Señor Director:
En un contexto de inestabilidad en el sistema de salud privada a raíz de la crisis de las isapres y expectantes ante la necesaria reforma de la salud en Chile, más de un 70% de la población está adscrita al ente público, es decir, al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Por arrastre, estos usuarios también muestran preocupación sobre cómo será nuestra salud en un futuro cercano.
Pero, al margen de los cambios, es válido preguntarse: ¿Los beneficiarios de Fonasa cuánto saben de sus garantías? Para responder a esta pregunta debemos saber si existen políticas reales de acercamiento a la salud en la población, tanto urbana como rural.
El Estado es un ente garante de salud en varios ámbitos, por ejemplo, resguardando la salud urgente, de la mujer y de algunas patologías más prevalentes y otras poco frecuentes. Entonces, ¿estarán nuestros ciudadanos utilizando correctamente los beneficios en salud? ¿conocerán realmente cuándo los pueden ocupar? ¿Existirán políticas públicas de socialización de este tema en nuestros ciudadanos geográficamente más alejados? Son dudas no resueltas en nuestro sistema.
El Estado debe otorgar estos beneficios en la salud pública y, en su posición y rol fiscalizador, tiene la labor de vigilar que las garantías lleguen a la totalidad de beneficiarios de forma eficaz y eficiente. Así, los profesionales que queremos aportar para mejorar la salud pública de nuestro país, podríamos tener la información y las herramientas suficientes para ayudar a optimizar el acceso. Para cumplir con aquello, debemos contestar las interrogantes planteadas lo más pronto posible.
Christopher Sánchez Moya Académico Facultad de Ciencias de la Salud USS
