La próxima semana será decisiva para la principal apuesta legislativa del gobierno de José Antonio Kast.
Luego del inesperado aplazamiento de la votación del informe de la comisión mixta, la megarreforma volverá a la Sala del Senado con un escenario muy distinto al que proyectaba La Moneda, obligada ahora a desplegar una intensa ronda de negociaciones para asegurar los 26 votos necesarios.
El proyecto no pudo despacharse la semana pasada porque el Ejecutivo descubrió, ya iniciada la sesión, que no contaba con los respaldos comprometidos. La ausencia de algunos senadores y las dudas de otros llevaron a retirar la urgencia y postergar la votación, evitando una derrota que habría golpeado el principal proyecto económico del Gobierno.
Desde entonces, ministros de Interior, Hacienda y Segpres encabezan un verdadero “pirquineo” de votos, conversando caso a caso con parlamentarios oficialistas e independientes. El propio biministro, Claudio Alvarado, buscó transmitir tranquilidad al afirmar que la reforma “está aprobada” y que solo resta concluir el trámite el próximo 4 de agosto, haciendo uso de las facultades reglamentarias del Senado.
Condiciones y cuentas pendientes
Uno de los principales focos está en el senador UDI por Ñuble, Gustavo Sanhueza, quien mantiene su exigencia de incorporar medidas que permitan enfrentar la deuda previsional que arrastran numerosos municipios con sus trabajadores, estimada en más de $500 mil millones. El parlamentario insiste en que no corresponde aprobar nuevas compensaciones municipales sin mecanismos que aseguren una administración responsable de esos recursos.
A ello se suman otras exigencias, como la del senador Matías Walker, quien busca un veto aditivo para financiar la reconstrucción de Coquimbo, configurando una negociación voto a voto que evidencia la falta de disciplina incluso dentro del oficialismo.
En la oposición también persisten matices. La senadora por Ñuble, Loreto Carvajal (PPD), defendió los acuerdos legislativos, recordando las críticas que recibió cuando respaldó la invariabilidad tributaria negociada con el Gobierno, fórmula que finalmente no prosperó. “Menos política del descalificativo, más acuerdos para Chile”, sostuvo, reivindicando el diálogo pese al fracaso de ese entendimiento.
Con el calendario ya sin margen para nuevos tropiezos, el Ejecutivo llegará a la sesión del 4 de agosto con la presión de demostrar que aprendió la lección: antes de celebrar una victoria, deberá asegurarse de contar correctamente los votos.
