Señor Director:
Justificar el golpe de Estado y las muertes ocurridas en los primeros años de la dictadura (según datos del Museo de la Memoria, 16 personas eran asesinadas o desaparecidas diariamente en 1973) no solo constituye una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias, sino que, desde una perspectiva ética, representa una relativización inaceptable de los derechos humanos. Que una candidata presidencial considere que este discurso es socialmente válido revela una preocupante erosión del compromiso moral de un sector de nuestra sociedad con la democracia y la dignidad humana. Un año electoral no puede justificar el quiebre de mínimos civilizatorios, especialmente cuando la historia reciente nos recuerda el costo humano de ignorarlos.
Álvaro Muñoz Ferrer
Doctor en Filosofía
