El debate sobre las patentes de alcoholes en Chillán trasciende el ámbito administrativo y se instala de lleno en una discusión sobre el modelo de ciudad que se quiere construir. No se trata únicamente de contabilizar permisos o de cumplir una cuota establecida por la legislación. La verdadera pregunta es si las decisiones municipales están contribuyendo a fortalecer la seguridad, la convivencia y la calidad de vida de los barrios.
Los datos son elocuentes. La comuna mantiene 429 patentes limitadas para la venta de bebidas alcohólicas, cuando la Ley de Alcoholes fija un máximo de 340. Aunque el excedente de 89 permisos sigue siendo significativo, también es justo reconocer que la brecha ha disminuido. En los últimos años se han eliminado 65 autorizaciones, reduciendo un exceso que llegó a alcanzar las 154 patentes. Es una señal de que el municipio ha avanzado en corregir una situación heredada, aunque el objetivo aún está lejos de cumplirse.
La discusión, sin embargo, no debe reducirse a una carrera por alcanzar el número legal. Incluso si mañana Chillán llegara exactamente al límite permitido, ello no significaría que sea conveniente seguir autorizando nuevos locales. La ley establece un máximo, no una obligación. Esa diferencia resulta fundamental.
En ese sentido, la postura manifestada por concejales que privilegian la seguridad pública por sobre el crecimiento indiscriminado de establecimientos dedicados principalmente a la venta de alcohol parece razonable. El consumo abusivo de bebidas alcohólicas está presente en numerosos hechos de violencia, accidentes, desórdenes e incivilidades que afectan la tranquilidad de los vecinos. Ignorar esa realidad sería actuar de espaldas a una preocupación permanente de la ciudadanía.
No obstante, tampoco corresponde demonizar toda actividad económica vinculada al rubro. Existe una diferencia evidente entre una botillería cuyo giro principal es la venta de alcohol y un restaurante donde las bebidas forman parte de una oferta gastronómica que genera empleo, dinamiza el turismo y aporta al desarrollo urbano. Evaluar ambos casos bajo el mismo criterio sería desconocer realidades distintas.
Igualmente atendible resulta la propuesta de revisar aquellas patentes que permanecen vigentes sin ser utilizadas. Mantener permisos inactivos no solo distorsiona las estadísticas, sino que además restringe la posibilidad de ordenar de mejor manera el sistema. Si una autorización no cumple el propósito para el cual fue otorgada, corresponde analizar su caducidad conforme a la normativa vigente.
Cada seis meses el Concejo Municipal tiene la responsabilidad de renovar o rechazar estas patentes considerando informes de Carabineros y de las juntas de vecinos. Esa instancia debe transformarse en un verdadero filtro de interés público y no en un mero trámite administrativo. Las decisiones deben sustentarse en antecedentes técnicos, en el comportamiento de los establecimientos y en la realidad de cada sector.
Chillán enfrenta el desafío de compatibilizar el desarrollo comercial con la seguridad de sus habitantes. La reducción del número de patentes demuestra que es posible avanzar cuando existe voluntad política. El siguiente paso debe ser consolidar una política transparente, rigurosa y coherente, donde cada autorización responda al bienestar colectivo y no únicamente a intereses particulares. Porque una ciudad más segura también se construye con decisiones responsables.
