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El impacto del caso Hermosilla sobre el sistema judicial chileno y su consideración en la opinión pública están causando más daño del esperado, tras instalar la sospecha fundada de una injerencia indebida de abogados y operadores en las designaciones de autoridades del Poder Judicial y de la Fiscalía.
Según la última encuesta Cadem, apenas el 10% de los encuestados tiene una evaluación positiva del Poder Judicial, mientras que un abrumador 77% considera que no garantiza la igualdad ante la ley. La situación se agrava al observar que todos los atributos del sistema de justicia en Chile son valorados negativamente. La confianza en tribunales alcanza solo un 18%, mientras que apenas un 24% considera que sus procedimientos son claros y transparentes.
Por otra parte, la última versión de la encuesta OCDE sobre Factores de Confianza en Instituciones Públicas muestra que mientras entre los países de la organización, en promedio, el 54% de la población tiene una alta o moderada confianza en la Justicia, en Chile ese porcentaje no supera el 25%. Estos 29 puntos de diferencia son la mayor brecha en todo el informe y equipara a este poder del Estado con instituciones altamente desprestigiadas, como los partidos políticos y el Congreso. Precisamente, de este último proviene la idea de crear un observatorio que fiscalice el desempeño de los jueces chilenos y las causas que estos llevan.
En efecto, parlamentarios de diferentes bancadas, apelando a esta crisis de confianza en la opinión pública, igual que a su importancia para la estabilidad democrática, han propuesto no solo cambiar el sistema de nombramientos para que sea genuinamente meritocrático, sino también establecer un monitoreo permanente que permita identificar los criterios con que fallan jueces y juezas, de tal manera que haya un control social sobre la judicatura. Es precisamente en esa pretensión de establecer un control social sobre el trabajo judicial donde radica el gran problema de esta iniciativa, pues por más bien que suene el discurso de la transparencia y las buenas intenciones que hayan detrás, este factor atenta contra un principio básico de las democracias occidentales: la separación de poderes que supone la existencia de un Poder Judicial independiente, libre de toda presión al momento de impartir justicia, para que así, cuando se dicte una sentencia, se vierta en ella sólo la voluntad ciudadana plasmada por el Congreso en las leyes, tal como lo ordena el principio fundante de la democracia representativa.
Las revelaciones del Caso Hermosilla, sin duda, ameritan revisar el sistema de designaciones de la magistratura, pero conviene igualmente recordar que la misión de los jueces no es cosechar la aprobación de la opinión pública, sino la aplicación de la ley de manera imparcial.
Existen otros mecanismos contemplados en la Constitución para evaluar su proceder.
Así como es indispensable -para recobrar la confianza de la ciudadanía- que la Justicia actúe con honestidad, equidad y razón en todas las causas, incluyendo aquellas que conmueven a la sociedad entera, también resulta esencial que evite las interferencias de otros poderes del Estado, como de la opinión pública, que puedan poner en duda su necesaria independencia. En definitiva, lo que importa es contar con juezas y jueces probos.
