En medio del debate por la participación de extranjeros en las próximas elecciones presidenciales, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llegó este miércoles a Ñuble para reforzar la agenda de seguridad del Gobierno. El secretario de Estado defendió con fuerza que “el jefe de Estado debe ser elegido por chilenos”, y pidió concentrar los esfuerzos institucionales en enfrentar al crimen organizado.
–Respecto del voto extranjero, ¿Habrá un acuerdo legislativo de aquí a noviembre para zanjar el tema?
–Siempre es bueno trabajar por generar acuerdos pensando en lo que es mejor para el país. Y si hay algo que caracteriza al gobierno del presidente Boric es su voluntad de diálogo para generar buenos acuerdos para Chile. Eso permitió sacar adelante la reforma de pensiones, aprobar el royalty minero, reducir la jornada laboral a 40 horas, aprobar el proyecto de cumplimiento tributario, etc. Y en ese contexto, hemos sido enfáticos respecto que es necesario debatir finalmente dónde está radicada la soberanía del país para elegir a las máximas autoridades. Y lo he dicho con toda claridad: los chilenos que viven en Perú pueden elegir alcalde, pero no Presidente de la República. En Colombia lo mismo. En Venezuela también. Y ésas son las tres comunidades chilenas más grandes fuera del país. Sin embargo, sus residentes en Chile sí eligen al Presidente. En otros países del mundo se aplica el criterio de la reciprocidad: si se reconoce el derecho a voto al extranjero, es porque ese país reconoce el voto a los nacionales. Lo que llama la atención es que se pretenda que el Jefe de Estado sea decidido por quienes no forman parte de la comunidad política chilena. Porque con residencia temporal, ni siquiera definitiva, un extranjero puede estar eligiendo al Jefe de Estado. No hay ningún país del mundo que tenga una normativa de esta naturaleza, menos aún con inscripción automática y obligatoriedad, como está consagrado en nuestra Constitución. Esperamos que haya un acuerdo, porque a nuestro entender, al Jefe de Estado lo tienen que elegir los chilenos. Por eso planteamos una indicación –que no fue acogida– para que los extranjeros pudieran participar en elecciones locales. Pero no en la Presidencial.
–¿Cómo se compatibiliza el proyecto sobre reforma al sistema político presentado recientemente por el Gobierno con la iniciativa que ya está en el Congreso?
–Van por vía paralela. Uno corresponde a una moción parlamentaria y el otro a un mensaje presidencial. Abordan temas distintos. Nosotros estamos concentrados en que se apruebe el mensaje del Presidente Boric, que regula los requisitos para constituir partidos políticos, da una regulación legal a los comités parlamentarios –que hoy no tienen– y elimina incentivos perversos respecto del financiamiento político, que a veces lleva a formar partidos solo para recibir recursos. Esta normativa aplicará en futuros mandatos, sin modificar las reglas del juego actuales.
-Si un ministro o ministra apareciera demasiado involucrado(a) en la campaña presidencial de Jeannette Jara, ¿Debiera renunciar?
–Hay que distinguir. Quien participa activamente en una campaña, debe dedicarse a eso. Pero si como ministro me preguntan por un debate y tengo coincidencia o diferencia con la oposición, lo puedo decir. Eso no vulnera la prescindencia electoral. La democracia necesita libertad de expresión.
–En Ñuble, los indicadores de delitos han bajado, pero no así la sensación de inseguridad. ¿A qué lo atribuye?
–Aquí hay que distinguir entre la sensación de inseguridad y los indicadores objetivos. En Ñuble ha habido una baja en los delitos más graves, incluso en los homicidios. Pero eso no significa que debamos bajar los brazos. Al contrario, hay que seguir fortaleciendo las capacidades de las instituciones. Este gobierno ha hecho la mayor inversión en seguridad en años. En el mandato anterior el presupuesto de seguridad creció menos de 1%. En tres años del Presidente Boric, ha aumentado más del 15%. Además, llevamos más de 70 leyes de seguridad aprobadas, incluyendo técnicas especiales de investigación para el crimen organizado. Vamos a seguir trabajando para mejorar tanto los indicadores como la percepción de seguridad.
–¿Qué se está haciendo específicamente para mejorar la percepción?
–Primero, mejorar los indicadores reales. Eso tiene efectos en el mediano plazo. En segundo lugar, renovar las capacidades institucionales. Por ejemplo, se ha renovado buena parte de la flota vehicular de Carabineros y la PDI, se ha incorporado tecnología de punta en investigaciones, y se ha fortalecido la persecución penal. La población penal pasó de menos de 40.000 a más de 60.000 personas en tres años, lo que indica un esfuerzo sostenido por combatir el delito grave.
