La Región de Ñuble quedó lejos de las zonas del país que más recurrieron al trato directo bajo la causal de “emergencia, urgencia o imprevisto” durante 2024, y al mismo tiempo, al interior de sus 21 comunas el comportamiento fue marcadamente desigual.
El informe de fiscalización extraordinaria realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó a nivel nacional 8.731 órdenes de compra por más de $210 mil millones, correspondientes a 325 municipios. Ñuble concentró 259 de esas operaciones, equivalentes al 3% del total nacional, ubicándose en el noveno lugar entre las regiones del país.
El volumen regional es considerablemente menor al observado en Biobío, que encabezó el listado con 1.535 órdenes, seguido por Maule, con 1.389; la Región Metropolitana, con 1.127; y Valparaíso, con 1.111. En todas ellas se registraron durante 2024 situaciones de emergencia vinculadas, entre otros factores, a sistemas frontales e incendios forestales.
Ñuble tampoco estuvo ajena a ese escenario. El informe consigna que la región fue incorporada tanto en una declaración de emergencia preventiva por el sistema frontal como en una posterior declaración de zona de catástrofe.
Pero la cifra regional esconde una realidad bastante más heterogénea.
Chillán Viejo, a la cabeza
La municipalidad que más recursos comprometió mediante esta modalidad fue Chillán Viejo, con $1.058 millones, monto que representa 0,50% del gasto nacional revisado, y que la ubicó en el puesto 40 entre los municipios del país. Le siguió Quillón, con $880,8 millones y 0,42% del gasto nacional, mientras San Carlos alcanzó $490,3 millones.
Chillán, en tanto, aparece bastante más atrás: registró $321,6 millones, equivalentes al 0,15% del gasto nacional, ubicándose en el lugar 89 del ránking de municipios.
La diferencia resulta significativa. Chillán Viejo comprometió más de tres veces los recursos de Chillán bajo esta causal, mientras Quillón también se ubicó entre las primeras 50 municipalidades del país por monto.
Más abajo aparecen Bulnes, con $242,9 millones; Pinto, con $198,1 millones; Ñiquén, con $191 millones; Quirihue, con $131,9 millones; y Coihueco, con $76,3 millones. En el extremo opuesto, San Nicolás registró poco más de $2 millones, Pemuco $1,8 millones y San Ignacio apenas $560 mil.
Hay, además, dos casos que marcan el contraste: San Fabián y El Carmen no registraron compras bajo esta causal durante 2024. El propio informe los incluye entre las municipalidades del país que no presentaron órdenes de compra de trato directo por emergencia, urgencia o imprevisto.
La comparación permite advertir que la declaración de una emergencia regional no determinó por sí misma el comportamiento de los municipios. Mientras algunas comunas recurrieron con intensidad a esta herramienta, otras prácticamente no la utilizaron.
El dato también requiere una segunda lectura. El CPLT advierte que el trato directo es una modalidad excepcional, y que en la muestra de 56 órdenes revisadas, el fundamento de las contrataciones estuvo principalmente asociado a problemas en procesos de licitación, como licitaciones desiertas o inadmisibles, procesos revocados y observaciones o retrasos en la tramitación.
De hecho, solo una parte menor de los casos revisados correspondió directamente a situaciones de emergencia. En el conjunto nacional, 18 casos fueron atribuidos al fracaso de procesos de licitación y otros 16 a licitaciones desiertas o inadmisibles.
Esto adquiere relevancia al mirar las cifras de Ñuble: las 259 órdenes regionales no pueden interpretarse automáticamente como 259 respuestas municipales a catástrofes naturales. La causal también fue utilizada para asegurar continuidad de servicios y resolver contingencias administrativas.
A nivel nacional, además, el 66% del monto fiscalizado se concentró en servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos, mantención de áreas verdes y construcción y mantenimiento. El CPLT también detectó 85 órdenes, por más de $1.577 millones, destinadas a producción de eventos, festivales y celebraciones municipales.
