Tras el monitoreo, el organismo constató que el derecho a vivir en familia en la región de Ñuble se encuentra vulnerado, encabezando los mayores niveles de incumplimiento en el territorio.
Según la información recopilada, Ñuble presentó la segunda tasa más alta del país de niños, niñas y adolescentes (NNA) en cuidado alternativo, con 495 por cada 100.000, siendo superada únicamente por la Región de Los Ríos (600 por cada 100.000).
“Este indicador refleja una alta presencia de medidas de protección que implican la separación del niño, niña o adolescente de su entorno familiar de origen, constituyendo un antecedente relevante para fortalecer las políticas de prevención, protección especializada y apoyo a las familias”, informaron.
En ese contexto, también se expuso un alto porcentaje de cuidado familiar en redes extensas. El 86% de los niños y adolescentes que se encuentran en cuidado alternativo familiar en Ñuble que viven, por ejemplo, con abuelos, tíos u otros familiares.
Desde la Defensoría de la Niñez precisaron que este porcentaje es el más alto destacado en el diagnóstico a nivel nacional, sosteniendo que este antecedente muestra la relevancia que adquieren las redes familiares para garantizar el derecho de niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar, pero también evidencia la necesidad de fortalecer los apoyos que reciben estos cuidadores
El derecho a vivir protegido contra la violencia también está en jaque, siendo la explotación sexual el delito con mayor afectación. De acuerdo a la estadística, en Ñuble, la tasa por delitos de obtención y facilitación subió de 4,4 en 2022 a 74,8 en 2024, y en 2025 llegó a 49,4 por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes, concentrando la segunda tasa más alta en el país después de Magallanes. En delitos asociados a material abusivo, Ñuble pasó de 33,3 en 2022 a 59,6 en 2024, y en 2025 registró 45,8.
“El Diagnóstico 2026 advierte un aumento sostenido de la violencia sexual y de la explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes, reforzando la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y persecución de estos delitos”, enfatizaron a La Discusión.
En este escenario, la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2023 identificó que el 15,5% de NNA se encuentra en situación de trabajo infantil a nivel nacional. En trabajo infantil asociado a ocupación y actividades económicas. Cabe destacar que existen regiones con porcentajes significativamente más altos que el nivel nacional como, por ejemplo, La Araucanía (12,1%), Los Ríos (11,7%) o Ñuble (8,6%).
En justicia juvenil, el Diagnóstico 2026 precisó que las regiones con mayor variación en la tasa de adolescentes ingresados al sistema de responsabilidad penal adolescente entre 2023 y 2025 son Magallanes, Ñuble y La Araucanía.
La región registró 55,6 ingresos al sistema de responsabilidad penal adolescente por cada mil adolescentes, mientras que la cobertura de defensa penal especializada alcanza 99,7%, una de las más altas del país.
Asimismo, según cifras de la Defensoría Penal Pública, el 83% de las y los adolescentes que estuvo sujeto a internación provisoria tuvo finalmente un término no privativo de libertad, pese a haber cumplido la internación provisoria. Las regiones con mayores porcentajes en esta situación son Arica y Parinacota y Ñuble, ambas con 100%, seguida de Antofagasta con 97%.
Ocupación irregular y hacinamiento
La última medición de la Encuesta Casen 2024 demostró que el porcentaje de hogares con menores de edad en situación de tenencia irregular (ocupación irregular, usufructo, entre otras) se mantiene en un 4,2% a nivel nacional. No obstante, se observan aumentos relevantes en algunas regiones respecto a la medición del año 2022, particularmente en Tarapacá, que aumentó de 10,6% a 14,2%; y Atacama, de 9,9% a 12%. Asimismo, otras regiones presentaron incrementos de menor magnitud como el caso de Maule, que pasó de 2,7% a 3,8%; Ñuble, de 2,7% a 3,8%; y Biobío, de 3,0% a 4,5%.
La medición evidenció un aumento en el porcentaje de hogares sin hacinamiento (1,6 puntos porcentuales). No obstante, esta tendencia no es homogénea, observándose situaciones en sentido contrario en ciertos grupos, particularmente en NNA con discapacidad, así como en aquellos que residen en las regiones de Antofagasta, Ñuble y Biobío.
La región de Ñuble es la segunda región con más porcentaje de hogares con menor acceso a agua potable. Según la Encuesta Casen, el 88% accede al agua por esta vía, versus el 94% a nivel nacional. Asimismo, según la Encuesta Casen de 2024 presenta también hogares comparativamente con alta distancia a servicios básicos, por ejemplo, el 26% de ellos tiene acceso lejano a un centro de salud.
Si bien a nivel nacional existe un alto conocimiento de los derechos, en Ñuble persisten brechas. La Encuesta de Opinión de Adultos 2025 muestra un aumento en el conocimiento declarado sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, pasando de un 85% a un 89%. No obstante, este porcentaje es menor entre la población extranjera (81%) y en algunas regiones del país, como Arica (62%), Atacama (74%), Maule (77%), Ñuble (67%) y Los Lagos (75%).
El Estudio de Opinión de Niños, Niñas y Adolescentes 2024 evidencia un aumento en el porcentaje de quienes señalan que siempre cuentan con acceso a internet cuando lo necesitan, ya sea en sus establecimientos educacionales o en sus hogares, pasando de un 62% en 2019 a un 67% en 2024. Sin embargo, a nivel regional, destacan cifras más bajas en Arica (59%), Tarapacá (60%) y Ñuble (57%).
Respecto al derecho a ser escuchado, se mantiene el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que está de acuerdo con que no deberían opinar sobre todos los temas (14%), mientras que el desacuerdo disminuye de manera importante, pasando de un 60% en 2019 a un 50% en 2024. A nivel regional, destacan menores niveles de desacuerdo en Antofagasta (45%), Ñuble (44%) y Los Lagos (43%). Por otra parte, se mantiene en 16% el acuerdo con la afirmación de que los niños y niñas más pequeños “no saben dar opiniones”, porcentaje que aumenta a 31% entre adultos de 66 años o más, en población extranjera (31%) y en regiones como Maule (35%) y Ñuble (38%).
En relación al derecho de la salud, es importante destacar que los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Juventud del Instituto Nacional de Juventud (Injuv) muestran que, a nivel nacional, la edad de iniciación sexual se mantiene estable en 2025 en comparación con 2022, con un promedio de 14,5 años. No obstante, esta edad disminuye en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Coquimbo y Ñuble. En el caso de esta última región pasó de 14,2 a 12,7 años.
Mayor asistencia escolar
Respecto a educación, se observa que en 2025 a nivel general se ha recuperado el promedio de asistencia escolar en el país, aproximándose a los niveles prepandemia, con un 87,4%. En términos regionales, Maule y Ñuble destacan por sobre el promedio nacional con un 90,3% promedio de asistencia, mientras que el resto de las regiones se sitúan por sobre el 85% promedio de asistencia.
Los datos de la Superintendencia de Educación correspondientes a 2025 muestran que la Región de Ñuble presenta indicadores cercanos al promedio nacional en materia de denuncias por maltrato a estudiantes, aunque con diferencias relevantes entre los casos en que el maltrato es ejercido por adultos y aquellos que ocurren entre los propios estudiantes.
Familias debilitadas
Desde el Gobierno indicaron que las causas de las vulneraciones tienen un origen multifactorial.
Un factor es el debilitamiento de la red familiar y las condiciones limitadas del territorio.
“Una crisis de los cuidados, marcada por el aumento de hogares monoparentales, la sobrecarga que enfrentan muchos cuidadores, la precariedad económica y el debilitamiento de las redes familiares y comunitarias, factores que incrementan el riesgo de negligencia, descuido y violencia intrafamiliar. Esta realidad se ve acentuada por las condiciones de ruralidad, pobreza y dificultades de acceso a servicios especializados presentes en parte importante del territorio regional”, explicó el seremi de Desarrollo Social y Familia, Alan Ibáñez.
La creciente sociabilización y exposición a entornos digitales, sin medida, ha incidido en la problemática.
“Los entornos virtuales ofrecen oportunidades, pero también nuevos riesgos asociados al ciberacoso, la exposición a violencia digital, el contacto con potenciales agresores y problemas vinculados al uso excesivo de plataformas digitales, situaciones que impactan directamente en la salud mental y en la convivencia”, sostuvo.
La brecha en la respuesta intersectorial, especialmente en salud mental, es otro factor gatillante.
“El aumento sostenido de la demanda por atención psicológica y psiquiátrica ha tensionado la capacidad de respuesta del sistema público. Cuando la atención especializada no llega oportunamente, las situaciones de vulneración tienden a cronificarse, afectando la reparación del daño y prolongando la permanencia de niños y adolescentes en los programas de protección especializada”, advirtió.
Organismos deben mejorar respuesta
Las conclusiones del más reciente informe sobre la situación de la niñez en Ñuble encendieron una señal de alerta entre los especialistas. El académico y director del Centro de Estudios de Derecho de la Infancia de la Universidad de Talca, Ruperto Pinochet, sostuvo que, si bien la región presenta avances en algunos ámbitos, persisten importantes brechas que requieren una respuesta integral y sostenida por parte del Estado.
“Estamos ante distintas manifestaciones de una misma realidad. Existen niños, niñas y adolescentes cuyos derechos dependen todavía demasiado del lugar en que viven, de la capacidad de protección de sus familias y del acceso efectivo a servicios públicos. Ñuble tiene fortalezas, especialmente en la participación en el conocimiento que los propios niños tienen de sus derechos. Sin embargo, presenta desafíos muy serios en cuidado alternativo, violencia sexual, trabajo infantil, justicia juvenil y acceso territorial a los servicios básicos. La respuesta debe ser integral, preventiva y sostenida, fortaleciendo a las familias antes de que sea necesario separar a los niños de ellas”, manifestó.
Académico y director del Centro de Estudios de Derecho de la Infancia de la U.Talca, Ruperto Pinochet.
El abogado y doctor en Derecho valoró que los menores permanezcan dentro de su red familiar cuando ello es posible, pero enfatizó que quienes asumen su cuidado requieren un respaldo permanente.
“Esos cuidadores necesitan especialistas, como psicólogos, abogados, asistentes, trabajadores sociales y también ayuda económica. Tercero, los derechos deben hacerse efectivos en el territorio. No basta que los derechos estén reconocidos legalmente. (..) Los abuelos muchas veces son muy cariñosos con sus nietos y están muy dispuestos a ayudar, pero necesitan apoyo. Por ejemplo, un niño viviendo es un gasto mayor y los abuelos son personas mayores que también son vulnerables. Generalmente tienen enfermedades, han bajado sus ingresos en forma dramática, entonces uno no lo puede entregar a un familiar de la familia extensa y dejarlos solos”, advirtió.
Respecto de la violencia sexual infantil, Pinochet llamó a reforzar las estrategias de prevención, especialmente frente a los riesgos asociados a los entornos digitales.
“Fortalecer prevención de explotación sexual, especialmente en entornos digitales (…) Ahora hay proyectos de ley que están trabajando y muchos colegios adoptaron un protocolo en que no los dejan utilizar teléfonos celulares. Pero un niño con un teléfono celular se puede conectar por la calle. (…) Hay software que permite, desde el teléfono de los papás, saber todo el contenido que está viendo el niño, pueden bloquearse páginas peligrosas. Hay cosas prácticas, pero yo creo que lo principal es que tienen que hacer los padres es mantener la comunicación”, enfatizó.
El académico también planteó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos organismos que intervienen en la protección de la infancia.
“Si estamos detectando un problema en la región de Nuble, que es delicado, hay varios organismos especializados que deben mejorar e intervenir en esta materia”, alertó.
Entre las principales medidas propuestas mencionó mejorar la coordinación entre establecimientos educacionales, servicios de salud, municipios, policías, fiscalías y tribunales; ampliar los programas para prevenir el trabajo infantil en sectores rurales; garantizar que los niños que viven en residencias permanezcan cerca de sus comunidades de origen; e incorporar de manera efectiva la opinión de niños y adolescentes en el diseño de las políticas públicas regionales.
Abordaje estatal
En respuesta, desde el Gobierno informaron que están impulsado el Plan Crecer en Familia, que bajo la premisa “para cada niño, una familia”, busca priorizar los cuidados familiares -ya sea en Familias de Acogida extensas o externas-, por sobre el cuidado residencial.
Asimismo se está consolidando la implementación de la Ley N° 21.430 y fortaleciendo el Sistema de Garantías y Protección Integral de la Niñez, además del trabajo preventivo de las Oficinas Locales de la Niñez y la coordinación permanente entre salud, educación, municipios, justicia y protección social.
En paralelo, indicaron que el Servicio de Protección Especializada continúa impulsando el rediseño de sus programas para fortalecer la restitución de derechos, la reparación del daño y el trabajo con las familias, promoviendo intervenciones más oportunas, especializadas y centradas en el interés superior del niño.
En particular, en el caso de Ñuble, el seremi de Desarrollo Social, Alan Ibáñez, detalló que se han priorizado tres líneas de acción.
En primer lugar, el fortalecimiento del cuidado alternativo familiar, potenciando los Programas de Familias de Acogida Especializada (FAE). “Con el objetivo de privilegiar que los niños y niñas crezcan en un entorno familiar antes que en una residencia, siempre que ello sea posible y responda a su interés superior”, destacó.
En segundo lugar, potenciar la respuesta en salud mental, profundizando la articulación con el Servicio de Salud, Chile Crece Más y los dispositivos especializados para reducir tiempos de espera y asegurar continuidad terapéutica a los niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado.
Finalmente, una mayor coordinación con el sistema educativo, particularmente con los Servicios Locales de Educación Pública, para fortalecer la convivencia escolar, prevenir la violencia entre pares, promover la educación integral y desarrollar estrategias de prevención desde los propios establecimientos educacionales.
