Ministerio de Seguridad Pública

No pasa día sin que la delincuencia se cobre en alguna localidad de la región una nueva víctima. Se trata, a veces, de un delito resonante, en otros casos de algún asalto o arrebato ocasional, fruto de un encadenamiento de hechos más o menos casuales. Por supuesto, la delincuencia no es nunca hija del azar. Es siempre el producto de una correlación de omisiones, negligencias y fracasos de gobiernos, políticos y del propio cuerpo social.

Es lo que plantean los expertos ante la amplia y persistente sensación de inseguridad que se ha apoderado de la ciudadanía, justificada en el incremento de algunos delitos, especialmente los más violentos.

En el reciente debate sobre el incremento de la delincuencia en el país, a menudo se ha caído en la tentación de atribuir el auge de la delincuencia a una única razón desencadenante y se incurre en simplificaciones o reduccionismos analíticos que no ayudan a examinar el tema con la seriedad necesaria. Se alude, por ejemplo, a la incidencia del tráfico de drogas, a los inmigrantes y a los desequilibrios sociales como causas generadoras de un aumento de la delincuencia, o se atribuye el crecimiento de la inseguridad a la ineficacia de las fuerzas policiales, a la excesiva levedad del Poder Judicial y errores en la legislación penal vigente. También se señalan como datos inquietantes ciertos componentes de narcocultura en sectores juveniles.

Está claro que todos esos factores son reales y necesariamente deben ser considerados, pero ninguno de ellos podría ser señalado como único o excluyente a la hora de formular un diagnóstico creíble sobre la realidad imperante en materia de delincuencia e inseguridad.

Pero no es menos cierto que el grueso de la sociedad chilena infiere –y con mucha razón- que la efectiva acción policial, provista de recursos eficaces, es una de las barreras más apropiadas para contener la criminalidad. Por eso, la reciente aprobación de la ley que establece el Ministerio de Seguridad Pública marca un hito relevante en la construcción de una institucionalidad orientada a combatir el delito. 

Sugerir que la reflexión sobre el problema de la seguridad ciudadana se realice desde una perspectiva integral puede no ser muy novedoso, difícil incluso de asimilar para quienes reclaman solo un mayor uso de coacción a fin de reprimir el crimen, pero la realidad social no será nunca modificada en función de un análisis simplificado y esquemático la compleja interrelación de conductas humanas y condiciones sociales y territoriales.

Por lo mismo, cuesta entender que una ley que reconoce que la seguridad pública es una función que debe enfocarse en el manejo de conocimiento de las realidades locales y el análisis territorial, amplifique el control del nivel central, en desmedro de instituciones descentralizadas, como los municipios y gobiernos regionales. 

Una política transformadora en materia de seguridad ciudadana solo será eficiente y duradera si ha sido instrumentada a partir de un análisis maduro y no unilateral y centralista del fenómeno de la delincuencia y de sus múltiples causas culturales y socio-territoriales.

Abordar una problemática compleja y altamente sensible para la ciudadanía requiere esfuerzos conjuntos, pero por sobre todo coordinados entre distintos niveles de gobierno e instituciones especializadas, cada uno en su rol, pero esto no se produce por demanda espontánea, o excluyendo instituciones descentralizadas, esto se incentiva o se establece como norma.

Ojalá se pueda corregir antes, pues ya sucedió con las leyes 21.073 y 21.074, en las cuales, después de reconocer un vacío, se impulsó una ley corta (21.396) para corregir los vacíos que había dejado la anterior ley.

En resumen, salvo excepciones, no se nos ofrece mucho más que respuestas intuitivas de dudosos resultados frente a un problema serio y multidimensional.

En este escenario, la aprobación de esta ley es un avance. El texto reconoce la necesidad de especialización en seguridad pública, haciéndose cargo de que se trata de una función que debe enfocarse en el manejo de conocimiento técnico, el análisis territorial, la generación de datos, el uso de evidencia y la evaluación constante. Además de eso, se hace cargo de la complejidad del fenómeno delictual, por lo que dispone de múltiples atribuciones de trabajo conjunto con otras instituciones.

El nuevo ministerio está siendo objeto también de un legítimo escepticismo. ¿Otro ministerio?, ¿más burocracia?, ¿crecimiento del empleo público? Es natural y sano que, frente al crecimiento del Estado nos preguntemos por la eficacia y optimización de las funciones ya existentes. Si en pocos días han surgido propuestas de eliminación o fusión de ministerios, es porque sabemos que, cuando el Estado crece, es difícil retroceder y no ser responsables con el gasto público se paga caro, especialmente por los sectores vulnerables.

Sin embargo, si el nuevo Ministerio de Seguridad Pública logra materializar los principios que lo inspiran y avanza hacia políticas de seguridad basadas en evidencia con una perspectiva de Estado, tendremos una oportunidad de ver resultados en el control del delito, porque podremos orientar el gasto a aquello que funciona, evaluar sus efectos de manera consistente y mejorar las estrategias en todas las dimensiones que abarca este fenómeno